La directora de Control Gubernamental de la Contra­loría General de la República (CGR), Gladys Fernández, explicó que a partir de ayer se puso en vigencia el nuevo plan financiero de auditoría, que prevé una auditoría finan­ciera al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos resultados se conocerán en 2026. Este plan se aplica luego de la pre­sentación del dictamen sobre el ejercicio fiscal del 2024 por parte del contralor general Camilo Benítez ante el Con­greso Nacional.

“Está previsto, no solamente esa auditoría financiera, sino también combinada a una audi­toría que van a participar otras áreas de apoyo, como la de con­trataciones, de bienes patrimo­niales, una auditoría integral. Se va a incluir también el fondo de jubilaciones, que a partir de este mes también está pre­visto que podamos controlar”, indicó para “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“La modalidad va ser una auditoría financiera y de cum­plimiento, cuando hablamos de auditoría financiera, es una auditoría más compleja, abarca muchos aspectos, por­que en la misma definición de la auditoría financiera tiene que tener errores, sesgos y fraude, quiere decir que el auditor tiene que identificar riesgos de fraude”, agregó la directora del ente contralor.

Señaló que una auditoría financiera, es más com­pleja y llevará más tiempo, teniendo en cuenta que abarca más rubros, más áreas, se aplican más proce­dimientos, no se trata de una fiscalización puntual, inme­diata y rápida, que “tiene un procedimiento, pero que también se sustancia en evidencias mucho más fuer­tes, mucho más convincen­tes, mucho más confiable”. Mientras que la auditoría convencional es una veri­ficación del grado de cum­plimiento de las normativas legales y en vigencia.

El tiempo estimado para con­cluir esta auditoría, depende de la institución, si es que coo­pera, y, en este caso, el presi­dente, Jorge Brítez, solicitó la auditoría, “lo que es un primer gran paso”, de acuerdo a la directora de la Contralo­ría. “El presidente presentó un pedido de auditoría finan­ciera justamente a los fon­dos de IPS y, como nosotros, recién ahora, todos los audito­res estaban abocados a la cul­minación del informe princi­pal que presenta el contralor al Congreso, se estaban culmi­nando las auditorías, y quedó esta auditoría (del IPS) que comience este mes, que en una semana ya estaríamos comu­nicando”, detalló Fernández.

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.

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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.

El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.

Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.

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El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, informó este jueves que ini­ciarán una auditoría combi­nada al Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presiden­cia de Jorge Brítez. Los resul­tados de la fiscalización serán publicados en julio de 2026.

Detalló que la fiscalización fue solicitada incluso por el propio Brítez y abarcará el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. El anuncio fue concretado tras acudir al Congreso Nacional con el fin de presentar el informe final sobre las ejecuciones finan­cieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024.

“Ya tenemos un plan de audi­torías para el 2025 que empe­zará mañana y que formará parte del informe de 2026. El IPS está como prioridad uno, porque nosotros creemos que amerita ante la cantidad de situaciones que envuelven al IPS, en especial el déficit que tienen en la caja”, sostuvo en una conferencia de prensa.

Benítez acotó: “Vamos a hacer una auditoría combinada. Es muy oportuno ver en el caso de IPS si las inversiones se realizan conforme a la ley”. El informe fue entregado al vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores, el libe­ral Dionisio Amarilla.

Por otra parte, el contralor manifestó que el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024, expone una serie de desprolijidades administra­tivas y contables, que podrían constituirse en hechos puni­bles. “Los balances presen­tados no reflejan la realidad de lo que se verifica. Siempre las observaciones se repiten en cuanto a la falta de since­ridad de los estados conta­bles”, comentó.

El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, informó este jueves que iniciarán una auditoría combinada al Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Jorge Brítez. Los resultados de la fiscalización serán publicados en julio del 2026.

Detalló que la fiscalización fue solicitada incluso por el propio Brítez y abarcará el manejo de la caja de jubilados y las inversiones financieras realizadas por la previsional. El anuncio fue concretado tras acudir al Congreso Nacional con el fin de presentar el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024.

“Ya tenemos un plan de auditorías para el 2025 que empezará mañana y que formará parte del informe del 2026. El IPS está como prioridad uno, porque nosotros creemos que amerita ante la cantidad de situaciones que envuelven al IPS, en especial el déficit que tienen en la caja", sostuvo en una conferencia de prensa.

Benítez acotó: “vamos a hacer una auditoría combinada. Es muy oportuno ver en el caso de IPS si las inversiones se realizan conforme a la ley“. El informe fue entregado al vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores, el liberal Dionisio Amarilla.

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Por otra parte, el contralor manifestó que el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024, expone una serie de desprolijidades administrativas y contables, que podrían constituirse en hechos punibles. “Los balances presentados no reflejan la realidad de lo que se verifica. Siempre las observaciones se repiten en cuanto a la falta de sinceridad de los estados contables”, comentó.

Benítez siguió argumentando que “todas las instituciones del Estado deben presentar un plan de mejoramiento. Se hará una mesa de trabajo con la asesoría jurídica para ver si estas observaciones tienen indicios de hechos punibles para que sean remitidos al Ministerio Público“.

Benítez citó como ejemplo de una grave irregularidad administrativa el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que carece de una falta de planificación en adquisición de medicamentos. “En Paraguay es extremadamente desesperante la situación de las personas que sufren por estas enfermedades, especialmente de cáncer, y no vemos una buena planificación”, indicó.

El contralor detalló que en la institución se realizó una licitación para comprar un medicamento que precisaba un enfermo oncológico, pero al momento de la adquisición ya la persona había fallecido y el monto que se invirtió fue más de G. 5.000 millones.

“El Incan no pudo encontrar otra persona a quien destinar este medicamento, por lo que venció. También vemos una metodología con las medidas judiciales a través de amparos. No hay una planificación de compra de medicamentos. Muchas veces se compran medicamentos que están a punto de vencer”, lamentó.

Benítez agregó que “al momento de comprar un medicamento y vence, es un perjuicio para el Estado paraguayo directamente. Siendo que hay miles y miles de personas que de alguna manera sufrimos o padecimos por este tipo de enfermedades, es muy irresponsable en cuanto a los administradores no prever o no planificar“.

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