Solo es necesario que pasen unos 90 días para que uno ingrese a esa lista de Informconf, indicó el diputado Ramírez. Propone ampliar ese periodo a causa del COVID-19. Foto: Archivo
Diputado propone extender plazo para no ingresar a Informconf
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El diputado colorado Hugo Ramírez lleva a cabo una encuesta ciudadana respecto al proyecto de ley que regula la gestión de la información vía Informconf. En la consulta pública a través de la red social Twitter, el diputado pregunta a los internautas cuál consideran debería ser el plazo de incumplimiento o retraso del pago de deudas para que uno ingrese en la base de datos de Informconf.
El proyecto presentado es el “Que establece mecanismos temporales de alivio a aquellos deudores que han incurrido en mora a consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19″. El diputado anunció que dada la prioridad de la ley, planteará moción de preferencia este miércoles para que sea tratado el próximo miércoles 1 de julio.
En este marco, Ramírez realiza una consulta pública sobre si se debería ampliar a 150 días más, 250 días más o 365 días el periodo para ingresar al sistema. “Solo es necesario que pasen unos 90 días para que uno ingrese a esa lista de Informconf y todas las consecuencias negativas que esto conlleva”, indicó.
Señaló que en esta pandemia muchos ciudadanos se vieron en la imposibilidad de pagar sus deudas, de las cuales aproximadamente 100.000 personas son del sector formal y 200.000 del sector informal.
Propuesta presentada por el diputado Hugo Ramirez, mocionó por un tratamiento para el próximo miércoles. Fuente: Gentileza.
Cabe recordar que el 4 de junio pasado, el Poder Ejecutivo rechazó varios artículos de la “ley de Informconf” alegando que el histórico de los pagos no debe borrarse a los 5 años. Recordemos que el Código Civil establece que al cabo de cinco años las deudas prescriben. Ahora, diputados y senadores deben aceptar las objeciones del Ejecutivo o mantenerse en su versión.
Informconf es una empresa que desarrolla soluciones informáticas con los diferentes datos personales, en el caso de morosidad, proporciona información a los clientes empresariales para diversos usos.
Impulsan proyecto de regularización de tierras expropiadas en Antebi Cué
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Diputados de diferentes bancadas presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca regularizar la tenencia de tierras expropiadas en Antebi Cué, que abarcan unas 267.836 hectáreas en los distritos de los los departamentos de Concepción y Amambay.
Se trata del proyecto “que establece el régimen especial para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles expropiados por la Ley Nº 517/95”. Se pretende ordenar la situación jurídica y ocupacional de las tierras expropiadas en 1995, destinadas a beneficiarios de la Reforma Agraria.
La propuesta plantea establecer un régimen especial y transitorio que permita concluir el proceso de regularización, mediante la identificación de los ocupantes y la verificación de su condición de sujetos de la Reforma Agraria, además de exigir informes técnicos y sociales antes de cualquier adjudicación, transferencia o fijación de precios.
Además se plantea que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sea la autoridad de aplicación y tenga a su cargo la elaboración de informes que contemplen la identificación de los ocupantes.
El Indert también deberá verificar el cumplimiento de los requisitos del Estatuto Agrario, la actividad productiva desarrollada, la existencia de adjudicaciones anteriores, el uso efectivo de los inmuebles, la aptitud productiva del suelo y una tasación oficial actualizada.
Los diputados se reunirán este miércoles a las 10:00 para tratar el proyecto de ley de emergencia que busca garantizar la devolución íntegra de los depósitos a los ahorristas de ueno bank. Foto: Gentileza
Diputados convoca a sesión para tratar proyecto de ley de protección a ahorristas de ueno bank
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La Cámara de Diputados convoca a sesión extraordinaria para este miércoles a las 10:00 para tratar como único tema el proyecto de ley con media sanción del Senado que busca brindar protección a los ahorristas de ueno bank, otorgándole además liquidez inmediata.
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, anunció que el cuerpo legislativo dará tratamiento prioritario y urgente al proyecto de ley “que establece la ampliación de la Garantía de Depósitos Bancarios del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para la cobertura de la totalidad de los fondos públicos depositados en la entidad bancaria denominada ueno bank”.
La normativa plantea una modificación excepcional y perentoria a los límites actuales establecidos en la Ley Nº 2334/03 de Garantía de Depósitos.
El objetivo es salvaguardar los activos del Estado y evitar un perjuicio patrimonial irreversible a las instituciones públicas que mantenían sus reservas e inversiones en el banco bajo proceso de resolución.
Con esta herramienta legal se busca autorizar al Banco Central del Paraguay (BCP) a utilizar los mecanismos de liquidez y los recursos del FGD para cubrir de forma total -y no solo hasta el tope legal ordinario de 75 salarios mínimos- las cuentas correspondientes a los entes públicos afectados.
El texto aprobado este martes por los senadores establece un anticipo de la garantía de depósitos de hasta 40 salarios mínimos por depositante, previa compensación de sus obligaciones con la entidad.
La ley prevé el pago dentro de las 24 horas siguientes, una vez aprobada la iniciativa legislativa.
Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
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Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados evaluó el proyecto que busca renovar la declaración de emergencia nacional por consumo de drogas. Foto: Gentileza
Diputados analizan renovación de emergencia por consumo de sustancias psicoactivas
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La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analizó este lunes el proyecto de ley que busca renovar la emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas.
Con esta medida se busca fortalecer las políticas públicas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.
La iniciativa surge tras el vencimiento, el pasado 6 de junio, de la declaración de emergencia anterior.
Su fundamentación sostiene que las circunstancias que motivaron aquella medida persisten y requieren una respuesta sostenida, coordinada e integral por parte del Estado.
Durante el tratamiento en la comisión asesora, se recordó que se realizó una audiencia con representantes de distintas instituciones, que coincidieron en la importancia de renovar la declaración de emergencia.
Además, se planteó la necesidad de introducir modificaciones al texto para precisar las competencias y responsabilidades de cada organismo.
Se apunta asimismo a fortalecer la coordinación interinstitucional, incluida la participación del Ministerio del Interior.
Considerando estas propuestas, el bloque asesor resolvió postergar el dictamen para realizar consultas con el proponente y avanzar en la elaboración de un texto consensuado.