El fiscal Eugenio Ocampos, quien lleva adelante la investigación contra el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, imputado por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, denunció en horas de la tarde ante la comisaría 7ma. que recibió amenazas y coacción en los últimos días con el propósito de amedrentarlo para que se aparte del caso. El profesional aseguró temer por su vida y la de su familia. En dicha causa también están imputados Pascual Benítez y Luis Moriz.
En comunicación con La Nación, el fiscal Ocampos expresó: “Estoy recibiendo amenazas y coacción para abandonar el caso, por lo que realicé la denuncia respectiva para que se investigue el hecho y si me sucede algo a mí o a mi familia, dejo constancia de ello”.
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A continuación transcribimos la denuncia hecha por el fiscal: “(...) En el transcurso de la investigación recibió llamadas de personas allegadas al Partido Liberal Radical Auténtico, manifestándole con palabras textuales ‘que me cuide como así también mi familia y que no me meta con ellos’”, refiere parte del documento.
La denuncia indica además que “en fecha 16 de junio del 2020, siendo las 09:00, al intentar ingresar al Palacio de Justicia, fue recibido por un grupo de personas desconocidas, la mayoría con tapabocas, con las insignias del PLRA, gritándole todo tipo de improperios e insistían en que se parte de la causa y que se atenga a las consecuencias”.
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Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
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Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
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IPS denuncia presunto daño patrimonial y avanza en otras 30 investigaciones
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.
Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.
“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.
Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.
Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.
Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.
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Expulsan a bombero condenado por acoso sexual y coacción en Alto Paraná
El consejo directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, decidió expulsar de sus filas al voluntario que fue condenado por acoso sexual y coacción. El hombre se desempeñó como vicedirector de operaciones de la citada compañía.
Esta semana se dio a conocer la resolución RCD n° 08/2026 del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, en el que se establece la expulsión con degradación de Fabio Martín Bravo González, quien fue condenado por acoso sexual y coacción.
“Esta medida disciplinaria, derivada de las faltas gravísimas a la ética y moral institucional, se sustenta en una sentencia condenatoria firme de la Justicia Penal. La institución mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que vulnere la dignidad humana y los valores bomberiles”, expresaron en el comunicado.
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Esta condena contra Bravo fue ratificada en todas las instancias, además, fue confirmada por el Acuerdo y Sentencia nº 24 del Tribunal de Apelación. Así también, fue cerrada definitivamente al declararse inadmisible el recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia, agotándose así todas las vías recursivas.
Bravo González fue denunciado por dos voluntarias en octubre del 2020. Estas confirmaron que el voluntario en su carácter de superior las acosaban de manera sistemática desde el 2012, obligándolas a mantener relaciones sexuales para continuar en la institución.
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IPS denuncia ante la Fiscalía robo de cables por valor de G. 90 millones
Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron este miércoles ante el Ministerio Público el robo de 111 metros de cables del departamento de Mantenimiento del Hospital Central.
El asesor jurídico Pablo Morínigo presentó el escrito ante la Fiscalía Barrial número 7 y según afirmó el perjuicio causado al instituto sería de unos G. 90 millones.
Explicó que esta es la primera acción impulsada por la nueva administración contra personas innominadas. Dijo que esta denuncia es la punta del iceberg, ya que actualmente hay unas 30 auditorías en curso ordenadas en investigación de varias irregularidades detectadas en diferentes ámbitos del ente previsional.
“La denuncia es contra personas innominadas. Puede ser el monto que sea, puede ser dos jornales también, pero no pasa por la cuantía, pasa por el hecho. No podemos dejar pasar nosotros, estamos obligados”, señaló Morínigo a los medios de prensa.
Afirmó que por cada hecho detectado se abre auditoría a fin de que se pueda contar con documentos que avalen las denuncias.
“Desde que el doctor Isaías Fretes asumió, de todos los recorridos que él hizo, él ordenó aproximadamente 30 auditorías de los distintos hechos que fue notando”, subrayó.
Comentó que actualmente están trabajando en el IPS dos equipos de Auditoría del Poder Ejecutivo así como siete equipos de la Contraloría General de la República, al mencionar que las investigaciones están “en pleno proceso”.
“Por eso es que dije que esto es la punta del iceberg , vamos a ir encontrando más cosas y eso va a ameritar probablemente más denuncias y eventuales sumarios administrativos”, remarcó.
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