El apoderado del Partido Colorado, Eduardo González, consideró que no existe causal real para enjuiciar políticamente a la fiscala general Sandra Quiñónez. El abogado dijo que la responsable del Ministerio Público obró correctamente y en base a documentaciones que recibió, cuando dispuso que un repatriado realice cuarentena en su domicilio particular.
“Esto no me parece una causal real para ningún juicio político. Me puse a revisar y me pareció un tema interesante para investigar. En primer lugar, se le escuchó a la abogada del médico que recomendó la cuarentena en su domicilio. Existe un documento que indica que la salud del paciente corre riesgo en caso de ser ingresado a cuarentena con más personas. En base a esa causa justificada, se tomó la decisión”, expuso Eduardo González, en comunicación telefónica con La Nación.
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Refirió que la fiscala general tomó la decisión correcta de decidir el aislamiento solitario del paraguayo que llegó del exterior.
González manifestó, además, que la abogada del afectado desmintió que su cliente haya violado la cuarentena y abandonado su lugar de confinamiento. “Del aeropuerto fue hasta el lugar donde iba a estar y ese lugar tiene cámaras de circuito cerrado que verifica que no salió de la casa”, mencionó.
Si se enferma y se complica su salud, "¿quién se hace cargo?
Por otra parte, el apoderado de la ANR cuestionó severamente sobre quién o qué autoridad se haría cargo de las consecuencias que podría generarse en el paciente en caso de contagiarse con el COVID-19, siendo que tendría complicaciones por tener problemas respiratorios.
"En el decreto del 20 de marzo se estableció el protocolo que se aplica con las personas que llegan del exterior. Eso queda a cargo de las autoridades sanitarias. Y esto que se hizo, está plenamente justificado, se actuó en base a la documentación", añadió.
González reiteró que no ve una causal y consideró que el diputado Édgar Acosta, quien anunció el enjuiciamiento a la fiscala general, puede buscar argumentos más sostenibles. A su criterio, la amenaza con juicio solo tiene tinte político.
“Esta persona no afectó a nadie, en primer lugar. Se actuó tal como establece el decreto. Tiene una enfermedad de base y le remitieron al lugar donde dijo que iba a guardar cuarentena. ¿Quién es la autoridad que se va a hacer responsable si algo le pasa? Yo sugiero que esa persona ahora mismo se haga el test del COVID-19 y si no está enfermo, que las autoridades se hagan cargo”, expuso.
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“Todo esto es muy dirigido”
González manifestó que la denuncia realizada desde el Ejecutivo y el anuncio de juicio político del sector liberal está “muy dirigido”. “Hasta ahora solo imputaron a una diputada de Honor Colorado (Del Pilar Medina) y a Bajac, veo que todo es muy dirigido. Se quiere llevar por el lado político, sabiendo que la persona hoy afectada es hermano de alguien cercano al ex presidente Horacio Cartes”, indicó.
Declaró además que hay miembros de Honor Colorado que tienen inconvenientes en la Fiscalía y que hasta ahora no se puede comprobar que hayan sido ayudados de alguna manera por la encargada del Ministerio Público.
“No hay motivo para enjuiciamiento. Hay otras autoridades con claros hechos de corrupción. Instituciones, con dinero público, manejan irregularmente para gastos en Salud. Hay que revisar las declaraciones juradas de varios. (...) Acá solo se quiere tirar la pelota a otro lado, el Ejecutivo tiene un muy buen equipo comunicacional para salir a hacer estas jugadas”, concluyó.