El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, sostuvo que las 50 causas judiciales contra el exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, se deberían medir con la “misma vara” que el caso del exsenador Erico Galeano, quien ayer martes pasó su primera noche de reclusión en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional.

El parlamentario aguarda que la justicia sea implacable con políticos que enfrentan una extensa lista de denuncias penales con procesos judiciales en curso, haciendo alusión al destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.

“Esto deja por debajo el discurso de un Poder Judicial cartista, para todos los sectores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo. Mientras otros tienen entre 50 a 60 denuncias y se candidatan para presidente“, afirmó en una conferencia de prensa, este miércoles.

Prieto, quien fue destituido de la jefatura comunal esteña por hechos de corrupción el 19 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados, apura su campaña presidencial con recorridos y promesas, mientras continúa chicaneando contra el juicio por el caso “Tía Chela” y se encuentra imputado por el caso “Tajy”, causas por proyectos no ejecutados en pandemia, así como presuntas sobrefacturaciones y desvío de fondos.

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“Debemos medir a todos con la misma vara, pero eso no sucede. Dicen que el Poder Judicial es cartista, pero varios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron puestos por el gobierno abdistas y ciertos medios de comunicación que son sus aliados", indicó Núñez.

La mayoría de las denuncias penales por hechos de corrupción que pesa sobre Prieto, fueron impulsadas por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas.

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El ministro de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, acudió al Congreso Nacional para sentar nuevamente la posición de rechazo del Ejecutivo al proyecto de ley que pretende que los recursos económicos del programa “Hambre Cero” en las escuelas manejados por las gobernaciones pasen a ser administrados por las intendencias.

“Desde el Ejecutivo traemos una posición definida con respecto a este proyecto y no es momento de hacer cambios, ya que el programa se va consolidando. Si se llega a sancionar y promulgar, este proyecto implicará primero anular todos los contratos que hoy están vigentes con los proveedores; esta situación interrumpirá la provisión de alimentación escolar“, comentó a los medios de comunicación al asistir a la convocatoria realizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

Rojas acotó: “También se iniciará nuevamente un proceso de llamado de licitación; volver a administrar otra vez 263 contratos con diferentes municipios y empresas será algo imposible de controlar y monitorizar, y esto es algo que necesita el programa de manera constante; para nosotros es inaplicable”, comentó a los medios de comunicación.

No obstante, Rojas mencionó que ve factible la posibilidad de aumentar la obligatoriedad de compras a los productores frutihortícolas y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Entendemos la preocupación del proyectista, el senador Colym Soroka, sobre las compras de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes; esto es un aspecto que está reglado por decreto que se debe ir revisando. El mismo establece una obligación de compra del 10 % como mínimo sobre el monto total del contrato”, comentó.

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El alto funcionario de Estado manifestó que “se debe revisar el volumen de consumo y probablemente tenga que ser aumentado el 10 %“. Desde el Gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay se propuso aumentar del 10 % al 40 % la obligación de compra de producción nacional dentro del programa Hambre Cero, con la finalidad de fortalecer a los productores organizados y formalizados del país.

El encuentro también contó la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera y el titular del Consejo de Gobernadores y jefe departamental del Guairá, César Sosa, quien alegó que esta iniciativa cuenta con un trasfondo electoral. “Claro que hay una disputa electoral, pero venimos a ver cuáles son los cuestionamientos o dudas que tienen. Hasta hoy no existe una sola denuncia formal contra los gobernadores sobre el manejo del programa“, dijo Sosa.

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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, dijo que dentro de 15 días tendrá finalizada la redacción del proyecto de ley que plantea el doble voto preferencial dentro de una misma lista. Detalló que antes de su estudio en las cámaras legislativas, la iniciativa será previamente expuesta y debatida entre las altas autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Nosotros vamos a instalar el debate, hay varios países de la región que tienen este sistema. Vamos a terminar la confección del proyecto dentro de 15 días, se está pidiendo la colaboración de gente que conoce de temas electorales. En este caso no será una modificación de leyes actuales, sino una ampliación al darle un voto más de preferencia al elector”, refirió a la 780 AM.

El senador refirió también que de prosperar su aprobación en el Legislativo y su promulgación en el Ejecutivo, será implementado luego de los comicios municipales del presente año. “Se necesitará un gran consenso entre todos los partidos, o sino mejor quedarnos con lo que tenemos ahora. Si ya tenemos una lista desbloqueada, por qué no darle más opciones o un menú variado al ciudadano para elegir”, comentó.

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Por otra parte, Núñez se refirió al requerimiento de la disidencia colorada y un sector de la oposición de auditar nuevamente las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones internas partidarias del 7 de junio, pese a que esta etapa ya se ejecutó en febrero pasado. En caso de no concretarse requieren que los comicios sean postergados.

“Los plazos electorales son perentorios, improrrogables. En febrero se hizo las auditoría a las máquinas y el Partido Colorado participó con sus apoderados así como la oposición. Es un daño al sistema de elección y a la democracia plantear ahora dudas, faltando menos de 30 días de las elecciones. Si ellos quieren de vuelta auditar y si el Tribunal Superior de Justicia Electoral está a disposición, que se haga, pero el postergar las elecciones es algo grave“, dijo.

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“Va a ser un beneficio para la medicina paraguaya, porque la medicina es dinámica; con el tiempo aparecen otros medicamentos, otros insumos”, señaló el titular del IPS.

El Instituto de Previ­sión Social (IPS) dis­minuirá su stock de medicamentos e insumos. Hasta el momento, son 817 productos que saldrán de su listado. Pero se seguirá dis­minuyendo, anunció ayer el presidente de la previsional, Isaías Fretes. Tras la revi­sión del vademécum insti­tucional, se procedió a la eliminación de 817 insumos médicos de 1.000 productos, debido a que ya son innece­sarios, porque ya no se usan en quirófano, por ejemplo.

El próximo miércoles se tendrá una lista ampliada de un total de 4 mil insumos. “Esto aún no está consoli­dado. Van a seguir saliendo productos y va a consoli­darse el jueves, y una vez que tengamos el trabajo comple­tado, se va a llevar al Consejo y se va a oficializar”, explicó el doctor Fretes en confe­rencia de prensa.

Aclaró que no se busca per­judicar a proveedores, sino ordenar compras, priori­zar medicamentos vigentes. “Va a ser un beneficio para la medicina paraguaya, por­que la medicina es dinámica; con el tiempo aparecen otros medicamentos, otros insu­mos”, señaló el titular del IPS.

Esta medida significará un millonario ahorro para la institución. “Vamos a ahorrar millones y millones de guara­níes”, resaltó. En ese sentido, Fretes dijo que el IPS arrastra un déficit de entre USD 20 y 26 millones y habló de “focos de corrupción” dentro de la institución. Sostuvo además que cambiar el vademécum es entrar al “corazón de la corrupción”.

Un grupo de auditores se encargará de controlar el stock de medicamentos, materiales e insumos. “Que­remos controlar cómo fue­ron entregados conforme a las licitaciones y contra­tos. Cómo se está adminis­trando desde el Parque Sani­tario para la farmacia interna, para la farmacia externa y su distribución en todo el terri­torio nacional. Si están efi­cientemente documentados”, detalló Alberto Cabrera, audi­tor general del Poder Ejecu­tivo.

Por otro lado, los audi­tores trabajarán en el área de la administración de los inmuebles, propiedades de IPS. “Queremos saber cuán­tos están titulados, cuánto le costó a IPS. Y los inmuebles que están alquilados, quiénes están alquilando, por cuánto están alquilando y hacer un estudio del costo de mante­nimiento de esas propieda­des con relación al ingreso que generan esas propiedades para determinar beneficios y cos­tos”, precisó Cabrera. Son más de 800 propiedades, según informaciones generales.

IPS ordena auditar más de 800 propiedades para transparentar sus ingresos por alquileres.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, ordenó la auditoría de las más de 800 propiedades de la institución para conocer la ubicación de las mismas, el monto que se cobra por alquiler, la identi­dad de los arrendatarios, y de esa manera trasparentar los ingresos de la previsional.

La investigación estará a cargo del auditor general del Ejecutivo, Alberto Cabrera, quien junto a su equipo hará una revisión de los contratos de alquiler de las propiedades de la previsional y costos de mantenimiento.

“Eso siempre fue un secreto, pero los dueños son los ase­gurados y deben enterarse”, afirmó Fretes, ante los medios de comunicación. Según ade­lantó, los ingresos actuales son bajísimos en relación al valor de los inmuebles, que incluyen lotes en el exclu­sivo Paraná Country Club y más de 400.000 hectáreas en el Chaco.

Fretes señaló que la primera información recibida indi­caba un ingreso ínfimo por el alquiler de todas las pro­piedades, cifra que luego se corrigió a un monto mucho menor, según explicó.

“Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución”, dijo el auditor general del Poder Ejecutivo.

El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó que en agosto con­cluirá la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar el destino y ren­tabilidad de al menos 900 inmuebles pertenecientes al ente previsional.

“Solicitamos dentro de nues­tro pedido de auditoría el organigrama de la institu­ción. Nosotros creemos que si se desarrolla normalmente, si las documentaciones son proveídas en tiempo y forma, para fines de agosto ya pode­mos emitir un informe final”, señaló a la 1020 AM.

Detalló que se hará una revi­sión completa de las propie­dades. “Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución. Este es un tra­bajo interinstitucional, en la auditoría tenemos que vincu­larnos al Registro General de la Propiedad para ver la situa­ción real de cada inmueble titulado”, refirió.

Así también, se verificará el estado de disponibilidad. “Nosotros no nos vamos a conformar con los títulos nomas, tenemos que saber en qué situación está ese título de propiedad”, remarcó.