El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

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A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

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El candidato a intendente de Asunción por la lista 2 del movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, continúa con una intensa agenda con visitas a seccionales, barrios y encuentros con dirigentes de la capital. Este sábado 14 de marzo, a las 9:00, tiene prevista una caminata en el barrio Jara, zona de la Seccional n.° 32 (Santiago y Enrique Solano López), acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros referentes partidarios.

En cada recorrido, el candidato expone sus propuestas para transformar la ciudad, al tiempo de escuchar a las bases coloradas, reencontrarse con amigos y conocer de primera mano las necesidades de los distintos sectores de Asunción.

Pérez reiteró que su candidatura responde al deseo de impulsar cambios estructurales en la ciudad: “No dejé mi zona de confort para venir a improvisar o a macanear. Estoy convencido de que Asunción necesita un cambio profundo”.

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Entre sus propuestas mencionó la adquisición de plantas asfálticas para triplicar la capacidad de bacheo, la reorganización del sistema de limpieza urbana y la creación de una Policía Municipal, denominada de “Cercanía”, inspirada en modelos de ciudades como Medellín, Bogotá y Londres.

También aseguró que su administración estará basada en la transparencia y la comunicación permanente con la ciudadanía. “La gente quiere saber dónde va su dinero. En nuestro gobierno vamos a comunicar todo, desde la mañana hasta que termine el día”, sostuvo.

El candidato convocó a la dirigencia colorada a acompañar su proyecto político para la capital. “Asunción necesita volver a ser una ciudad ordenada, limpia y segura. Con trabajo y compromiso lo vamos a lograr. No voy a defraudar la confianza que hoy me están dando”, concluyó.

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La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, se refirió a los hechos que afectan a la provisión del programa Hambre Cero en las escuelas, y los controles que se están realizando desde la Contraloría para garantizar la buena ejecución de este programa. Para Benítez, los planteamientos de centralizar o redistribuir el sistema de administración podrían afectar directamente a los usuarios, los niños y adolescentes.

“Mi preocupación real es el usuario, que son los niños, no se puede resentir la implementación del servicio de la comida porque eso genera un caos. No puede jamás, ni un solo día faltar la comida en la escuela. Suspender la provisión del servicio de alimentación escolar, yo creo que podría enmarcarse, inclusive, dentro de un hecho punible porque se está poniendo en riesgo la salud de estos chicos”, indicó Benítez, este jueves, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Sobre los cambios que se plantean para la administración del programa, sostuvo que no es el momento, y refirió que pasar la administración a los municipios no es viable, o pasar directamente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), lo que podría ser viable, pero no en medio de un proceso que ya se inició.

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“Lo que era la administración de la alimentación escolar con Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), eso era un escándalo, trasladar esto a los 280 municipios sería realmente un retroceso, porque ellos no tienen la capacidad de administrar los recursos públicos, no hacen llamados por la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), no tienen la cantidad de funcionarios de administrar estos recursos. Van a terminar haciendo vía transferencia y ahí dándolo el dinero directamente a las cocineras, y eso puede levantar inclusive aumentar los índices de corrupción”, apuntó.El contralor general de la República, Camilo Benítez, se refirió a los hechos que afectan a la provisión del programa Hambre Cero en las escuelas, y los controles que se están realizando desde la Contraloría para garantizar la buena ejecución de este programa. Para Benítez, los planteamientos de centralizar o redistribuir el sistema de administración podrían afectar directamente a los usuarios, los niños y adolescentes.

Afirmó que “es una muy mala idea, como también hacer cambios a mitad del camino tampoco es una muy buena idea, porque acá hay contratos firmados ya con empresas, el servicio se está proveyendo, cambiar hoy el órgano que debe administrar, a mitad de camino, se van a rescindir los contratos”.

Por otra parte, se refirió a los controles que viene realizando la Contraloría General de la República (CGR) en cuanto a la aplicación, distribución y eficiencia de este programa. “Nosotros tenemos como una prioridad absoluta la verificación del servicio de alimentación escolar en las escuelas, tenemos varios frentes de verificaciones in situ, el año pasado hicimos más de 600 verificaciones durante todo el año desde el primer día de clases, este año yo personalmente me fui al primer control en el departamento de Caazapá, y estamos controlando todos los días”, señaló.

También se cuenta con un sistema integrado de analítica de datos y banderas rojas, lo que se denomina control concurrente y; al mismo tiempo se cuenta con la página Ñangareko que recibe denuncias todos los días del servicio en sí. “Nosotros tenemos muchísima información, en todo el país, sobre los puntos más débiles, sobre los hechos que nosotros consideramos graves y también tenemos mucha información sobre hechos positivos de lo que implicó esta política nacional”, mencionó.

El contralor general destacó que “la política Hambre Cero ha sido, pero por lejos, la política social de mayor impacto de las últimas décadas en Paraguay, nosotros recorremos el país y vemos a los niños, haceos una consulta con los docentes, con los directores, vemos por ejemplo, la poquísima inasistencia de los alumnos, la atención que tiene el niño cuando come, si nosotros dejamos de controlar, claramente este programa puede ir al fracaso”.

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