Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú cegó a la presidenta Dina Boluarte frente a las múltiples investigaciones que enfrentaba en la fiscalía, incluido el escándalo ‘rolexgate’ por relojes de lujo que no declarado entre sus bienes, según un fallo divulgado este martes.

La decisión ordena restablecer la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo y representa una victoria para la mandataria, una de las más impopulares, según encuestas.

De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán “suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial” después del 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluirá el mandato.

La sentencia, que se aplicará en adelante para los presidentes, fue publicada por el TC en su página web.

Los presidentes podrían ser investigados penalmente, pero solo ser sometidos a un eventual juicio al término de su período.

Boluarte, de 63 años, presentó en abril una demanda ante el TC contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, para frenar las investigaciones en su contra.

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Su defensa presentó el recurso tras el allanamiento a su vivienda y al despacho presidencial en el marco de la investigación por el escándalo que se desató cuando la presidenta apareció con relojes y joyas de lujo que no declarados en su lista de bienes.

Según la fiscalía, las alhajas habrían sido parte de un soborno a cambio de favores políticos.

También era investigada por la muerte de 50 personas durante la represión de las protestas cuando asumió el poder en diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su intento fallido de disolver el Congreso.

Además, tenía un expediente abierto por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley.

Boluarte se ha declarado inocente en todas las causas.

“Este fallo le va a servir a la democracia, no hay impunidad. Termina el mandato y la investigan previa acusación constitucional”, declaró el abogado presidencial Joseph Campos a la radio RPP.

• Fuente: AFP

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Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, resaltó el trabajo que lleva adelante el interventor municipal, Ramón Ramírez, que no solo está confirmando las denuncias que presentaron ellos como organización civil; o las que hizo la propia Contraloría General que motivó la intervención misma, sino que está sacando a luz nuevos hechos que no estaba a conocimiento de la ciudadanía.

En conversación con La Nación/Nación Media, resaltó que son personas bastante técnicas, que están presentando todas las conclusiones que desde el principio ya sabían que iban a ser positivas. En el sentido de que el mayor ente contralor que tiene el país es la Contraloría General de la República emitió, con todos los técnicos que tiene, un informe sobre las evidencias que ahora el equipo de intervención está corroborando.

“Como organización civil estamos súper satisfechos, porque se confirman todas las denuncias que veníamos haciendo. Además, no es, como decían ellos, sobre una persecución política, porque acá se hacen trabajos técnicos, se corroboran con documentos. A pesar de que, no es tan bueno para la ciudad, lógicamente porque afecta a todo lo que es la gestión pública, pero sí estamos satisfechos en el sentido de la comprobación de los hechos”, remarcó.

Asimismo, resaltó que se han verificado y constatado, para presentar una denuncia tan seria ante el Ministerio Público, la existencia de un esquema de defraudación a las arcas municipales, en la administración del intendente Miguel Prieto. Ya que se emitían comprobantes legales de la municipalidad, pero los recursos no ingresaban a la tesorería finalmente.

Al respecto, la licenciada Montiel señaló que este esquema se repite no solo en la dirección de Impuestos Inmobiliario que estaba a cargo de la prima del intendente, Prieto, la cual fue calificada por el propio jefe comunal como “la más impoluta” y que gracias a ella supuestamente aumentó la recaudación. Indicó que por lo dicho por el propio Prieto, este esquema de caja paralela se repite en otras dependencias.

Remarcó que en la Municipalidad de Ciudad del Este, existe toda una cadena de responsabilidad, desde los funcionarios, directivos y hasta el intendente municipal.

Señaló que el interventor explicó que en este caso, el sistema que tiene la municipalidad permite los accesos mediante los perfiles de usuarios, en el cual la directora de Impuestos Inmobiliarios es la que tenía el administrador de la base de datos y la que, justamente, liquidó y modificó, los ingresos de los últimos años de pago, más o menos.

“Hay toda una cadena de responsabilidades. Ahí están involucradas varias personas, inclusive la gente de auditoría interna. Porque si auditoría interna supuestamente tenía ya un informe referente a hechos que se habían denunciado; y no sé si en el informe que menciona Prieto, en su supuesta denuncia también señala otro departamento, como el caso del impuesto inmobiliario. La gente de administración y finanzas también tienen que aclarar esto”, precisó.

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El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto señaló durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que desde el movimiento “Yo Creo” ya no saben cómo tapar el “po pindá” o el “po kare” de su líder, el intendente suspendido Miguel Prieto. Esto, con relación a la denuncia penal presentada por el interventor Ramón Ramírez, que ha encontrado serios indicios de una caja paralela en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Durante su alocución, el diputado Del Puerto señaló que justamente el intendente Prieto ha sido separado del cargo, mientras dura esta intervención, ante la sospecha seria de corrupción denunciada por la Contraloría General de la República.

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Al respecto, el legislador expresó en modo irónico que algunos de sus colegas en el plenario, que son amigos y aliados de Prieto, han minimizado el robo denunciado por el interventor, mediante la caja paralela.

“Para algunos colegas, esto ha sido un vyroreí que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor”, sentenció.

Del Puerto cuestionó que cuando se “trata del chancho del propio chiquero”, entonces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni po pindá, “solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchivé”, expresó. Lamentó que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco.

“Por eso, yo creo que estamos por buen camino. Hay que apostar a que las instituciones funcionen y que tengamos confianza que van a castigar, sea el corrupto que sea, sea la cantidad que robe. Siempre que sea un robo debe ser castigado y espero que los más de 1.000 millones que el Consejo de Salud local utilizó sin ningún permiso del Ministerio de Salud se pueda corroborar también”, acotó.

A su turno, el diputado Rodrigo Gamarra también se refirió al asunto señalando que en la Municipalidad de Ciudad del Este han montado toda una asociación para saquear y delinquir. Aseguró que no existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto.

“Un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto como una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pandemia”, indicó.

Remarcó que en este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patrimonial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este.

“Creo que acá lo que corresponde, antes que venga la sentencia, es que este delincuente de Miguel Prieto, por decoro por lo menos, renuncie, ponga el cargo a disposición y se ponga a disposición de la Justicia como corresponde”, concluyó.

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