El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, en su intento de victimizarse acusó nuevamente a la “mafia” por el proceso en su contra en el caso de sobrefacturaciones en la compra de combustible. Destacó que no tiene problemas en ir a la cárcel para demostrar su “inocencia”.
“No tengo nada que esconder y si para aclarar me tengo que ir a la cárcel, me voy. Voy a hacer el sacrificio”, declaró el presidente del mayor partido de oposición en entrevista con la 1020 AM.
Sostuvo que la investigación en su contra es una persecución política y de la “mafia”. A su criterio, en Paraguay hay una democracia fallida, con muchas falencias y volvió a recordar las elecciones generales del 2018, donde supuestamente él fue el ganador.
Alegre indicó que hay muchas falencias en materia de salud y educación en el país. Ante las denuncias y la investigación en su contra, se declaró inocente y acusó a los legisladores de su partido que, según él, responden al Partido Colorado y al gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Un ciudadano que no tiene acceso a salud, educación básica, que no tiene posibilidad de generar o de trabajar en su patria, es una democracia con problemas. Hoy estamos en una democracia donde sus instituciones están secuestradas por la mafia”, agregó.
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Una serie de facturas falsificadas sacan a la luz algunos trapos sucios de la administración del Partido Liberal Radical Auténtico, a cargo de Efraín Alegre. Las adulteraciones se venían realizando en el marco de la campaña electoral del 2018, según las investigaciones del Ministerio Público.
Efraín Alegre, Pascual Benítez y Luis Moriz fueron imputados por la Fiscalía por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
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Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
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Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
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“Después de años de show”, caen las denuncias falsas del abdismo, afirma diputado
El diputado Rodrigo Gamarra también se pronunció ante el pedido de la Fiscalía de desestimar la causa en contra del expresidente Horacio Cartes, impulsada por el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio. El legislador sostuvo que finalmente la verdad sale a la luz luego de años de mentiras y persecución del sector político liderado por Mario Abdo Benítez.
“La verdad no necesita gritar. Solo espera su momento. Hoy, la Fiscalía confirmó lo que el tiempo ya había dejado claro: no hubo delito, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado, ni nada. Persecución política en solitario”, afirmó Gamarra a través de su cuenta de red social X.
Así mismo, indicó que este sector por años llevó adelante un show mediático, con el apoyo de algunos medios de comunicación para atacar, tanto al actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, como al movimiento que lidera, Honor Colorado.
“La causa contra Horacio Cartes se cae por falta de pruebas. Después de años de show mediático, denuncias sin sustento, tapas y titulares comprados y mentirosos, la Justicia empieza a limpiar lo que sicarios ensuciaron”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra.
Por otra parte, refirió que el “narcoministro”, en referencia a Arnaldo Giuzzio, “debería pedir perdón en cadena nacional, y varios sicarios mediáticos tendrían que bañarse con agua bendita”. Finalmente detalló que, con la postura de la Fiscalía, se puede constatar que la Justicia no encontró pruebas.
“Pero nosotros sí encontramos una vez más: los verdaderos mentirosos; los que usaron al Estado como garrote político; los que hoy se tragan su propio veneno. Hoy ganan como siempre la verdad, el tiempo, y Horacio Cartes”, sentenció Gamarra.
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MDS pide a Fiscalía investigación por cobro de pensión de adultos que ya fallecieron
El Ministerio de Desarrollo Social denunció ante la Fiscalía el supuesto hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones a nombre de personas ya fallecidas.
El caso se refiere a personas desconocidas que estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores, pero a nombre de personas que ya habían fallecido, según la denuncia presentaao por el abogado Alberto Lezcano, director general de Auditoría Interna.
Según el escrito, los casos fueron detectados gracias a los controles efectuados por funcionarios de esta auditoría en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.
En uno de los casos, en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, se detectó que la señora María Magdalena González de Medina, falleció en Argentina, hace varios años. Tras una verificación en la casa de la señora, una familiar confirmó que la señora falleció el 13 de agosto de 2018, en Buenos Aires, y que no contaba con los documentos.
Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Pensión para las Personas Adultas Mayores (SIPPAM), al 19 de mayo pasado, la cuenta seguía activa.
Teniendo en cuenta estos datos, según los cálculos realizados se cobró en forma indebida más de G. 48 millones.
En otro caso, en Alto Paraná, afecta a Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, quien según los datos falleció en el 2018, en su domicilio y que no procedieron a gestionar el acta de defunción. El registro arroja que la cuenta seguía activa, y que el monto cobrado irregularmente alcanzaría más de G. 45 millones.
Otro de los casos detectados, registra que la señora De las Nieves Paredes Vda. de Urbina falleció en abril de este año, pero en mayo, la cuenta continuaba activa.
Las sospechas recaen sobre personas innominadas, familiares o personas de confianza, quienes no comunicaron el fallecimiento y siguieron utilizando las tarjetas de débito para realizar el cobro irregular.
Atendiendo a las instrucciones recibidas del ministro Tadeo Rojas, el abogado Lezcano solicita la investigación de estos hechos por parte de los fiscales, que se solicite informes al Banco Nacional de Fomento (BNF), así como se pidan datos a la Policía Nacional a fin de identificar a los responsables de estos hechos irregulares.
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Cristina Kirchner anuncia que se presentará ante la justicia y pide prisión domiciliaria
La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentará el miércoles ante la justicia para empezar a cumplir la pena de seis años de prisión a la que fue condenada por corrupción, informó este viernes la dirigente izquierdista.
Kirchner, presidenta del Partido Justicialista y principal opositora al gobierno de Javier Milei, ha pedido cumplir la pena en prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años. La Corte Suprema del país confirmó el pasado martes una condena de 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su presidencia.
Kirchner, que había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, fue además inhabilitada políticamente de por vida. La exmandataria expresó este viernes que no eludirá órdenes judiciales. “Por eso el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py (sede de los tribunales en Buenos Aires) para estar a derecho como siempre lo he hecho”, afirmó este viernes en sus redes sociales.
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Se trata del último día del plazo fijado por la justicia. La dos veces presidenta (2007-2015) solicitó al tribunal cumplir su condena en prisión domiciliaria en su casa del barrio de Constitución, a escasos minutos del Congreso Nacional, en la capital argentina. El tribunal aún debe decidir si lo autoriza, solicita otro domicilio de detención o la envía a prisión.
La ley argentina establece que los mayores de 70 años, excepto los condenados por delitos de lesa humanidad, pueden solicitar prisión domiciliaria, pero el beneficio queda a discreción del juez de la causa.
Seguridad personal
“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, argumentó Kirchner este viernes. La exmandataria recordó que cuenta con custodia personal “de por vida” por su condición de expresidenta. “Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, dijo.
En 2022, cuando Kirchner era vicepresidenta, un sujeto se coló entre un grupo de simpatizantes que la saludaban frente a su casa y le disparó a la cabeza a corta distancia, pero las balas no salieron. “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios”, dijo este viernes.
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El atacante y otros involucrados están siendo juzgados, pero Kircher denuncia que la justicia “no ha querido avanzar respecto a los autores intelectuales y los apoyos económicos”. La expresidenta acusa de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces de la causa, y la oposición considera su condena una proscripción.
Los tres jueces de la Corte Suprema “son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos”, denunció Kirchner frente a una multitud en Buenos Aires tras la condena.
Fuente: AFP