Ante la expectativa de un tránsito mucho más intenso de lo habitual en la zona de Itapúa, el Poder Ejecutivo dispuso liberar el peaje de Trinidad en fechas específicas del Rally del Paraguay. Esta medida regirá el jueves 28 y el domingo 31 de agosto de 06:00 a 18:00.

Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) señalando que la disposición quedó oficializada en el Decreto Nº 4457 firmado por el presidente de la República, Santiago Peña con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar embotellamientos en un tramo estratégico del sur del país.

“Con esta disposición, el Gobierno busca agilizar el tránsito y maximizar los beneficios que dejará una de las competencias más esperadas del calendario automovilístico mundial”, explicó el MOPC.

Así también, mencionaron que el rally no solo representa un gran espectáculo deportivo, sino también es una oportunidad de dinamizar el turismo, la gastronomía y la hotelería en la región. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones será el encargado de aplicar la medida en coordinación con las actividades del evento.

El Ing. Julio Ríos, coordinador de Trabajos de la cartera, manifestó a la 920 AM que los circuitos de carrera propiamente dichos suman 169 kilómetros y están distribuidos en 8 circuitos en Bella Vista, Hohenau, Cambyretá, Nueva Alborada, Cambyretá, Trinidad, Artigas y Carmen del Paraná.

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Se espera que esta competencia reúna a más de 250.000 espectadores, visitantes y participantes, y alrededor de 200 periodistas del extranjero. El certamen, que se llevará a cabo esta semana, del 28 al 31 de agosto, en el departa­mento de Itapúa, cerró anotaciones, contando 47 partici­pantes, 24 extranjeros y 23 paraguayos.

Con este evento, Paraguay se une oficialmente al calendario del WRC, compartiendo protagonismo continental con Chile, que albergará la competición dos semanas después. Además, el país es una de las dos nuevas sedes que se añadirán en 2025, junto con Arabia Saudita, lo que confirma el auge del rally con la llegada de nuevos destinos

La largada simbólica está prevista para las 17:00 en el Centro Cívico de Encarnación, con acceso al público desde las 15:00 horas. La jornada incluirá shows artísticos, la presentación oficial de los autos y un cierre musical a cargo de Tierra Adentro, acompañado de fuegos artificiales.

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En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley, remitido por el presidente Santiago Peña, que faculta al Poder Ejecutivo la posibilidad de decretar hasta tres feriados extraordinarios por año. Además, esta iniciativa fija los feriados nacionales y móviles.

De esta forma, un nuevo feriado introducido es el del 20 de junio en conmemoración de la jura de la Constitución Nacional. Asimismo, el Ejecutivo podrá decretar hasta tres feriados adicionales con fines turísticos, económicos o celebraciones especiales, como una eventual clasificación al Mundial de Fútbol.

Además, quedaron establecidos como feriados móviles:

• el 1 de marzo, Día de los Héroes de la Patria
• el 12 de junio, Día de la Paz del Chaco
• el 20 de junio, Día de la Jurada de la Constitución Nacional (nuevo feriado incluido)
• el 29 de septiembre, Día de la Batalla de Boquerón.

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“Viene a actualizar, modificar y establecer de forma unificada la normativa relacionada a los feriados nacionales y los asuetos, materia que actualmente se encuentra dispersa en varios actos normativos”, explicó el diputado José Rodríguez, representante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el que solicitó a sus colegas la aprobación de la propuesta legislativa.

Asimismo, la diputada Rocío Abed defendió la propuesta en lo referente a la facultad que el Ejecutivo pueda decretar feriados adicionales y aseguró que esto no será utilizado de manera irresponsable por parte del presidente. “Es el principal interesado en que el país no pare y un máximo de tres feriados no puede ocasionar ninguna catástrofe”, afirmó.

Tras la aprobación de la Cámara Baja, el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

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Cumpliendo el plazo establecido para la intervención de la Municipalidad de Asunción, el economista Carlos Pereira entregó este viernes su informe final de la fiscalización a la administración del intendente suspendido Óscar Rodríguez, que se había iniciado el pasado 24 de junio.

El documento fue presentado en las oficinas del Ministerio del Interior, cumpliendo así el mandato que recibió del Poder Ejecutivo, y tras su chequeo de conformidad a las normativas, será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.

En la mañana de este viernes 22 de agosto, Pereira había adelantado que su dictamen desarrollado en 700 páginas abarca tres puntos centrales, respondiendo en primer lugar a las seis observaciones cuestionadas por la Contraloría General de la República (CGR), que fue lo que motivó el pedido de intervención.

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También contempla un análisis de la gestión administrativa, aspectos de control interno, hallazgos de inconsistencias contables, operativas, administrativas y observaciones de gastos. Por último, contempla cinco denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, entre ellas, sobre falsificación de planos y alteración de software.

Al respecto de las observaciones de la Contraloría, Pereira explicó que el resultado de la intervención ha coincidido con las 6 observaciones; haciendo la salvedad que en el punto 1 y 6 cuentan con mayor profundidad de estudio. Teniendo en cuenta que la CGR tuvo limitaciones en el acceso a la información. En cambio, él con su equipo tuvieron mayor acceso y pudieron analizar en profundidad.

“A pesar del tiempo hemos podido reunir toda esa información para poder hacer la trazabilidad desde la emisión de los bonos, hasta la percepción de los mismos, en cada una de las cuentas que en la administración del municipio se han manejado bajo la cuenta única; que por una confusión ha permitido que se haya mezclado de diferentes fuentes y orígenes los recursos financieros”, explicó.

Pereira indicó que esta situación llevó a que el 97 % de esos recursos se usaran en gastos corrientes y solamente el 3 % se destinó a obras de infraestructura. Esto fue lo que la CGR observó como una transgresión al artículo 197 de la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal, que ha sido confirmado por la intervención que le tocó encabezar.

“Ese endeudamiento ha permitido llevar a una situación de infracapitalización financiera al municipio. Lo que significa que todos los recursos que hoy cuenta la comuna, son absolutamente insuficiente", explicó.

Añadiendo que la recaudación que obtiene a diario por el cobro de los tributos resulta insuficiente ante el enorme caudal de obligaciones en el corto plazo que hace que las exigencias, vencimientos recurrentes y sucesivos hoy el municipio de Asunción esté en constante reprogramación de los pagos”, comentó.

El interventor Pereira mencionó que el informe también contempla otros hallazgos y otras debilidades halladas en distintas direcciones de la comuna. Pero también se plantean distintas soluciones a los problemas. Además, indicó que dejan plasmado un programa de proyectos de cómo el municipio podría comenzar a salir adelante de esta situación difícil financieramente hablando.

“Creo que hoy inicia otra etapa, y deberíamos ayudar a nuestro municipio; necesitamos restaurar la municipalidad, organizar reestructurar esta administración después de toda esta situación complicada. Se debe cambiar la forma de administrar, que se achiquen los gastos, que se reestructure todo el aparato administrativo que hoy está excesivo para lo que debería ser el municipio de Asunción”, acotó.

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El ministro de la Niñez y Adolescencia, Wal­ter Gutiérrez, anun­ció que el Poder Ejecutivo se encuentra analizando la posibilidad de imple­mentar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere de propuestas que se encuen­tran en el Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la pri­sión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo. Está par­ticipando una eminencia del derecho como es la exminis­tra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta”, explicó.

Detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibi­lidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad; en cambio, con la prisión permanente revisa­ble sí es posible, pero está sujeto a constantes análi­sis que determinen si real­mente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

“Por ejemplo, si se le con­dena a una persona por 30 años en el marco de la pri­sión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis pro­fundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambien­tal y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado; si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artí­culo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos pun­tos, de la reinserción de la persona privada de liber­tad, pero también de la pro­tección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradic­ción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis es diferente al del diputado Rubén Rubin, que estipula incluso 90 años. El minis­tro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador; si bien fue pre­sentada como una prisión permanente revisable, no lo es. “No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho. Así como está planteada la pro­puesta, es inconstitucional”, aseveró.