• Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.

Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, coincidieron en manifestar que el endureciendo las penas no ayuda a reducir la criminalidad, en relación al proyecto de ley de Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable, que señalan como inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.

Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.

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Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.

“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.

Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

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Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.

Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.

Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.

Este martes, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa Nacional, destinada a la adquisición de materias primas para explosivos.

El general Melanio Servín, titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) explicó que este pedido es para responder a la alta demanda comercial de explosivos, en el ámbito de la construcción.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que el año pasado tuvieron un recorte a la propuesta de presupuesto para este año, y eso está obligando ahora a solicitar de vuelta una ampliación, debido a la alta demanda comercial. Tienen recursos para aguantar un tiempo más pero no para llegar a fin de año.

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La propuesta que ahora es impulsada por el Poder Ejecutivo propone una ampliación presupuestaria de G. 36.989.084.573, con Recursos Institucionales (Fuente 30), para el Ministerio de Defensa Nacional.

Estos recursos serán destinados a la adquisición de materias primas para la producción y comercialización de explosivos, accesorios y productos afines, en cumplimiento con la Ley N° 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos. Este proyecto está en su primer trámite constitucional.

El general Servín explicó que el año pasado recibieron un presupuesto total de G. 72 mil millones, de los cuales un poco más de G. 50 mil millones fue destinado a explosivos, pero ya entonces habían quedado cortos o insuficientes, en razón al aumento de la demanda por uso comercial de explosivos en el Paraguay.

“Ya el año pasado recurrimos a ampliaciones con transferencia de créditos, todos de fuente 30, para poder tener los explosivos de uso comercial, para todas las canteras del país. Hay un crecimiento aproximado del 15 % anual. Por eso, para este año se había pedido aproximadamente un presupuesto de 130 millones de guaraníes”, explicó.

Indicó que, si no se logra esta ampliación, en unos 30 a 60 días comenzarán a tener problemas para el flujo en la reserva y eso puede repercutir en el ámbito de la construcción/economía del país.

“Por eso, ya habíamos solicitado este presupuesto de G. 130 mil millones, pero lastimosamente se nos dio un presupuesto de un poco más de G. 70 mil millones este año, lo cual es totalmente insuficiente. En este momento, estamos cumpliendo gracias a las transferencias de fuente 30 de las Fuerzas Armadas para cumplir con la demanda. Es por eso, que solicitamos ahora esta ampliación de vuelta”, explicó.

Remarcó que ahora, nuevamente están presentando en el anteproyecto del Presupuesto General para el 2026, de vuelta el presupuesto de G. 135.000 millones, para no tener que volver a recurrir a ampliaciones el próximo año.

Respecto al stock con el que cuentan para este año, señaló que ya hay materiales que están llegando al tope, por ello ya están recurriendo a la transferencia de créditos de las Fuerzas Armadas, siempre en lo que hace a fuente 30 y con ello están cubriendo mínimamente las necesidades.

“Acá lo ideal es tener materiales en guarda por lo menos para abastecer entre 6 a 8 meses, para poder garantizar los materiales que son primordiales para todo lo que son la construcción tanto para el Estado, como para el sector privado. Hay que recordar que toda la fabricación de cemento, cal, concreto, que se producen en las canteras, el 98 % utiliza explosivos”, acotó.

Finalmente, dijo que el proyecto de ampliación ya estaría contando con dictamen favorables de las respectivas comisiones asesoras de la Cámara Baja, por lo que espera que este martes logre la media sanción correspondiente.

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EL PODER DE LA CONCIENCIA

• Por Alex Noguera
• Periodista
• alex.noguera@nacionmedia.com

Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.

Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.

Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.

Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.

Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.

Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.

Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.

En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.

Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.

A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.

Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.

Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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