El canciller Rubén Ramírez Lezcano recibió esta mañana al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y a la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Estela Guillén, para conversar sobre la iniciativa que busca facilitar la adquisición de viviendas del programa Che Róga Pora a connacionales residentes en el extranjero.

Tras la reunión, el ministro Baruja comentó que el objetivo es trabajar con las embajadas y consulados en distintos países para que los paraguayos que trabajan en el exterior puedan comprar sus casas.

“Esto es un deseo muy fuerte de nuestros compatriotas que frecuentemente nos consultan sobre la posibilidad de que ellos, trabajando en el extranjero, puedan comprar sus viviendas gracias al programa Che Róga Pora”, manifestó.

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Indicó que inicialmente el proyecto se enfocará en España y Estados Unidos, con la posibilidad de incluir a Argentina próximamente.

Por su parte, la presidenta de AFD señaló que Che Róga Pora cuenta actualmente con un fondo superior a 250 millones de dólares y que la Cancillería brindó un respaldo total para conformar una mesa de trabajo junto con consulados, entidades financieras y el MUVH, que lidera esta iniciativa.

“Así que nos ponemos manos a la obra para poder conversar y establecer todos los requisitos que el sistema financiero requiere mínimamente para comprobar los ingresos de nuestros connacionales en estas comunidades”, refirió.

Del encuentro también participó el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Aranda.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.

La embajadora paraguaya en Argentina, Helena Felip, se refirió a las medidas migratorias anunciadas por el gobierno del país vecino. Explicó que estas medidas ya se venían anunciando desde diciembre del año pasado y que lo informado ese día fue que saldría un decreto firmado por el presidente Javier Milei.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que este decreto, que aún no ha sido publicado, contendrá medidas que endurecen los requisitos para ingresar al territorio argentino y para la residencia de ciudadanos extranjeros, no solo paraguayos.

“El anuncio no solo va a afectar a nuestros connacionales, sino a todos los extranjeros que tengan el deseo de ingresar y establecerse en este país. Pero lo que tenemos hasta este momento son solamente anuncios, no tenemos aun acceso al documento. Tendríamos que ver cuáles son los términos y contenido del decreto, para poder analizar cuál será el impacto real”, comentó la diplomática paraguaya.

La embajadora Felip comentó que, en el caso de los estudiantes paraguayos que están en el país cursando actualmente algún estudio, ya deben contar con un DNI (Documento Nacional de Identificación) de nacionalidad argentina, ya que eso es un requisito principal hoy, para acceder al estudio universitario en el país. “Con respecto a este punto, no creo que cambie mucho, porque hoy ya es una exigencia“, acotó.

Insistió que, obligatoriamente todos los estudiantes deben contar con el DNI, porque de lo contrario estaría de forma irregular. “De hecho, nuestra colectividad paraguaya afortunadamente en un gran porcentaje está de forma regular. Hay mucha gente que está instalada en el país hace muchos años, y trabajando tanto en Buenos Aires, como en el resto de la Argentina”, comentó.

En el caso de la Salud Pública, es una competencia de las provincias argentinas, y de hecho ya hay algunas provincias que ya están implementando hoy aranceles en materia de Salud Pública. Entonces, habría que ver qué otras cuestiones se destacarán en el decreto, que sabremos cuando sea publicado el documento”, explicó.

Felip explicó que el decreto no está publicado y lo que se habla en el país es que será publicado en los próximos días y que a partir de su publicación será de aplicación inmediata.

Explicó que también se tiene que analizar con relación a la legislación del vecino país, ya que existen normativas de carácter constitucional y otras leyes, que difícilmente por un decreto se pueda modificar, por tanto, se deberá analizar si se puede reformar o enmendar. “Esto solamente viendo el contenido del decreto y sabiendo cuál es el alcance preciso de lo que figura en el decreto se podrá determinar”, acotó.

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