Este martes, desde la Policía Nacional informaron que iniciaron las investigaciones tras el hallazgo del cadáver de un bebé de ocho meses en un pastizal en zona de una comunidad indígena de Capitán Bado, departamento de Amambay. Todo apunta a que la madre de la pequeña, una adolescente de 15 años, fue quien acabó con su vida y luego arrojó el cuerpo.

Según el comisario Francisco López, el hallazgo se produjo durante la noche de ayer lunes, por pobladores de la comunidad indígena, quienes dieron aviso a las autoridades. Teniendo en cuenta a que se encuentran a unos 160 kilómetros de la ciudad, la Policía llegó al sitio esta madrugada y se encontraron con el cuerpo de la bebé de ocho meses, que presentaba una herida a la altura del mentón.

Tras realizar una serie de preguntas a los pobladores, pudieron constatar que la beba era de una adolescente indígena de 15 años, que fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. “No pudimos hablar con la madre sobre el hecho, porque parecía que no entendía lo que estaba pasando”, detalló el comisario, en entrevista con la 1.000 AM.

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Resaltó que aparentemente la bebé estaba llorando mucho y eso disgustó a la madre, que decidió tomarla del cuello con mucha fuerza provocando su muerte. La médica forense Eliana Oliveira, confirmó que la menor llevaba 18 horas de fallecida. “Le apretó el cuello y murió por asfixia”, detalló López.

La bebé sería la segunda hija de la adolescente, esta última permanece en la sede policial de Pedro Juan Caballero. Hasta el momento la madre no fue imputada y la fiscal que lleva el caso trabajará con un organismo de protección de la infancia, teniendo en cuenta que se trata de una niña madre.

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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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• Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió a las nuevas amenazas que enfrenta el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que son el terrorismo y el crimen organizado, los cuales van de la mano y constituyen un peligro para la sociedad toda.

“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar su ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamento de guerra, o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y, sobre todo, tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado”, destacó a La Nación/Nación Media.

Las acciones de las fuerzas militares estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, indicó. Señaló que ninguna operación se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la Justicia.

Recordó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, se instruyó llevar al sur del país un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, para lo cual fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“Por decreto se extiende la jurisdicción del Codi-FTC a los tres departamentos del Sur, que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas.

Destacó el operativo Ignis, que tuvo como resultado 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.

La operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos, aproximadamente, de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil es otro logro. Este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.

“El resultado del Codi fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, hayan cumplido los objetivos que se habían marcado: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país. Nada de esto lograron”, concluyó.