Los agentes fiscales Anticorrupción, Silvio Corbeta, Yeimy Adle Mónges y Verónica Valdez, solicitaron al juzgado de Delitos Económicos a cargo del magistrado Humberto Otazú, que convoque al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para las dos audiencias preliminares que tiene pendiente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán desde el Poder Judicial.

El pedido se dio luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya destrabado los dos procesos penales en contra de Prieto, el caso conocido como Tía Chela y el caso Tajy. Los fiscales a cargo de las investigaciones solicitaron que sean convocados, tanto el exintendente como los demás acusados.

La solicitud de los fiscales se da bajo apercibimiento de ley, esto implica que si las partes pretenden dilatar la realización de la audiencia preliminar, se pueda incluso utilizar la fuerza pública para que los imputados se presenten ante el juzgado, para evitar que ambos procesos penales sigan siendo dilatados.

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El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto, anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas.

Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L., se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

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El Ministerio Público llegó a la conclusión de que se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

En el caso conocido como Tajy, fueron imputados por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas de la comuna) y otras ocho personas.

De acuerdo con este caso, el perjuicio patrimonial es de 306 millones de guaraníes, desembolsados a cambio de nada, es decir, de mercaderías inexistentes.

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México inauguró una “nueva era” ayer el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.

En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos. Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle. “Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas”, dijo.

El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de “corrupción” y al servicio de los poderosos. Pero dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de un proceso “plagado de irregularidades”. La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 % del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.

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Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones. En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.

“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca. Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.

Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria. Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo. Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).

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La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.

El activista opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo. Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.

Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte). Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”. El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.

Fuente: AFP.

El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar “haciendo política”, al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.

Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna", dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.

“Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial”, agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.

“Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas”, puntualizó.

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Se usan “recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa”, señaló.

“Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción”, dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.

Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de “corrupción sistémica” en el Partido Socialista español del que es primer secretario.

La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de setiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.

Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.

El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.

En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.

El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.

• Fuente: AFP

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Los abogados de un médico imputado por la muerte de Diego Maradona solicitaron ayer lunes el apartamiento de dos jueces designados para reiniciar el juicio tras la anulación del anterior, por “temor certero” a que “no sean imparciales”. El pedido fue presentado por los abogados defensores de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y uno de los ocho imputados por la muerte del ídolo en noviembre de 2020.

El escrito, al que accedió la AFP, solicita la recusación de Roberto Gaig y Juan Pablo Rolón a partir de lo ocurrido en la audiencia preliminar que tuvo lugar en julio y que, según los defensores, “infunde un temor certero de que no serán imparciales”. Gaig y Rolón son dos de los tres jueces del nuevo tribunal designado en julio para reiniciar el juicio por la muerte de Maradona.

El proceso anterior, que se extendió de marzo a mayo, fue anulado tras el escándalo que envolvió a una de las juezas por participar en un documental clandestino sobre el juicio. En ese sentido, la defensa de otra de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, pidió a su vez este lunes su sobreseimiento, alegando que no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

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La solicitud de apartamiento de los jueces se basa en los fuertes cruces ocurridos durante una audiencia en julio entre el juez Gaig y Francisco Oneto, abogado de Luque. El magistrado insistía en acelerar el proceso mientras el defensor exigía respetar los plazos legales. Luego de una pausa, el juez cambió su posición. Según el escrito presentado este lunes, Gaig “condujo esta audiencia con total desapego a la ley y mediante el empleo más abusivo de su poder”.

“Este no es cualquier caso. Es el caso donde se discute de qué forma culminó la existencia física del astro más grande del fútbol mundial. Tal vez sólo comparable con el caso OJ Simpson, o con el que averiguó la muerte de Michael Jackson”, señala la solicitud que acusa a ambos jueces de buscar “protagonismo”.

Ahora el propio tribunal debe decidir si aparta o no a los jueces y la decisión podrá ser apelada ante una segunda instancia. Mientras tanto el proceso puede seguir su curso. Maradona falleció por un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria en recuperación de una neurocirugía. Ocho miembros del equipo médico del astro futbolístico arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Fuente: AFP

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