La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores emitió un dictamen aconsejando la aprobación con modificaciones al proyecto de ley que plantea suspender temporalmente la creación de nuevas instituciones privadas de educación superior.

Según los proyectistas, se plantea frenar por un plazo de dos años la apertura de nuevas universidades e institutos superiores privados en todo el territorio nacional.

Durante la reunión de la citada comisión asesora, la senadora Hermelinda Alvarenga informó que se analizaron de manera simultánea dos proyectos, ya que el liberal Ever Villalba presentó una iniciativa similar, aunque sugiere una suspensión por cinco años.

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Considerando este planteamiento, la comisión aprobó la unificación de ambos proyectos para su tratamiento conjunto. Las iniciativas recibieron dictamen con modificaciones y serán analizadas este miércoles en sesión ordinaria, como moción de preferencia.

La parlamentaria aclaró, además, que la suspensión de la habilitación de las carreras de Derecho y Medicina en las universidades responde a disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y constituye una medida diferente de la propuesta legislativa analizada.

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En reunión de la mesa directiva y líderes de bancada del Senado se resolvió este lunes la elaboración del orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles 21 de octubre que contempla 13 puntos.

Como primer punto figura el estudio de una decena de proyectos de resolución que solicitan informes a distintas instituciones.

Entre ellos se encuentran los pedidos de informes al Registro del Estado Civil (REC), al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), al Banco Central del Paraguay (BCP), y al Instituto de Previsión Social (IPS).

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Así también la lista incluye al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapu), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), la Gobernación de Alto Paraguay y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Se estudiará igualmente un pedido de informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Municipalidad de San José de los Arroyos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y la Dirección Nacional de Migraciones.

Así también, se pondrá a consideración del pleno el Mensaje N.º 412 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Defensa Nacional por el cual se solicita el acuerdo constitucional correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior de oficial general de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad con la Constitución Nacional y la Ley N.º 1115/1995.

En otros puntos, se analizará igualmente el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 163 de la Ley N.º 1160/1997, Código Penal, y su modificatoria, la Ley Nº 3440/2008”, presentado por varios diputados.

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Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), consideran que las respuestas brindadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), a los pedidos de informes del Senado, si bien representan el cumplimiento de un requerimiento institucional, no lograron despejar las principales inquietudes planteadas sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.

En este contexto, a fin de reafirmar su compromiso con la solidez, la estabilidad y la confianza en el sistema financiero paraguayo, mediante un comunicado manifestaron que consideran necesario expresar su posición sobre los siguientes aspectos:

1. Una preocupación genuina, no comercial: rechazamos cualquier interpretación que atribuya nuestra posición a intereses comerciales. Los bancos de esta Asociación trabajan en el sistema financiero paraguayo compitiendo desde hace varias décadas y han atravesado tiempos difíciles. Planteamos nuestras preocupaciones por escrito al Banco Central en junio de 2025 y en setiembre de 2026, por la vía institucional y sin difusión pública. Nuestro interés es preservar la solvencia y la estabilidad del sistema bancario en su conjunto.

2. Una respuesta valorable, pero incompleta: es positivo que el Banco Central haya respondido en plazo. Sin embargo, sus respuestas son incompletas y dejan dudas, cuando lo que corresponde es transmitir confianza. Una respuesta de esta trascendencia debería contar, además, con la aprobación expresa de su Directorio, máxima autoridad de la institución.

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3. La cuestión de fondo sigue abierta: la principal preocupación es la exposición crediticia de una entidad financiera frente a empresas vinculadas a su propio grupo y la razonabilidad de las operaciones, que deberían ajustarse a lo establecido en la Ley de Bancos y sus reglamentaciones. En todos los casos debe primar, como recomienda el Comité de Basilea, la sustancia sobre la forma. Esta información no tiene carácter reservado y solo el Banco Central puede aclararla con autoridad. Una respuesta clara da certeza; la falta de respuesta genera dudas.

4. La corrección no debe esperar al sumario: la Ley N.º 2334/03 dispone que la regularización procede «sin perjuicio de las sanciones». Esto permite adoptar medidas correctivas de manera inmediata, mientras que un sumario puede demorar años. Cuando una situación contraria a la normativa no se corrige a tiempo, puede generar efectos negativos para todos.

5. Un mismo criterio para todos: la solvencia de una entidad no puede depender de un trato distinto al que reciben las demás. Pedimos al Banco Central que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión, aplicando los mismos criterios respecto al reconocimiento de las pérdidas diferidas, el cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Bancos (cálculo del patrimonio efectivo) y el tratamiento de las participaciones en empresas de un mismo grupo. Así quedarán despejadas las dudas y, si alguna entidad no cumple, se podrá actuar a tiempo. El secreto bancario, que defendemos, protege a los clientes, pero no alcanza a los actos y criterios del organismo supervisor.

6. El interés de todo el sistema: si alguna entidad no cumple con el marco legal, este permite corregir la situación protegiendo a los depositantes. El antídoto es actuar a tiempo.

“El sistema financiero paraguayo es sólido y cuenta con un Fondo de Garantía que protege a los ahorristas dentro de los límites establecidos por la ley. Por eso, este es el momento en que el Banco Central, a través de su presidente, su directorio y la Superintendencia de Bancos, informe con claridad sobre la situación y las medidas que adopta. Cada día que se dilatan las correcciones se agrava el problema y se envía una señal negativa al mercado. La credibilidad del supervisor se ha construido durante décadas; instamos a las autoridades a preservarla”, señalan desde el ente.

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Pidió al Ejecutivo convocar a una cumbre de poderes del Estado para abordar el preocupante aumento de casos.

La Cámara de Senadores aprobó ayer miércoles en su sesión extraordinaria el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del hecho punible de feminicidio en la República del Paraguay.

El documento impulsado por la senadora de Cruzada Nacio­nal, Yolanda Paredes, y apro­bado por sus pares de forma unánime, refiere que “el femi­nicidio se presenta como una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y exige una res­puesta estatal integral, coor­dinada y sostenida, pero lo más importante, con carác­ter urgente”, refiere.

Agrega que “la persistencia de estos hechos impone la necesidad de evaluar la efica­cia de los mecanismos de pre­vención, protección, inves­tigación y sanción, así como las eventuales falencias en la actuación de las instituciones competentes”.

“En este contexto, una Cum­bre de Poderes permitiría reu­nir a las máximas autorida­des de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del Ministerio Público y de las instituciones especializadas, a fin de iden­tificar obstáculos, fortalecer la coordinación interinstitu­cional y definir medidas con­cretas de actuación”, expresa.

A la vez, el plenario aprobó tratar dentro de 15 días el pro­yecto de ley para la creación de juzgados y tribunales espe­cializados en violencia con­tra las mujeres, impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego.

La propuesta tiene como fina­lidad principal dar celeridad a las renuncias reales y deses­timar las falsas.

Se plantea que los juzgados y tribunales se encuentren con­formados por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólo­gos, psiquiatras para asistir a las víctimas mediante la coor­dinación efectiva entre insti­tuciones y la erradicación de la burocracia.