“La situación en Ciudad del Este está muy candente. Los delincuentes nunca admiten que son delincuentes”, sostuvo el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), ante las afirmaciones del intendente Miguel Prieto y su entorno político, quienes alegan que el proceso de intervención a su gestión se transformó en una campaña de desinformación y persecución a base a mentiras.

“Prieto, mediante el populismo quiere tratar de desvirtuar la realidad, pero esta es mucho más fuerte, se tienen muchas irregularidades, corrupción en la administración municipal que van saliendo, que nosotros habíamos denunciado como casos de planillerismo, la existencia de empresas de maletín que fueron beneficiadas para delinquir", dijo a la radio Tribuna.

De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante la Fiscalía con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Por más que Prieto quiera ocultar la documentación requerida para el proceso de intervención, eso no impide que se puedan demostrar los hechos punibles y las irregularidades. La falta de documentos retrasa la investigación, pero eso no significa que el interventor no pueda presentar su informe, verificando datos de otras fuentes", puntualizó.

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1. Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo, se enfrentaron a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor.

Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

2. Dudosa asignación

La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42.000 millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.

3. Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, transcurrieron semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

4. Combustibles con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en lugar de destinarlos a urgencias reales.

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Los familiares de Ruth Karina Sánchez Caballero, quien falleció tras ser atropellada por un ómnibus del transporte público en la ciudad de Ñemby, claman justicia.

Denuncian que el chofer de la Línea 15 que protagonizó el accidente estuvo preso solo durante dos semanas y que los directivos de la empresa de transporte tampoco se hacen responsables de lo sucedido. El siniestro se produjo el viernes 18 de julio cuando la joven fue embestida mientras cruzaba la calle a bordo de su motocicleta.

“Hasta el momento ningún representante de la empresa se comunicó con nosotros. No se acercaron ni en el momento del accidente. Yo estaba en el hospital reconociendo el cuerpo de mi hermana, nadie se acercó, tuvimos que correr nosotros con todos los gastos”, señaló Benjamín Sánchez al canal C9N.

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El joven manifestó que recurrieron a la Fiscalía para averiguar sobre el avance de las investigaciones y recibieron la noticia de que el conductor del colectivo ya había recuperado su libertad.

“Nos dijeron que el chofer fue liberado, no sabemos con qué figura, pero tengo entendido que está en su casa. Hay gente que nos dice que inclusive ya le vieron trabajando, nosotros no sabemos, no podemos constatar eso, pero exigimos justicia”, afirmó.

Dijo que la citada empresa de transporte ya cuenta con “un historial de accidentes” con motociclistas, automovilistas y transeúntes, pero “siempre salen impunes”.

“Yo no sé si esto es propiedad de algún político, pero tienen vehículos totalmente obsoletos, igual siguen circulando. Entonces, exigimos justicia porque no puede mi hermana de 27 años, una vida joven, y que esto quede así en el opareí, sin que nadie se haga responsable”, subrayó.

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Desde la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) expresaron su respaldo al economista Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, ante una evidenciada campaña de boicot y amedrentamiento que impulsa el intendente Miguel Prieto y su equipo político para obstaculizar el proceso de intervención en su administración.

“Prieto busca amedrentar de una manera agresiva. El interventor y su equipo está llevando adelante su trabajo en un ambiente complicado y difícil. Prieto y su equipo de acólitos buscan confundir a la gente, embarrar la cancha con mentiras. Si no tiene nada que ocultar, que dejen al interventor Ramírez hacer su trabajo“, dijo Julio López, miembro de la organización no gubernamental, en una entrevista con la radio Tribuna.

López siguió sosteniendo que “lo que realmente indigna es que su gestión no resistirá ninguna auditoría. Para ocultar esa situación, se difunden mentiras en redes sociales, y lamentablemente hay gente que aún les cree".

De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Las denuncias que revelamos son apenas la punta del iceberg. Si escarbamos en todos los hechos de corrupción, él debería estar tras las rejas. Prieto y su equipo resultaron ser un grupo de jóvenes corruptos que mienten a capa y espada. Realmente robaron desde los primeros meses de su gestión e incluso durante la pandemia realizaron acciones irregulares", lamentó.

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Por otra parte, López destacó el trabajo impulsado por Ramírez y su equipo técnico al sostener que “el interventor está desarrollando una política de puertas abiertas. Ya nos hemos reunido y hemos colaborado con las pruebas e información que tenemos".

1. Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo, se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

2. Dudosa asignación

La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42.000 millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.

3. Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

4. Combustible con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en lugar de destinarlos a urgencias reales.

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“Hay una abierta inconsistencia entre su discurso, su gestión y sus obras”, dijo el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, tras acusar al intendente Miguel Prieto de impulsar junto con sus aliados políticos una "campaña de desobediencia" en la localidad, principalmente en obstaculizar el proceso de recaudación de la comuna.

“Alentamos a la ciudadanía que no se deje amedrentar y que se acerque a la institución para cumplir con sus obligaciones (pago de impuestos). Vamos a intensificar los procedimientos en el área de las recaudaciones. Sabemos que existe una campaña en contra y esto incluso puede calificarse como una campaña de desobediencia a las normas vigentes“, expresó el economista en una entrevista con la radio Tribuna.

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Ramírez mencionó que, ante dicha situación, finalmente serán los funcionarios de la municipalidad y la población en general los más afectados, teniendo en cuenta que ante la falta de ingresos será difícil zanjar las deudas con proveedoras, el pago del salario y la continuidad de los servicios.

“Esta es la situación que enfrentamos y la tenemos que administrar. Me espanta la desprolijidad administrativa de una ciudad, una capital tan grande como es Ciudad del Este. Hay una discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. A la ciudadanía que ellos dicen defender les boicotean exigiendo, incluso a sus adeptos, a no cumplir con sus obligaciones“, lamentó.

En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, Prieto envío la semana pasada a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en su gestión.

“Estamos haciendo un trabajo técnico y profesional. Queremos seguir con nuestro cronograma y completar profesionalmente esta intervención. Estamos trabajando sin estar en contra ni a favor de nadie. Los informes se establecerán con pruebas concretas“, puntualizó Ramírez.

Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

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