El Consejo de la Magistratura decidió postergar la integración de las ternas para los cargos de Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Penal, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, del Edicto N° 15/2018 y jueces de diversos fueros del Edicto N° 07/2019. La decisión fue tomada en el marco de la sesión extraordinaria presencial y virtual.
En este contexto, el pleno resolvió que estos cargos sean objeto de un informe de auditoría que realizará la Dirección Jurídica de la institución, a fin de cotejar en el sistema de Criterios de Selección de Magistrados (Crisema) la nómina de postulantes habilitados y verificar los perfiles bloqueados para el estudio correspondiente en una próxima sesión.
Igualmente, se analizó lo relacionado a la etapa de exámenes de conocimientos del Edicto 09/2019 y 01, 02, 03 y 04 del 2020, que fueron postergados a raíz de la pandemia del coronavirus. En este caso, los miembros del consejo resolvieron efectuar una verificación acabada del total de postulantes y de acuerdo a su localidad inscripta a fin de obtener datos precisos que encaminen una disposición final para dicha etapa.
En la sesión extraordinaria también se trataron las notas ingresadas y se decidieron sobre los reclamos efectuados por postulantes, con el acompañamiento de dictámenes elevados por la dirección jurídica del organismo. La sesión fue trasmitida en directo por las plataformas de la institución.
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Fiscales se instalan en oficinas del IPS en busca de documentos sobre licitaciones
Este lunes, los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González llegaron hasta el edificio de la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión del expresidente Jorge Brítez.
El doctor Isaías Fretes confirmó que entregará todas las documentaciones requeridas.
La comitiva fiscal llegó hasta las oficinas administrativas para avanzar con las investigaciones en la causa abierta contra el extitular de la previsional para dar continuidad a la causa penal abierta contra Brítez, quien es investigado por supuestas irregularidades en procesos licitatorios.
“Venimos para entrevistarnos con el presidente Isaías Fretes, para que conozca quiénes son los fiscales cara a cara. Hasta el momento hay una total apertura de esta administración, en cuanto a brindarnos toda la colaboración. Tenemos que basarnos en las documentaciones que iremos recabando en el transcurso de los días”, dijo Corbeta, a los medios de comunicación.
Afirmó que mantuvieron una reunión con el actual presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, y otras autoridades de la institución, para conversar sobre los supuestos casos de licitaciones amañadas con un perjuicio de más de G. 392.000 millones, denuncia que fue presentada por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz.
Por su parte, el actual titular del IPS aseguró que entregará toda las documentaciones que sean necesarias para avanzar con el caso. “Estas licitaciones son de años anteriores donde, hablando mal y pronto, no tengo vela en este entierro”, puntualizó.
La semana pasada, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la apertura de una causa penal contra el expresidente de IPS, Jorge Brítez, y el exgerente de Abastecimiento y Logística, Jaime Caballero.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.
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Cantero defiende su nominación para juez: “Es injusto que no se mire mi trayectoria”
“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria”, indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de Primera Instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM). El fiscal recordó además que no es la primera vez que se postula a cargos judiciales y que en ocasiones anteriores quedó fuera de ternas.
“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo, con 30 años, formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cantero reconoció que los cuestionamientos en su contra provienen principalmente de sectores ligados al gobierno anterior, encabezado por Mario Abdo Benítez, luego de la imputación que él y otros fiscales promovieron contra el exmandatario y varios de sus exministros en el escandaloso caso Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), en que se instrumentó la persecución política de adversarios electorales desde instituciones estatales.
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¿Defensora de Pecci?
El agente fiscal cuestionó el rol actual de Cecilia Pérez, operadora política del expresidente que criticó su selección para la terna, al recordar las diferencias que ella tuvo con el fiscal Marcelo Pecci cuando ocupaba el Ministerio de Justicia, pero que hoy funge como abogada de una parte de la familia del agente del Ministerio Público, asesinado hace cuatro años en Colombia.
“Me llama muchísimo la atención que una persona que en su momento fue crítica, incluso dando mensajes increíbles al doctor Marcelo Pecci, hoy sea abogada de la familia”, expresó al recordar que Pérez ni podía cruzarse con Pecci y afirmó que la exministra utiliza los medios para instalar cuestionamientos políticos y defender causas vinculadas al abdismo. “Cada vez que agarra un micrófono es para hacerse publicidad. Ella es apoderada de un movimiento político”, aseveró.
Actualmente, la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez se desempeña como apoderada general de la disidencia colorada y además ejerce la defensa legal del exministro abdista Arnaldo Wiens en el caso Metrobús y del propio exmandatario en la causa de las filtraciones de la Seprelad, aunque continúa escudado en sus fueros como senador vitalicio, pese a que en un video lanzado en redes sociales en marzo de 2025 prometía que se sometería a la justicia.
Solidez jurídica, no persecución
El agente fiscal comentó en que el expediente abierto contra Abdo Benítez y exautoridades de su gobierno fue construido con sustento jurídico por distintos equipos fiscales y validada por un juez penal, negando cualquier persecución política. “Nosotros hicimos una investigación impecable”, afirmó. “La carpeta pasó por varios fiscales y hubo un juez que admitió la acusación. Todo está documentado”.
Para Cantero, nunca se discutió el contenido de las pruebas y los cuestionamientos se limitaron a instalar la idea de una persecución política. Defendió su presencia en la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura y resaltó que cuenta con calificaciones superiores incluso a las del fiscal Deny Yoon Pak, quien encabezó el operativo A Ultranza Py. “Sin desmerecer el enorme trabajo del doctor Pak, yo tengo mejor puntaje que él”, afirmó. “Llegó mi momento. Tengo mi gestión aprobada y mi puntaje aprobado”, aseguró.
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Peña destaca trabajo conjunto entre policías, jueces y fiscales contra el crimen organizado
El presidente de la República, Santiago Peña, destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Policía Nacional, jueces y fiscales para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país, durante el acto de entrega de chalecos antibalas a efectivos policiales y homenaje a magistrados y agentes del Ministerio Público.
En su discurso, el mandatario sostuvo que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo del Paraguay y remarcó que ninguna institución puede enfrentar sola la lucha contra la delincuencia. “Nunca va a haber progreso ni desarrollo si primero no hay seguridad”, expresó Peña, al tiempo de señalar que la seguridad física y jurídica son pilares esenciales para garantizar la paz social y el crecimiento del país.
Asimismo, insistió en la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las instituciones del Estado para combatir al crimen organizado y fortalecer la respuesta de la justicia. “Nadie puede solo”, afirmó el jefe de Estado, al valorar la labor articulada entre el Poder Ejecutivo, la Policía Nacional, jueces y fiscales. “Es imposible hacerlo sin la colaboración de ustedes”, añadió al dirigirse a representantes del sistema judicial presentes en el acto.
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Peña también resaltó los avances logrados por el Gobierno en materia de seguridad desde agosto de 2023, mencionando la incorporación de nuevos agentes, el fortalecimiento del Grupo Lince y las intervenciones realizadas en centros penitenciarios. Según indicó, actualmente ya fueron incorporados 10.000 nuevos efectivos policiales y otros 5.000 se encuentran en proceso de formación, además de la inversión en equipamientos y mejoras institucionales.
El mandatario aseguró igualmente que uno de los principales desafíos es recuperar y fortalecer la moral dentro de la Policía Nacional. En ese sentido, celebró el creciente interés de jóvenes paraguayos en ingresar a la institución policial. Durante el acto, Peña también reivindicó el rol de jueces y fiscales en la lucha contra el crimen organizado y reconoció que el Estado aún tiene “muchas deudas” con el sistema de justicia.
El presidente afirmó que el Gobierno seguirá impulsando acciones conjuntas para responder a las demandas ciudadanas en materia de seguridad. “Estamos enviando un mensaje de unidad y de cuidar a quienes nos cuidan todos los días”, concluyó.