El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió al pedido de intervención que debe ser analizado por el Poder Legislativo. La Contraloría General de la República denunció indicios de hechos punibles en las municipalidades de Ciudad del Este y de Asunción y la Cámara Baja debe definir si se realizará o no dicha intervención.

“Estamos teniendo una visión institucional sobre este proceso, existe un pedido de intervención por parte de la Contraloría que ha llegado a la Cámara y a Diputados le toca dirimir sobre esta situación. Nosotros vamos a estar siguiendo el trabajo de estas comisiones especiales y analizando en detalle los documentos, buscando cumplir con esto que es un rol constitucional de la Cámara Baja”, expuso.

En conversación con varios medios de prensa, Latorre recordó que la conformación de una comisión especial para la investigación de lo denunciado por el ente contralor, es un paso más dentro de lo establecido en la normativa para la intervención en las municipalidades y asimismo, indicó que ya se recepcionó el pedido de intervención, el cual les fue derivado del Poder Ejecutivo.

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En sesión extraordinaria, propuesta por la diputada Rocío Abed, la Cámara de Diputados aprobó la conformación de dos comisiones de intervención, para el municipio de Ciudad del Este y de Asunción. Previamente, en la sesión ordinaria, se dio entrada oficial al pedido que había remitido el Poder Ejecutivo para iniciar el proceso de intervención a ambas comunas.

Los líderes de bancadas deberán presentar a sus designados en la reunión de la mesa directiva. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, explicó que las proporciones son de 5 integrantes del Partido Colorado, 3 integrantes del Partido Liberal 1 integrante del tercer espacio.

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El jefe del Departamento de Acción Judicial de la Municipalidad de Asunción, Juan José Armoa, considera que no debe prosperar la intervención solicitada por la Contraloría General de la República para los municipios de la capital y Ciudad del Este.

El pedido carece de legitimación activa para activar el mecanismo de la intervención, dijo.

En el programa “Fuego cruzado” explicó que el Artículo n.º 165 de la Constitución Nacional es claro en su primer párrafo que establece que será el Poder Ejecutivo el encargado de remitir el pedido de intervención a la Cámara de Diputados.

Y es esta Cámara la que debe otorgar el acuerdo para la intervención, previo dictamen de la CGR.

Este artículo está en consonancia con la Ley Orgánica Municipal, donde se establece que el único órgano competente para solicitar la intervención de la comuna es la Junta Municipal.

“Esto atenta contra el Estado de derecho. Aquí fue puenteada la Junta Municipal de Asunción. La Contraloría General, dentro de sus facultades puede solicitar la auditoría, emitir los informes que requiera y eventualmente remitir a los órganos de control y otras cuestiones para la investigación pertinente”, explicó.

Este domingo el intendente esteño lideró una movilización con casi nula convocatoria en Ciudad del Este, a fin de protestar contra el informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR), que revela graves irregularidades en la gestión presupuestaria y administración de bienes en la comuna a su cargo.

La CGR pidió la intervención de las gestiones de Prieto y Óscar “Nenecho” Rodríguez por el mal manejo del dinero público. Sin embargo, el sector opositor rechaza este pedido, al igual que Prieto, alegando que se trata de una persecución política con ánimos de “bajar” al intendente de CDE de la precandidatura a presidente de la República en 2028.

El contralor Camilo Benítez calificó de “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes municipales”. Según el documento de la Contraloría, desde el 2020 hasta la fecha, se hallaron desviaciones e irregularidades en las transferencias a organizaciones sin fines de lucro.

También, diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o porque fueron ejecutadas en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royalties y compensaciones.

Otro de los puntos mencionados en el informe muestra que entre el 2023 y 2024, Prieto transfirió un total de G. 2.000.000.000 a una sola subcomisión distrital de la ciudad, sin tener evidencia de los resultados de los trabajos efectivamente realizados por esta organización no gubernamental (ONG), en el marco del apoyo a la actividad Navidad Sustentable.

Los datos evidencian que los estados financieros del municipio presentan graves inconsistencias, incluyendo saldos contables irregulares, clasificaciones erróneas en cuentas del patrimonio neto y variaciones injustificadas.

La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentó seis nuevas denuncias que salpican a concejales de la línea política de Miguel Prieto, quien ya acumula 49 denuncias durante su gestión. Las más recientes se dan en el marco del incumplimiento de la Ley n.º 2302 y nepotismo.

El concejal Ernesto Guerín cuestionó a Miguel Prieto, quien hasta la fecha se niega a entregar documentos sobre la ejecución de su administración. En este sentido, sostuvo que el pedido de intervención a la comuna esteña es una gran oportunidad para que pueda entregar todos los documentos y aclarar todas las denuncias realizadas en su contra.

“Es una magnífica oportunidad para el intendente de mostrar los documentos, porque cuatro veces nosotros solicitamos que el intendente nos muestre la ejecución presupuestaria y hasta el momento no tenemos resultados”, refirió el edil en entrevista para la 1020 AM. Guerín citó que entre las irregularidades incluidas en el informe de la Contraloría se encuentra la denuncia que él mismo había realizado, junto con otro colega, lo que tampoco fue aclarado hasta el momento por el intendente de Ciudad del Este.

El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, defendió la legitimidad constitucional de su entidad, ante el discurso esgrimido desde la oposición en auxilio del intendente Miguel Prieto que alega que supuestamente se extralimitó en sus funciones al requerir la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este.

“Interpretar que la Contraloría no puede pedir la intervención es forzar una interpretación contraria a la Constitución Nacional“, sostuvo Benítez, este viernes, en una entrevista con la 1080 AM, reiterando la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales esteños.

Los parlamentarios opositores argumentan que el requerimiento realizado de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política con el objetivo de sacar al dirigente opositor de la arena electoral. Ahora amenazan al controlar con un juicio político, alegando que la Carta Orgánica Municipal (Ley 3966/10) derogó la Ley 317/94 que sustenta la potestad de la Contraloría para su solicitud realizada al Ejecutivo, mediante el Ministerio del Interior.

“La Constitución Nacional regula las intervenciones de los municipios y faculta que se haga en tres ocasiones diferentes: la Junta, la desintegración de la Junta y por la Contraloría”, justificó Benítez, en base al artículo 165 de la Carta Magna.

“Está la regulación del artículo constitucional que dice expresamente que sí se puede hacer el pedido. Después de eso salió la Ley Orgánica Municipal, que transcribe el artículo constitucional, y eso ya le habilita a la Contraloría. La legitimación de la Contraloría para pedir la intervención ya no está en duda”, puntualizó.

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Los opositores también señalan que la Contraloría solo cuenta con la atribución de dictaminar si halla irregularidades en una administración municipal, pero que en el artículo 165 de la Carta Magna no se le habilita a solicitar la intervención de los municipios.

“Cuando hay graves irregularidades en la ejecución del presupuesto puede haber una suerte de colisión entre la Junta y el intendente para que, justamente, nunca se pida (la intervención). Y si es de público conocimiento, y el caso es grave y amerita, entonces, ¿cómo puede ser que la Contraloría no pueda hacer ese pedido?“, comentó.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.