Este viernes, el fiscal Luis Piñanez solicitó ratificar la prisión del diputado Miguel Cuevas, de esta forma rechaza el pedido presentado por la defensa de realizar una revisión del caso. Foto: Archivo.
El juez Yoan Paúl López ratificó hoy la prisión preventiva del diputado Miguel Cuevas en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Esto por no hallarse nuevos elementos que ameriten estudiar un cambio en la resolución del juzgado.
Esta decisión fue tomada luego de que el fiscal Luis Piñánez solicitara ratificar la prisión del diputado Miguel Cuevas al rechazar el pedido presentado por la defensa, de realizar una revisión del caso. “A criterio nuestro la defensa no alegó ningún elemento nuevo para desvirtuar la decisión del juzgado”, afirmó.
“El juez escuchó el pedido de la defensa y la contestación del Ministerio Púbico. La defensa solicitó la revocación de la prisión preventiva, no sugirió ninguna otra medida que esté contrario de que siga en prisión el señor Cuevas”, aseguró Piñánez.
Resaltó que las medidas tomadas son las correctas y que hay fundamento para que siga en prisión. “Nosotros sostenemos que la medida cautelar aplicada al señor Cuevas es la más idónea. Desde que se aplicó la medida hay una decisión debidamente fundada”, sostuvo.
El diputado Miguel Cuevas guarda prisión en la Agrupación Especializada. Foto: Alberto Jara.
Aseguró que la defensa no alegó ningún elemento que pueda desvirtuar la decisión del juzgado, después de un mes de las medidas tomadas.
Esta semana, la defensa del diputado colorado Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración jurada falsa, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la revisión de las medidas cautelares. El legislador está preso en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desde el mes de febrero.
Terror de playeros: conductor que cargaba combustible y luego huía irá a prisión
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Este jueves se confirmó que el conductor de plataformas que llegaba a las estaciones de servicio, cargaba tanque lleno y luego huía sin pagar irá a prisión. Este hombre es conocido como “El terror de los playeros”, quienes lograron identificarlo y reducirlo, para luego entregarlo a la Policía Nacional.
Durante la jornada de hoy, el juez Miguel Ángel Palacios dictó que el detenido identificado como César Enrique Passera Moro, que se dedica a ser conductor de plataformas, guarde prisión por los hechos de los cuales es acusado.
El hombre fue detenido el pasado 1 de junio, cuando llegó hasta un surtidor ubicada en el barrio Vista Alegre de Asunción y fue reconocido por uno de los playeros. Cuando se vio acorralado intentó huir sin pagar su consumición, pero fue reducido y entregado a las autoridades.
La agente fiscal Mercedes Vera, había imputado al hombre y pudo constatar que “El terror de los playeros”, ya que venía haciendo lo mismo en varias estaciones de servicios del departamento de Central y Asunción.
El delincuentes llegaba a bordo de su vehículo de la marca Hyundai modelo 110, pedía a los playeros que le carguen tanque lleno y solicitaba realizar el pago por QR, pero siempre huía sin pagar. Este sistema lo hizo en varias oportunidades en el surtidor donde fue detenido, por lo que ya lo tenían fichado.
El juez ordenó que Passera permanezca en la Comisaría 7ma de Asunción por un periodo de 10 días y que luego sea trasladado hasta la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o en el establecimiento más adecuado para el cumplimiento del mandato judicial.
El dueño de una farmacia, identificado como Franco Antonio Acosta Céspedes, fue detenido por presuntamente facilitar medicamentos controlado al presunto autor del feminicidio de María Fernanda. Foto: Gentileza
Caso María Fernanda: detienen a dueño de farmacia que habría proporcionado medicamento controlado
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Esta tarde, el Ministerio Público realizó un allanamiento en una casa en el barrio San Isidro de Coronel Oviedo, en busca de evidencias sobre el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. Durante el procedimiento resultó detenido Franco Antonio Acosta Céspedes, quien es el propietario de la farmacia en la que se habrían comprado varios medicamentos que se habrían utilizado para acabar con la vida de la joven de 17 años de edad.
Los fiscales del caso, Fermín Segovia y Gloria Rojas, son los que están tomando la declaración indagatoria al propietario de la farmacia, quien en las próximas podría ser imputado por el Ministerio Público.
Del mismo modo ayer miércoles, en un allanamiento realizado en una vivienda de Coronel Oviedo,se logró incautar la moto que pertenece al padre del principal sospechoso del crimen. En el sitio se detuvo a un hombre que sería padre de la actual novia del presunto homicida. Sería el segundo allanamiento que se realiza con la intención de esclarecer el horrendo crimen.
Según el fiscal Fermín Segovia, el dueño de la casa Ricardo Villamayor, se presentó junto a su abogado y manifestó que la vivienda está deshabitada desde hace un tiempo porque está siendo refaccionada. Esta persona fue detenida por frustración de la ejecución y persecución penal.
Imputan y piden prisión preventiva para suegro del sospechoso del crimen de María Fernanda
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Este jueves, la fiscal Gloria Rojas confirmó que imputaron y solicitaron la prisión preventiva del suegro del principal sospechoso en el crimen de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo. Se trata de Ricardo Villamayor.
Remarcaron que las investigaciones en el caso son bastantes positivas y que esperan el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda donde fue hallada la moto.
La fiscal explicó que ayer se realizaron dos intervenciones muy importantes; una en el penal de Villarrica, donde se logró incautar la campera que llevaba el adolescente de 17 años cuando se trasladaba en la moto con la víctima, y otra en la vivienda donde se encontró el biciclo que está a nombre de Armando Silva, padre del presunto autor del crimen.
“Ayer se dispuso la detención de Ricardo Villamayor y hoy le tomamos su indagatoria. Se presentó la imputación y ya está a cargo del Juzgado de Paz de Garantía. Se solicitó la prisión preventiva del mismo. La caratula de la imputación es por frustración del tan sonado caso”, detalló Rojas.
Explicó que el caso de María Fernanda es muy conocido a nivel y que ninguna persona puede decir que tuvo desconocimiento. “Además, este hombre es alguien cercano al sospechoso y es por eso que también se le atribuye este hecho. Nadie puede alegar que no estaba en conocimiento por la magnitud del caso”, aclaró.
La fiscal refirió que más avances de la investigación no puede dar, pero que actualmente esperan el análisis de más cámaras de seguridad que puedan detallar más situaciones. “Se extrajeron imágenes del domicilio y también del otro lugar donde se allanó. Estamos esperando las diligencias técnicas que están realizando los investigadores”, manifestó.
Agregó que los padres del adolescente ya prestaron declaración y que ya consta en la carpeta fiscal. “Los padres ya estuvieron más de una vez en sede fiscal”, puntualizó.
Estafa a colonos: Fiscalía tiene 5 meses más de tiempo para investigar a exfuncionario de Diputados
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El tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de San Pedro, otorgó 5 meses más de tiempo al Ministerio Público para seguir investigando al exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas procesadas penalmente por estafa, cuya víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Con esta resolución, la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo el 18 de noviembre de este año, donde tendrá que presentar la acusación y el pedido de juicio oral para los procesados.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro.