• Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.

Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, coincidieron en manifestar que el endureciendo las penas no ayuda a reducir la criminalidad, en relación al proyecto de ley de Rubén Rubín que plantea la prisión permanente revisable, que señalan como inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.

Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.

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Por tanto, señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que, al establecer penas excesivamente elevadas (90 años), no abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.

“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable, es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) La proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, acotó.

Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el Artículo 20 de la Constitución Nacional; con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad, y por el otro la readaptación del condenado.

A su turno, el diputado Rodríguez, indicó a esta redacción que, esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, justamente están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas, e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas; atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

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Igualmente, coincidió que aquí lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, acotó.

Por lo expuesto, es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por, sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, acotó.

Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.

Este martes, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa Nacional, destinada a la adquisición de materias primas para explosivos.

El general Melanio Servín, titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) explicó que este pedido es para responder a la alta demanda comercial de explosivos, en el ámbito de la construcción.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que el año pasado tuvieron un recorte a la propuesta de presupuesto para este año, y eso está obligando ahora a solicitar de vuelta una ampliación, debido a la alta demanda comercial. Tienen recursos para aguantar un tiempo más pero no para llegar a fin de año.

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La propuesta que ahora es impulsada por el Poder Ejecutivo propone una ampliación presupuestaria de G. 36.989.084.573, con Recursos Institucionales (Fuente 30), para el Ministerio de Defensa Nacional.

Estos recursos serán destinados a la adquisición de materias primas para la producción y comercialización de explosivos, accesorios y productos afines, en cumplimiento con la Ley N° 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos. Este proyecto está en su primer trámite constitucional.

El general Servín explicó que el año pasado recibieron un presupuesto total de G. 72 mil millones, de los cuales un poco más de G. 50 mil millones fue destinado a explosivos, pero ya entonces habían quedado cortos o insuficientes, en razón al aumento de la demanda por uso comercial de explosivos en el Paraguay.

“Ya el año pasado recurrimos a ampliaciones con transferencia de créditos, todos de fuente 30, para poder tener los explosivos de uso comercial, para todas las canteras del país. Hay un crecimiento aproximado del 15 % anual. Por eso, para este año se había pedido aproximadamente un presupuesto de 130 millones de guaraníes”, explicó.

Indicó que, si no se logra esta ampliación, en unos 30 a 60 días comenzarán a tener problemas para el flujo en la reserva y eso puede repercutir en el ámbito de la construcción/economía del país.

“Por eso, ya habíamos solicitado este presupuesto de G. 130 mil millones, pero lastimosamente se nos dio un presupuesto de un poco más de G. 70 mil millones este año, lo cual es totalmente insuficiente. En este momento, estamos cumpliendo gracias a las transferencias de fuente 30 de las Fuerzas Armadas para cumplir con la demanda. Es por eso, que solicitamos ahora esta ampliación de vuelta”, explicó.

Remarcó que ahora, nuevamente están presentando en el anteproyecto del Presupuesto General para el 2026, de vuelta el presupuesto de G. 135.000 millones, para no tener que volver a recurrir a ampliaciones el próximo año.

Respecto al stock con el que cuentan para este año, señaló que ya hay materiales que están llegando al tope, por ello ya están recurriendo a la transferencia de créditos de las Fuerzas Armadas, siempre en lo que hace a fuente 30 y con ello están cubriendo mínimamente las necesidades.

“Acá lo ideal es tener materiales en guarda por lo menos para abastecer entre 6 a 8 meses, para poder garantizar los materiales que son primordiales para todo lo que son la construcción tanto para el Estado, como para el sector privado. Hay que recordar que toda la fabricación de cemento, cal, concreto, que se producen en las canteras, el 98 % utiliza explosivos”, acotó.

Finalmente, dijo que el proyecto de ampliación ya estaría contando con dictamen favorables de las respectivas comisiones asesoras de la Cámara Baja, por lo que espera que este martes logre la media sanción correspondiente.

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El director general de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Senadores, Anselmo Duarte, indicó que inició el proceso de sumario a los dos exfuncionarios que estarían vinculados a la senadora Noelia Cabrera. Aunque aclaró que existen ciertas nebulosas con la nueva ley 7445/25 del Servicio Civil, ya que la misma aún está pendiente de reglamentación.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que la nueva legislación entró en vigencia recientemente, y aún se está trabajando en lo que respecta a la reglamentación; sobre todo en lo que hace a los sumarios a los funcionarios públicos.

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Si bien, el proceso sumarial se puede llevar adelante, aunque hayan renunciado los funcionarios afectados, lo que no se puede establecer todavía son las sanciones al respecto, ya que las mismas deben ser establecidas en la reglamentación.

Mencionó que la máxima sanción que es la destitución, pero ahora con los afectados renunciantes, no queda clara cuál sería esa sanción.

No obstante, recolectarán toda la información con los documentos que se tengan a mano, para llevar a cabo todo el proceso de sumario hasta el paso previo de la sanción, para luego entregar el informe a la presidencia de la Cámara Alta.

“Vamos a llevar adelante una investigación hasta donde corresponde. Solamente que debemos señalar que la nueva ley es un poco difusa, porque no está claro a qué llegamos con el sumario. Porque lo normal de un sumario es llegar a una consecuencia que sería una sanción”, comentó.

Tampoco está reglamentado dentro del Senado, porque también forma parte de la reglamentación de la nueva ley. “Pero aún así tenemos que llevar a término el proceso de sumario, al menos la investigación sumaria”, acotó.

Al respecto, aclaró que la investigación sumarial se basará en las faltas que pudieron cometer los entonces funcionarios Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, sobrinos de la legisladora liberal.

“Esas cuestiones de quién es pariente de quién, nosotros no somos una dirección jurídica de investigación en este caso, ese tema creo que le compete al Ministerio Público investigar si es que existe el hecho punible al respecto”, precisó.

Los distintos miembros de la oposición que integran la denominada bancada democrática, reunida el viernes último en la residencia de la senadora Celeste Amarilla, resolvió presentar el pedido de pérdida de investidura contra su colega, la senadora liberal Noelia Cabrera, alegando que existen las suficientes causales.

Al respecto, el líder de la bancada oficialista, el senador Natalicio Chase, insistió a que se debe aguardar que concluya el proceso sumarial antes de que el plenario tome algún tipo de posición y abogó a que sus colegas de la oposición también aguarden el resultado del sumario.

Indicó que, hasta ahora, lo único que se conoce es lo que se informó a través de los medios de prensa y no se tiene confirmación a través de ningún documento. Señaló que el presidente del Senado abrió un sumario, y cuando este concluya se tendrá una mayor capacidad de análisis.

“Nada vamos a hacer de manera apresurada. Cuando termine el proceso de investigación sumarial, seguramente vamos a tener nosotros las herramientas necesarias para tomar una determinación. Por ahora es absolutamente imprudente emitir una opinión. Porque no podemos condenar a nadie sin el debido análisis”, expresó.

Insistió que la bancada de Honor Colorado se mantendrá prudente en este caso aguardando el resultado del sumario para luego llevar adelante su propio análisis y ya será hasta entonces que tomen una decisión al respecto.

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Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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