La Controlaría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, informó que en la institución se detectaron tres casos positivos del COVID-19. Los contagiados se encuentran actualmente aislados y la institución será desinfectada.
Al conocerse la situación, rápidamente se activó el protocolo sanitario bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud. Las personas que mantuvieron contacto con los pacientes positivos también ya fueron aislados y sometidos a las pruebas pertinentes con el fin de detectar la enfermedad.
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En otra parte del comunicado menciona también que con el objetivo de proteger la salud de los funcionarios y de la ciudadanía en general, seguiremos estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Informe del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud Pública dio a conocer su reporte diario sobre los casos de COVID-19 e informó tres nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Con esto, aumenta a 25 la cifra de fallecidos, en tanto que los casos positivos confirmados se disparan a 2.980 en territorio paraguayo.
De las 1.161 muestras procesadas en las últimas 24 horas, 32 dieron positivo: 24 por contactos, 4 del exterior y 4 sin nexo, todos en aislamiento, según el reporte. El informe también indica que 17 personas siguen internadas en sala común, mientras que otras 10 están en la unidad de cuidados intensivos, totalizando de este modo 27 pacientes hospitalizados.
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Contraloría impulsa dos leyes clave para fortalecer la fiscalización del dinero público
La Contraloría General de la República (CGR) impulsa dos iniciativas que apuntan a fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses.
Ambos anteproyectos fueron entregados este lunes por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley N.º 7089/2023, “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.
Según los proyectistas de esta manera se recuperará dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.
El segundo plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.
El contralor fundamentó que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar medidas urgentes y coordinadas para esclarecer lo acontecido. Asimismo es necesario deslindar las responsabilidades correspondientes y promover las acciones pertinentes contra los funcionarios públicos responsables, conforme expresó.
En ese contexto, sostuvo que la CGR, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, dispuso las actividades de control pertinentes.
Sin embargo, durante su desarrollo, la institución encontró limitaciones derivadas de la normativa legal vigente, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.
Ante esta situación, consideró indispensable contar con el apoyo del Parlamento para analizar conjuntamente las limitaciones de orden legal que enfrenta el ente contralor.
Por ello, Benítez consideró necesario impulsar, desde el ámbito legislativo, las acciones que permitan fortalecer la capacidad de control del Estado.
Dos años de restricción para reguladores financieros
El proyecto de ley, conocido como “puertas giratorias” incorpora un artículo 24 bis que establece un plazo especial de dos años para los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de esas entidades que hayan tenido intervención determinante.
Durante ese periodo, estas personas no podrán ejercer cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.
En cuanto a la Carta Orgánica, la propuesta no amplía las competencias constitucionales de la CGR, sino que busca adecuar las responsabilidades ya asignadas a la institución al contexto de modernización.
Cambios que plantea el proyecto
1-Acceso a los datos del Estado en tiempo real. Se pasa del control basado en la documentación que cada organismo decide entregar al acceso digital directo y permanente a los registros estatales.
2-Cobro de multas. Se crea un mecanismo de percepción y ejecución del que carece la legislación vigente. La resolución firme constituirá título ejecutivo y se prevén la retención sobre haberes y la creación de un Registro Público de Sanciones.
3-Inteligencia Artificial con garantías. Se habilita el uso de analítica de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.
4-Declaraciones juradas sin vacíos. Se permite el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.
5-Rectoría anticorrupción y recupero. Se consolidan la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, se incorpora la remisión a la Procuraduría General para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.
6-Control en emergencias. Ante una emergencia declarada, la Contraloría queda facultada de pleno derecho para activar auditorías concurrentes e inmediatas sobre los recursos afectados.
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La Corte busca mejorar sus controles y capacita a funcionarios con apoyo de la Contraloría
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este martes sobre una capacitación dirigida a funcionarios judiciales, con el objetivo de mejorar los controles internos y fortalecer el funcionamiento de la institución. Las jornadas forman parte del proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP 2015), que busca ayudar a las entidades públicas a trabajar con mayor organización, eficiencia y transparencia.
La formación cuenta con el acompañamiento del Equipo Técnico del Comité de Control Interno y está a cargo de especialistas de la Contraloría General de la República: los licenciados Andrea Rodríguez y Ciro Osvaldo Hermosilla Aguilera, además del ingeniero agrónomo Federico Palacios.
Durante la apertura, la directora de Gestión Organizacional, Nelly Burgos, dio la bienvenida a los participantes y explicó los objetivos del encuentro, que apunta a brindar herramientas para mejorar los procedimientos de control y el cumplimiento de las tareas institucionales.
El curso-taller continuará mañana miércoles y el jueves 5 de noviembre, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, ubicado en el primer piso del Palacio de Justicia de Asunción.
El MECIP 2015 establece pautas para que las instituciones públicas puedan controlar mejor sus actividades, detectar posibles debilidades y corregirlas a tiempo. En términos sencillos, busca que cada dependencia tenga claridad sobre sus responsabilidades, supervise sus procesos y trabaje de manera más ordenada para cumplir sus objetivos.
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CGR urge sistema de control de patrimonio público
Camilo Benítez sustentó su requerimiento argumentando que forma parte de una competencia constitucional que posee la Contraloría.
“El sistema está orquestado para que la Contraloría General de la República de alguna manera fracase para verificar el enriquecimiento de funcionarios públicos”, manifestó el titular del órgano extrapoder, Camilo Benítez. Agregó que, para combatir la corrupción en la función pública, se vuelve urgente para el ente poder acceder automáticamente al sistema de datos de instituciones claves del Estado.
“Hace ocho años o más ya lo vengo diciendo que la Contraloría debe tener acceso a la información directamente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Registro Público, al Registro Civil, pero nosotros tenemos que tener la contraseña para ingresar automáticamente y para eso la Contraloría puede desarrollar un software para absorber las informaciones, mezclarlas y ver inmediatamente quiénes son los funcionarios que tuvieron un incremento desproporcional de su patrimonio, sería un sistema integrado”, indicó ayer durante su visita al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Benítez sustentó su requerimiento argumentando que forma parte de una competencia constitucional que posee la Contraloría. “Acá no hay una ley nomás, se encuentra establecido esto en la Constitución Nacional, en el artículo 104, el cual nos manda a nosotros verificar si existe un enriquecimiento de todos los funcionarios públicos”, dijo.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.