El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que la lucha contra las organizaciones criminales y grupos terroristas será prolongada y afirmó que la única respuesta posible pasa por fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, como ser la Policía Nacional, al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI); pero también un trabajo social con las familias campesinas.

El mandatario, que se encuentra desarrollando su jornada de gobierno en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, mantuvo una charla con varios medios de prensa, donde fue consultado respecto a lo que está ocurriendo en materia de seguridad y el ataque al puesto policial que ocurrió días atrás en la comunidad de Naranjito, Canindeyú.

Enfatizó que el trabajo de la lucha contra el crimen organizado y grupos terroristas se combate con presencia del Estado. “Me encantaría decir que hay una solución rápida a estos problemas, y una solución mágica; pero no. Esto es trabajo duro y puro y hay que continuar fortaleciendo a las instituciones del Estado“, remarcó.

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Al respecto, resaltó que la presión ejercida por el Estado en los departamentos del norte provocó el desplazamiento de grupos criminales hacia otras zonas del país. Señaló que actualmente en el Este convergen organizaciones dedicadas al narcotráfico, invasiones de tierras y algunas células del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Hace más de 10 años, bajo la presidencia de Horacio Cartes, se impulsó la Fuerza de Tarea Conjunta y la presencia más activa en los departamentos del norte: San Pedro, Concepción y Amambay. Esa mayor presencia también ayudó al desarrollo de emprendimientos legales formales; hoy estamos viviendo una transformación del departamento de Concepción a través de todo lo que es la industria forestal, se está haciendo la mayor inversión privada en la historia del Paraguay, en el proyecto Paracel”, remarcó.

Por tanto, señaló que ahora el trabajo del Gobierno es fortalecer el trabajo de inteligencia, de prevención y de investigación. Indicó que ayer jueves mantuvo una reunión en el Consejo de la Defensa Nacional (Codena), donde confluyen todas las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad interna, que sigue trabajando sin descanso para mejorar el sistema de seguridad interna.

En ese sentido, anunció que el CODI ampliará su cobertura territorial como parte de las medidas adoptadas luego del ataque armado contra el puesto policial. Asimismo, aseguró que el Estado responderá con todas las herramientas legales al atentado ocurrido en Canindeyú. Ratificó que fortalecerán la inteligencia, la prevención y las operaciones de seguridad.

El mandatario señaló que, más allá de fortalecer las instituciones de seguridad, su Gobierno viene trabajando desde el inicio de su mandato en la regularización de la propiedad rural, el acceso al título de propiedad y, a su vez, el acceso a créditos financieros, que forman parte de la estrategia para reducir espacios aprovechados por organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en el campo.

Indicó que es un tema que se tiene que abordar de forma constante. Señaló que actualmente, en el acceso a la tierra en estos casi tres años de mandato, su administración ha logrado entregar más títulos de propiedad que lo que se había hecho en diez años anteriores.

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Mediante el financiamiento del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), un productor hortícola incorporó tecnología de última generación a su sistema productivo, para convertirlo en un ejemplo de innovación, eficiencia y sostenibilidad para la agricultura familiar paraguaya.

El productor Julio Villalba, de la compañía Santa Rosa, distrito de Dr. Juan Manuel Frutos, dio un paso importante hacia la modernización de su finca, con el respaldo del Crédito Jepytaso del CAH.

Gracias al financiamiento otorgado por el CAH, Julio incorporó tecnología de última generación a su sistema productivo, apostando por una agricultura basada en datos y en el uso eficiente de los recursos. Hoy, su establecimiento cuenta con un sistema de riego automatizado controlado mediante software, que le permite monitorear y administrar el suministro de agua en tiempo real desde un teléfono celular o una tablet.

La implementación de sensores de humedad instalados en el suelo representa uno de los principales avances de este proceso de tecnificación.

Esta herramienta permite conocer con precisión las necesidades hídricas de los cultivos, optimizando el uso del agua y de los nutrientes, reduciendo costos operativos y mejorando la productividad y calidad de la producción.

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El caso de Julio demuestra cómo el acceso oportuno al crédito puede convertirse en un motor de transformación para las familias productoras, facilitando la incorporación de tecnologías que hasta hace pocos años parecían reservadas para grandes explotaciones agrícolas. Hoy, la innovación también llega al pequeño productor, fortaleciendo su competitividad y generando nuevas oportunidades de desarrollo rural.

Esta experiencia forma parte de los esfuerzos que impulsa el CAH para promover una agricultura más eficiente, resiliente y sostenible, en articulación con organismos de cooperación internacional como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que acompaña iniciativas orientadas a modernizar la producción agropecuaria, fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.

La historia del productor hortícola refleja cómo la combinación de financiamiento, capacitación y tecnología puede generar resultados concretos en el campo paraguayo.

Su finca no solo produce más y mejor, sino que también se ha convertido en una referencia local de agricultura inteligente, demostrando que la innovación es una herramienta al alcance de quienes apuestan por crecer, producir y progresar en el campo.

La tecnología ya no es el futuro del agro paraguayo; es una realidad que está transformando la vida de productores como Julio Villalba, impulsando una agricultura más moderna, rentable y sostenible para las próximas generaciones.

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La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) considera que la emisión de bonos representa una alternativa más viable para atender la deuda del Estado con el sector vialero, que el mecanismo de cesión de créditos o factoraje impulsado por el Gobierno.

Así lo señaló Raúl López, miembro titular del directorio del citado gremio, quien advirtió que las condiciones financieras actualmente planteadas hacen que esta herramienta no resulte atractiva ni para las empresas constructoras ni para el sistema bancario.

Según explicó la 1080 AM, si bien existe voluntad institucional para encontrar una salida a la situación, el factoraje no logró avanzar porque las tasas y los plazos propuestos terminan convirtiendo la operación en un financiamiento comercial que recae nuevamente sobre las empresas. El esquema obliga a las constructoras a resignar una parte importante del valor de sus certificados de obra para acceder a liquidez inmediata.

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López detalló que actualmente la deuda acumulada con el sector ronda los USD 360 millones. De ese monto, aproximadamente USD 250 millones corresponden a certificados de obras ejecutadas y pendientes de pago, mientras que otros USD 110 millones corresponden a intereses generados por atrasos en las cancelaciones.

Desde la perspectiva de Capaco, el principal problema del factoraje es que el Estado propone cancelar las obligaciones en un plazo cercano a tres años, lo que incrementa significativamente el costo financiero para las empresas. Sostuvo que los descuentos aplicados por las entidades financieras terminan reduciendo de forma considerable los ingresos que deberían percibir las constructoras por trabajos ya ejecutados.

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A ello se suma otro factor de riesgo, que si el Estado no cumple con el cronograma previsto, las empresas quedan expuestas frente a los bancos. “El empresario termina sosteniendo la deuda”, dijo López.

Por este motivo, el gremio plantea avanzar en mecanismos alternativos, entre ellos una eventual emisión de bonos especiales que permita reconocer y cancelar las obligaciones pendientes sin trasladar costos adicionales a las constructoras. La propuesta, indicó, deberá ser analizada por el Congreso junto con el Poder Ejecutivo.

“Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados”, explicó el senador Patrick Kemper.

El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kem­per, manifestó que próxima­mente convocarán a los minis­tros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal gene­ral del Estado (FGE), Emi­liano Rolón, con el fin de inte­riorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.

“Comen­zamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educa­ción y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presi­dente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evalua­ción y Acreditación de la Edu­cación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kem­per a los medios de comunica­ción.

El parlamentario deta­lló que ya remitieron pedidos de informes a dichas institu­ciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán pro­porcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante.