Varios diputados de la oposición presentaron en la mañana del día de hoy, al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, el pedido de consideración y correspondiente acuerdo constitucional del pedido de juicio político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraba.

Denuncian que Quiñónez interfirió a favor del empresario Karim Salum para que éste llegado al país de un viaje al exterior pudiera cumplir cuarentena sanitaria como lo establece el Ministerio de Salud en su residencia particular no así en albergues como los demás compatriotas. Así también mencionan los últimos casos de corrupción que se dieron a conocer por la compra de insumos médicos y que la Fiscalía no actúa de oficio.

“La Fiscal al tener un interés directo en el procedimiento, utilizó todas las herramientas posibles para maniobrar el protocolo” reza parte del contenido.

Acusan formalmente a la Fiscal General, de mal desempeño de sus funciones, fundado en el art. 225 de la Constitución Nacional. Los proponentes son 9 diputados: Celeste Amarilla, Edgar Acosta, Fernando Orregioni, Carlos Ma. López, Enrique Silva, Salustiano Salinas, Jorge Ávalos, Teófilo Espinola y Eri Valdéz.

De acuerdo con la nota presentada a la presidencia de la Cámara de Diputados, los legisladores exponen causales que según estos, se fundamentan en consideraciones de hecho y de derecho.

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Alegatos para un juicio político

Los diputados, en su mayoría liberales, enumeran los siguientes alegatos para fundamentar el pedido de acuerdo constitucional para el juicio de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez:

  • La Sra. Sandra Quiñónez ha incurrido en mal desempeño de sus funciones por atentar contra el derecho de a la vida de las personas, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Nacional.
  • Asimismo, la Sra. Sandra Quiñónez violó el principio constitucional de la igualdad de las personas establecido en el artículo 46 y 47.
  • La sra. Quiñónez al tener el cargo más alto en la Fiscalía General del Estado es la primera obligada a cumplir, con lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional del Derecho a la Salud.
  • También forma parte de esta acusación, el atropello a las disposiciones señaladas en los artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional.

La diputada liberal Celeste Amarilla, firmante el pedido afirmó que “se nota una gran perdida de credibilidad hacia la fiscalía en estos últimos días (...) sobre todo en estos últimos casos de corrupción en los insumos médicos y esa ya tiene que ser una señala para los políticos para cambiarla”.

Por su parte el diputado Edgar Acosta afirmó que “lo hecho por la fiscalía no debería ser el del representante de la sociedad”. Mencionó entre otros casos de corrupción el del Metrobus.

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