El Centro de Impor­tadores del Para­guay (CIP) emitió un comunicado en el que mani­fiesta su total desaprobación al proyecto de ley que esta­blece el “régimen de reex­portación del turismo comer­cial”.

“Basamos nuestra posición en que, como es sabido por los agentes económicos involu­crados, este proyecto apunta a reemplazar el anterior pro­yecto de ley de tiendas fron­terizas, que a principios de año no tuvo acuerdo entre el sector empresarial nacio­nal y los empresarios que lo apoyaban. Cabe recordar que en esa ocasión, incluso, varios organismos del Estado –tales como el propio Minis­terio de Hacienda y la Direc­ción Nacional de Aduanas, así como el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, entre otras– manifestaron la imposibilidad de control, ni garantía para impedir que las mismas mercaderías sean comercializadas en el mer­cado interno o zonas comer­ciales habituales del país”, sostiene el CIP.

El gremio también considera inconstitucional al citado proyecto de ley por atentar contra los principios de igual­dad ante la ley y de libertad de concurrencia económica. “El proyecto actual pretende un sistema de tributo o régi­men diferencial, ya no solo para zonas fronterizas como el anterior, sino para todas las cabeceras departamentales del país”, agrega.

En ese sentido, argumenta que cuya asimetría en el cobro de impuestos que se plantea sería un factor que contribuirá aún más al trato discriminatorio para los empresarios que operan a nivel nacional; por todo lo cual el CIP reafirma el nota­ble efecto negativo para toda la economía nacional, con el fisco incluido por la dramá­tica caída estimada en sus recaudaciones.

También aduce que imple­mentando dicho proyecto dispondría que se pueda importar “toda clase de mercadería”, que no sea pro­hibida.

“Por ende, las mercaderías importadas por este sistema no podrán ser tramitadas, registradas, verificadas, con­troladas ni certificadas por las instituciones naturales de control del Estado paraguayo como son: MIC, MSPyBS, MAG, Senave, Mades, INTN, Senad, INAN, Dina­visa, Dimabel, entre otras, todo lo cual representa ade­más un gran peligro a la salud pública”, menciona.

El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) refiere además que se generará también desigualdad en los controles sanitarios del comercio paraguayo, y además de alentar al peor y mayor flagelo para la economía paraguaya, que es el contrabando.

Finalmente, el documento afirma que competir a nivel internacional únicamente otorgando más beneficios o quitas generará una “carrera hacia el fondo”, que acarrearía consecuencias negativas para todo el país.

“Paraguay, por su situación geográfica, superficie, población y tamaño de su economía, tiene una manifiesta desventaja y está lejos de ser comparable con el Brasil. Por todo ello y mucho más, solicita­mos formalmente al Congreso Nacional el rechazo de este proyecto de ley”, menciona.

El próximo miércoles se trataría en la Cámara de Diputados el proyecto de arancel cero para los universitarios, por lo que los estudiantes terciarios anuncian una nueva movilización a fin de presionar a los parlamentarios para la aprobación de la normativa.

En este sentido, Amarú Benítez, miembro de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción, hizo un llamado a todos los estudiantes para la movilización que exigirá la sanción del proyecto.

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“Vamos a hacer ceder el muro de desigualdad gigantesco que fue levantado por más de 35 años de dictadura y puede ser el día en que la educación sea menos un privilegio y más un derecho”, mencionó el estudiante en entrevista con Ñanduti.

Benítez explicó además que dentro del proyecto que llevan adelante solicitan que los aranceles en las universidades del país sean costeados por los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). “Lo que nosotros proponemos es que esa parte de la fuente 30, que es el pago de matrículas, cuotas, etcétera, salga del Fonacide”, refirió.

Sobre esto, explicó que las universidades públicas, que son 8 en nuestro país, se sustentan de dos maneras: fuente 10 (recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación anualmente) y fuente 30, que son los recursos que pueden generar cada institución.

“Esta fuente 30 se divide nuevamente en dos partes, los aranceles educativos que son las cuotas, la matriculación, los derechos de exámenes, entre otros, y segundo son los recursos institucionales que salen de los servicios de laboratorios, estudios médicos, entre otros”, detalló.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, podría beneficiar a unos 80 mil estudiantes a nivel país y, en el caso de aprobarse en Diputados y de posteriormente sea promulgado por el Poder Ejecutivo, el Estado necesitaría US$ 31 millones de forma anual para dicha inversión.

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El diputado Carlos Portillo (PLRA, Alto Paraná), en sesión ordinaria, presentó dos proyectos de declaración al plenario de la Cámara de Diputados. El primero “que insta al Poder Ejecutivo y a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) a donar los alimentos perecederos a entidades de ayuda social”.

El proyecto, aprobado sin objeciones, se funda en la necesidad de dotar de alimentos a entidades de beneficencia como albergues, hogares de ancianos, comedores para niños, entre otros.

El legislador cita el Art. 311 de la Ley 2.422/04 del Código Aduanero e insta a donar las mercaderías de uso básico de productos perecederos decomisados en los diferentes procedimientos en todo el país.

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El segundo proyecto de declaración “Que insta al Poder Judicial a establecer y gestionar mecanismos que establezcan infraestructura segura y accesible para personas con discapacidad en todas las sedes judiciales del país”.

El diputado justificó el proyecto, ya que la dificultad para el acceso a las sedes de Justicia muchas veces son obstáculos para las personas con discapacidad física. “No se cumple la ley de acceso para las personas discapacitadas. No se tiene la infraestructura ni rampas para poder acceder a las sedes”, reiteró.

Portillo reforzó el pedido de aprobación a sus colegas, ya que cuenta con dictamen positivo de la Comisión de Defensa de Personas con Discapacidad. El proyecto de declaración fue aprobado por unanimidad.

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