El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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Un adolescente de 15 años consiguió el uniforme del colegio de su exnovia e ingresó a la institución haciéndose pasar por un alumno con la aparente intención de llegar hasta la joven, quien habría terminado con la relación. El hecho se registró en Ciudad del Este, Alto Paraná.

El joven aparentemente ya había amenazado en varias ocasiones a quien sería su exnovia, una adolescente de 14 años, a través de publicaciones y mensajes vía redes sociales, pero esta vez trataba de verse en persona con ella.

Cuando la jovencita se percató de la presencia de su exnovio, rápidamente informó a las autoridades de la institución, quienes activaron el protocolo de seguridad y notificaron a la Policía Nacional para la intervención correspondiente.

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El fiscal Ubaldo Saracho tomó el caso tras la denuncia del director, quien, además de su declaración de los hechos, presentó los mensajes y publicaciones de amenaza que el joven habría enviado a la adolescente de 14 años, donde inclusive también se evidenció que buscaba pelear con un tercer menor, compañero de la joven.

Posteriormente, el adolescente fue entregado a sus padres bajo la promesa de tomar los recaudos necesarios para evitar que este tipo de hechos se repitan. La investigación en torno al caso continúa, mientras que desde el colegio aumentaron la seguridad para el ingreso de estudiantes.

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El roce de una motocicleta con un automóvil sobre la calle 7 de octubre de la compañía Isla Bogado de la ciudad de Luque derivó en una fuerte discusión entre los conductores de ambos vehículos, la cual escaló hasta el punto en que uno de ellos amenazó al otro con un arma de fuego.

Todo lo ocurrido quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, donde se puede observar como, tras el aparente roce accidental de ambos vehículos, el conductor del automóvil frena y desciende del mismo, enfrentando al motociclista. La discusión inclusive escaló al punto en que se dieron amenazas con un arma de fuego, según la denuncia.

Al percatarse de la llegada de otro automóvil que circulaba por la zona y no podía pasar porque la riña obstaculizaba el paso, ambos sujetos se retiraron en medio de gritos y abordaron sus respectivos vehículos, siguiendo su camino.

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Todo apuntaba a que el incidente de violencia culminaría así, pero unas cuadras más adelante se puede ver en la grabación de otro circuito cerrado como el automóvil sigue a la motocicleta y choca contra ella en varias ocasiones hasta que termina sacándola del camino.

El conductor del biciclo maniobró de manera brusca para evitar caer, pero terminó subiendo abruptamente sobre la vereda; posteriormente, el conductor del automóvil se da a la fuga. A raíz de este actuar peligroso, el motociclista realizó la denuncia correspondiente a la comisaría jurisdiccional y entregó las imágenes de circuito cerrado como prueba.

Ahora los investigadores se encuentran cotejando los datos obtenidos para lograr dar con el conductor del automóvil y continuar con la investigación para aclarar lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los conductores en el hecho.

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