Los partidos orgánicos como la Asociación Nacional Republicana, con un incontrovertible programa fundacional, sus estatutos de derechos y obligaciones y un Código de Ética, siempre están un paso adelante en cualquier elección que se tenga a la vista, es decir, la más próxima.

La otra asociación política, la más antigua de nuestro país, el actual Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que nació como Centro Democrático o Partido Liberal, actualmente pasa por una crisis de liderazgo.

Y, luego, están los partidos menores, sin mucha estructura ni organización, donde más bien reinan la anarquía y el desorden a la hora de construir consensos o concertaciones. Ya lo hemos vivido en los comicios generales de 2023, en los cuales volvió a ganar el candidato del Partido Colorado y, por cierto, por un respetable margen. Y ganó una vez más a pesar de la monstruosa injuria mediática armada y propagada por dos grandes corporaciones que apostaron a la oposición desde el momento en que perdió el candidato de Mario Abdo Benítez –su antiguo aliado comercial– en las internas republicanas de diciembre de 2022.

No nos queda la menor duda de que ese mismo contubernio se desplegará nuevamente si se repite el anterior escenario. Para estos medios ya no se trata de la verdad, sino de negocios y antagonismos mal curados. O frustraciones nunca superadas.

Para los oráculos sin remordimiento por sus pasados errores, de nuevo, las elecciones municipales serán el parámetro para medir la temperatura de cara al 2028. Sabemos que no es así. Tenemos ejemplos muy concretos para desmentir tan descabelladas presunciones.

Durante el manejo de la administración central por la oposición, específicamente en el gobierno de Fernando Lugo, un colorado accedió a la Municipalidad de Asunción y ganó la mayoría de los distritos comunales. Y, también, pasó al revés.

Mientras los colorados ejercían el Poder Ejecutivo, Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, ciudades electoralmente emblemáticas, pasaron a manos de opositores. Pero eso no fue obstáculo para que el representante de la Asociación Nacional Republicana ganara las sucesivas elecciones presidenciales.

Y, como ha ocurrido, también, en los últimos años, están los prestidigitadores de la opinión pública. Los que con un juego de manos tratan de proyectar una realidad ficticia, inexistente, para engañar los ojos del público.

Ahora salen con el cuento de que Miguel Prieto, de la intervenida Municipalidad de Ciudad del Este, es el único que puede ganarle a los colorados y, por esta razón, argumentan una supuesta persecución en su contra.

Es decir, cuando son aliados, los hechos de corrupción denunciados y documentados no importan. La justicia selectiva endilgada a los colorados termina convirtiéndose en la viga en los ojos de la oposición. No obstante, muchas de estas opiniones carecen de credibilidad porque una de ellas había asegurado –con aristocrática infalibilidad– que “el colorado no vota dos veces a un candidato perdedor”, refiriéndose al actual mandatario, Santiago Peña. Así la política sigue siendo tan impredecible, a pesar de las predicciones con pretensiones de certidumbre.

En tanto en los partidos y movimientos de la oposición no se percibe una candidatura firme, los liberales ya anunciaron que no renunciarán a ser cabeza de proyecto (desbaratando cualquier hipotética alianza con Miguel Prieto liderando la lista); en la Asociación Nacional Republicana hace rato que aparecen candidatos con chances de presentarse en las internas de finales de 2027, a realizarse, probablemente, en el mes de diciembre, si nos atenemos a los últimos calendarios de celebración de tales comicios.

Dentro del movimiento Añetete, del expresidente Mario Abdo Benítez, el que tiene, aparentemente, el apoyo de la dirigencia y bases partidarias de la oposición interna, es Arnoldo Wiens, quien, precisamente, había perdido ante Peña en 2022.

Dentro del mismo sector, el exvicepresidente de la República del anterior periodo, Hugo Velázquez, renovó su ambición de presentarse nuevamente como precandidato a la Presidencia de la República. Y por el lado de Honor Colorado las cosas están más claras.

Tanto el titular de la Asociación Nacional Republicana como el jefe de Estado han declarado públicamente la intención de postular al actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para sentarse en el sillón de López. Es la primera vez en toda la transición democrática, desde que se incorporó a la Constitución Nacional la figura del vicepresidente, que haya consenso sobre un proyecto presidencialista entre la Junta de Gobierno y el Poder Ejecutivo.

La oposición, antes que disparar discursos agresivos, descalificadores y vociferantes, como única estrategia electoral, debería analizar sus propias debilidades y evaluar la fuerza del oficialismo, para que en 2028 tengamos unos comicios donde el pueblo pueda sopesar las distintas propuestas y programas y, sobre estas bases, votar en consecuencia. Será un gran aporte a la ciudadanía

El diputado Rodrigo Gamarra consideró como legítimo y “saludable en una democracia” que el presidente de la República, Santiago Peña, realice su rendición de cuentas ante la ciudadanía, tanto desde el Congreso Nacional como en la Asociación Nacional Republicana (ANR). Al igual que en 2024, la oposición se vuelve a quejar de estos informes porque “hay resultados”, según el legislador.

El Parlamento convocó al mandatario para dar su informe el martes 1 de julio a las 20:00, ante una sesión conjunta de ambas cámaras. Mientras que el partido de Gobierno anunció su convocatoria para que Peña se dirija al pueblo colorado, el martes 25 de junio a las 17:00, en la Junta de Gobierno de la ANR.

A través de una publicación en su cuenta de X, el diputado Gamarra respondió al senador Rafael Filizzola, quien cuestionó al jefe de Estado por ampliar la rendición de cuentas de su gestión al partido que representa; señalando que la Constitución Nacional no prohíbe este marco político de transparencia.

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“Mi tuit fue una reacción lógica a una situación que no podemos naturalizar: el presidente tiene la obligación constitucional de rendir cuentas ante el Congreso, y lo va a hacer. Que antes haya hablado con su partido no invalida en absoluto ese mandato ni le resta valor institucional”, expresó Gamarra, este viernes, en conversación con La Nación/Nación Media.

Argumentó que la presentación de un informe del presidente a su partido es legítima, refutando las expresiones de Filizzola. “La Constitución Nacional es clara: el presidente debe rendir cuentas ante el Congreso una vez al año, y eso se va a cumplir. Que también haya compartido su visión y logros con su partido, no solo es legítimo, sino saludable en una democracia. El partido no reemplaza al Congreso, pero tampoco está prohibido que el presidente hable con su base política”, apuntó.

Gamarra calificó la postura del legislador de la oposición como un show de cinismo. “Lo que me parece una falta de respeto es que personas como Rafael Filizzola, con antecedentes nefastos en la función pública, pretendan dar lecciones de institucionalidad. Lo de él no es una crítica, es un show de cinismo”, comentó.

Finalmente, sostuvo que a la ciudadanía le interesan los avances, que se rindan cuentas, y que se gobierne con firmeza, y eso es lo que justamente está haciendo el presidente Peña. “Lo que molesta a algunos no es que el presidente rinda cuentas en la ANR, lo que les incomoda es que hay gestión, que hay resultados, y que eso fortalece políticamente al Gobierno. La hipocresía de ciertos sectores opositores, que durante sus gobiernos ni siquiera se animaban a mirar de frente al Congreso, ahora pretenden erigirse en defensores de la Constitución”, puntualizó.

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Desde que tomó la causa, el Ministerio Público realizó una serie de diligencias con distintas instituciones locales (y extranjeras) para determinar que Horacio Cartes fue víctima de una vil y despiadada persecución política tras la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. El juez Rodrigo Estigarribia debe estudiar si corresponde hacer lugar al pedido del Ministerio Público.

Durante los años que duró la investiga­ción, el Ministerio Público pudo recolectar 26 elementos de convicción que ratifican la inexisten­cia de los hechos punibles de lavado de dinero, contra­bando, enriquecimiento ilí­cito y evasión de impues­tos. Supuestos hechos que en 2022 fueron denuncia­dos de forma infundada y sin sustento por Arnaldo Giuzzio, exministro de Mario Abdo Benítez, contra el expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes.

Uno de los elementos arri­mados a la carpeta fiscal fue el informe de la Direc­ción Nacional de Adua­nas sobre la existencia de sumarios administrativos llevados en contra de las empresas Tabesa, Palermo SA y Agrotabacalera SA. Ante este pedido la refe­rida institución contestó de forma categórica que las citadas empresas no cuen­tan con ninguna multa ni procesos de investigación en los últimos 10 años.

Del mismo modo, se dejó constancia que el Ministe­rio Público realizó varias reuniones con integrantes de la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas, la Sub­secretaría de Estado de Tri­butación sobre los diferen­tes pedidos de informe que se solicitó sobre los denuncia­dos. Las citadas instituciones elevaron sus informes men­cionados que no se tenía nin­guna irregularidad sobre el expresidente Cartes así como las empresas mencionadas.

A los elementos citados, los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor pidieron archivar la denun­cia infundada que presentó en su momento el exministro del Interior.

En un informe de las auto­ridades del Brasil que está agregado a la carpeta fiscal y se produjo por el pedido de cooperación que soli­citó el Ministerio Publico de nuestro país a la Justicia del vecino país acerca de cau­sas donde se pudieron reali­zar incautaciones de cigarri­llos de origen paraguayo. El oficio del vecino país refiere que “se informa que no se han identificado a perso­nas o estructuras crimina­les paraguayas”, por lo que desnuda la mentira que pre­tendió instalar el exministro del Interior de la era Abdo.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la República”, describe el documento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimo­nio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandatario, supuestamente realizó prés­tamos personales que aumen­taron 5 veces más de lo regis­trado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la can­tidad de G. 1.728.512.081.596. Todo esto quedó descartado con documentaciones.

El Ministerio Público requirió la desesti­mación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Hora­cio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. El requeri­miento fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer.

La denuncia fue formulada en enero de 2022 ante la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad) y no ante el Ministerio Público, pese que esta última –y no la primera– tiene facul­tades de asumir la investiga­ción del caso.

El Ministerio Público con­formó equipos de trabajo con la Aduana, la Seprelad y la entonces SET (Subsecre­taría de Tributación) para las averiguaciones. Con los informes remitidos por estas instituciones, los fis­cales no detectaron ningún indicio de hecho punible. Por los hechos mencionados en la denuncia que motivó la apertura de la presente causa no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la exis­tencia del hecho y la partici­pación de los denunciados, señala el documento fiscal.

En el documento de desesti­mación fiscal, se indica que Giuzzio tomó conocimiento de estos hechos a través de publicaciones de medios de prensa anticartistas, entre los que figura la creación, en un solo día, de tres empresas de maletín en Panamá. Los fiscales no hallaron elemen­tos en este sentido. El tra­bajo fiscal también indica que no existen inconsis­tencias ni en el patrimo­nio ni en las declaraciones de bienes presentadas por el expresidente Cartes, tal como lo quiso hacer apare­cer Giuzzio.

Los fiscales tampoco hallaron elementos en la denuncia for­mulada sobre la existencia de investigaciones penales y civi­les contra Cartes –ni en Para­guay ni en el exterior–, sobre las supuestas actividades ilíci­tas de Tabacalera del Este SA.

La Seprelad fue instrumen­talizada durante el gobierno de Abdo Benítez para realizar terrorismo de Estado y persecu­ción política contra sus adver­sarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas.

El presidente Santiago Peña fue consultado acerca de la desestimación de la causa contra Horacio Cartes por varios cargos. “Nuestro parecer es el mismo que nosotros hemos dicho en los últimos siete años; desde el 2018, el presidente del partido fue víctima de una persecución tremenda en el anterior periodo. Muchas de estas causas que fueron inventadas y finalmente el tiempo ha puesto todo en su lugar, el tiempo ha sido juez inexorable, ninguna de estas acu­saciones ha podido ser demostrada y lo lógico es que se desestimen cada una de estas causas”, dijo ante la consulta periodística en la zona de Misiones. Agregó que “la utilización de las instituciones del Estado para perseguir a adversarios políticos le hace mucho daño a la República del Paraguay, así que estamos muy contentos de que finalmente el Ministerio Público haya actuado como corresponde”, concluyó.

El abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, también se refirió al pedido fiscal. “Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordina­damente, desde diciembre de 2021 y enero de 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”. “De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular”, dijo el abogado.

Gerente de Tabesa, José Ortiz, recordó que Abdo Benítez persiguió a Cartes solo para “sacarle de la cancha”.

Tras conocerse la desestima­ción de la Fiscalía en la causa contra Horacio Cartes, el gerente de Tabesa, José Ortiz, resaltó que la decisión fiscal –de no encontrar elementos que sustenten la denuncia– con­firma la “gran farsa” montada para una persecución política instruida desde el Ejecutivo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto es algo que sabíamos que iba a ocurrir porque desde el primer momento, sabíamos que todo lo que dijo el incom­petente de Arnaldo Giuzzio era una enorme estupidez”, dijo en entrevista con el canal GEN. Celebró la decisión y consideró que se confirma el uso político de las instituciones del Estado para dañar la imagen de Car­tes y de Tabesa, a la que defi­nió como “la mayor aportante al fisco del sector privado por años consecutivos”.

“Este Giuzzio incompetente, delincuente relacionado a nar­cotraficantes, se dio el tupé de denunciar a una empresa como Tabesa. Todo esto fue armado para sacar a Horacio Cartes de la cancha”, aseguró.

Recordó que las principales acusaciones de Giuzzio fue­ron desacreditadas punto por punto: la supuesta venta de cigarrillos a empresas vincu­ladas a la familia Cartes (que en realidad eran facturas por intereses de préstamos), y las supuestas firmas “de maletín” que la Fiscalía comprobó que realmente existen y tributan.

Los fiscales realizaron 26 diligencias (con Seprelad, SET, DNIT y Aduanas) y no hallaron indicios.

En la causa iniciada tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio, en 2022, el Ministerio Público se enfocó en tres puntos princi­pales: a) Horacio Cartes habría creado, tres empresas de male­tín en Panamá; b) las DD. JJ. presentadas tendrían incon­sistencias patrimoniales; y c) la supuesta comercialización ilegal de cigarrillos de Taba­calera del Este SA (Tabesa), siendo Cartes un socio mayo­ritario. Según el exministro del Interior, estos serían indicios de hechos punibles aunque este nunca presentó pruebas.

La Fiscalía realizó 26 diligen­cias, incluyendo la citación de Giuzzio para una testimonial con el objetivo de ampliar su denuncia y arrimar documenta­ción; el denunciante no declaró y encima recusó a los fiscales. Pidieron informe al Congreso Nacional sobre la comparecen­cia de Giuzzio, pero su presenta­ción fue oral, no escrita.

También se convocó a una reu­nión (febrero de 2022) con la Seprelad, Aduanas y la Subse­cretaria Tributación (actual DNIT). Aduanas reportó que las empresas no registraban sumarios en los últimos 10 años. Tabesa sí remitió copia de fac­turas con sus clientes, plani­llas con número de despacho y de facturas (2017-2021), copias de los despachos, copias auten­ticadas de facturas de sus pro­veedores del exterior y los des­pachos de las importaciones (2017-2021). Sobre las declara­ciones de bienes, la Contralo­ría remitió estudio de corres­pondencia de bienes señalando que había plena equivalencia en lo declarado. Sobre el presunto contrabando de cigarrillos, se indagaron causas a la Unidad Especializada sobre incautacio­nes, no hallándose vínculos ni indicios ilícitos.