Para la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), las declaraciones juradas que deben ser completadas y entregadas a la Contraloría General no son tan claras desde el primer procedimiento, que sería completarlas. El mecanismo actual no es claro y genera confusión, sostiene.
“Hoy, el llenado de las DDJJ tiene muchísimas inconsistencias porque es llenar dando un cuadro referencial; o sea, lo que a uno le parece que tiene: joyas, mobiliarios y un montón de otros ítems. No hay una línea que siga la Contraloría, no te dicen cómo llenar o cómo se tiene que justificar”, expresó la diputada.
Considera que el valor que se les da a los objetos es subjetivo, teniendo en cuenta que “el instrumento es la declaración jurada, yo declaro bajo fe de juramento que esto es cierto. En el caso de que esto se tenga que derivar al Ministerio Público, será dentro del criterio de un perito tasador”, comentó la legisladora.
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Menciona que es por eso que el órgano contralor debe aclarar este sistema porque es difuso. “Si vos no tenés parámetros objetivos, podés decir que cada uno hizo lo que más o menos le pareció que tenía que hacer”, añadió. Así como el inmueble, que tiene un valor por el cual se compra, un valor asignado por la municipalidad, por el cual se tributan impuestos inmobiliarios; otro valor en Catastro, por el cual se realizan las tasaciones para remates.
Las DDJJ no tienen fecha de presentación para los funcionarios públicos; deberían haberlo presentado en julio del 2018, según el plazo del artículo 104, salvo que hayan ingresado posteriormente. El funcionario tiene tiempo hasta 15 días después de que ingrese a la función pública.
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Diputados asisten a adultos mayores en sus necesidades básicas de salud
La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores, promueve la asistencia gratuita e integral a los adultos mayores, logrando de esta manera mejorar sus condiciones de vida.
La diputada Johana Vega, presidenta de la citada comisión asesora, habló del impacto positivo que genera en las familias la atención en diferentes especialidades que llega sin costos a sus comunidades.
“Esta actividad lo venimos haciendo desde el día 1 que yo asumí la presidencia de la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores de la Cámara de Diputados. Una de las actividades se hizo en la ciudad de Carapeguá, por pedido del colega Héctor Figueredo y del intendente de la zona. Llevamos asistencia integral con provisión de medicamentos”, comentó a La Nación/Nación Media.
La jornada de atención médica va acompañada de servicios de cedulación, peluquería, provisión de anteojos gratuitos así como de sillas de ruedas. Acompaña también un equipo de psicólogos para las familias que precisen una asistencia especializada.
“Queremos continuar con esta asistencia integral para seguir estando más cerca de nuestros adultos mayores. Sabemos que estamos en deuda con ellos, entonces, estamos trabajando a nivel país y recorriendo los diferentes departamentos para así llegar a más adultos mayores”, subrayó.
Así también la comisión está gestionando la posibilidad de contar con especialistas reumatólogos, para la atención a los adultos mayores. Los interesados en solicitar la presencia del equipo de esta comisión deben presentar un pedido por nota dirigida a la diputada Vega, quien somete a consideración de sus colegas en la reunión semanal.
“Trabajamos con cronogramas de los médicos del Ministerio de Salud que nos provee los oftalmólogos y otros especialistas que necesitemos para las zonas. Esto se trabaja planificadamente para poder llevar esta asistencia bien y completa”, resaltó.
Por cada jornada se priorizan las especialidades que solicitan los distritos a ser visitados, conforme expresó la parlamentaria. “La madre de esta asistencia son los oftalmólogos, y entregamos también lentes totalmente gratuitos. Eso venimos costeando con empresarios que nos dan para la compra de los lentes que estamos entregando en estas actividades”, significó.
Apoyo para tramitar la pensión
La congresista colorada mencionó la colaboración de otras instituciones como la Policía Nacional para la expedición de documentos.
Sobre el punto, la comitiva parlamentaria constató que hay muchos adultos mayores que teniendo entre 70 a 84 años no contaban con cédula y por ende no podían ni cobrar la pensión estatal.
“En la próxima asistencia vamos a complementar con la inscripción a los adultos mayores, teniendo en cuenta que venimos recibiendo muchos reclamos dentro de la Comisión de Adultos Mayores que no saben cómo cargar para que puedan figurar y cobrar su Tercera Edad”, manifestó.
La presidenta de la Comisión de Familia solicitó al propio ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas que funcionarios de esta institución den una charla al personal de la Cámara de Diputados, para que éstos a su vez puedan adiestrar a los adultos mayores a realizar el trámite y acceder a la ayuda gubernamental.
“La verdad que es una actividad demasiado importante para nuestros adultos mayores. Escuchamos cada necesidad que tiene el adulto mayor. Ya llegamos a operar bastante con la parte de cataratas. A través de la Comisión firmamos convenios con instituciones que nos están ayudando que el precio sea más bajo o conseguir más rápido la asistencia”, remarcó.
Por último Vega afirmó que es la primera vez que los diputados salen de sus oficinas legislativas y no solamente se centran en elaborar proyectos de ley, sino que trabajan de cerca con los adultos mayores.
“Es la primera comisión que traspasa las paredes y está al lado de la gente. Y detrás de eso también nosotros podemos ver qué podemos modificar o qué agregar más a favor de nuestros adultos mayores”, concluyó.
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Abed ante la UIP: “Paraguay no viene a pronunciar palabras vacías, exigimos acciones”
La diputada del Partido Colorado, Rocío Abed, participó de la 152° Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), desarrollada en Estambul, Turquía, evento que reunió a parlamentarios de diferentes naciones para debatir sobre paz, Justicia y desarrollo sostenible.
“Vengo desde el Alto Paraná, donde el río Paraná une naciones, fronteras y sueños, y desde allí hemos cruzado continentes, desde Paraguay hasta Turquía, con un propósito claro y firme: alzar nuestra voz en este espacio donde los parlamentos deliberan, construyen consensos y fortalecen la gobernanza democrática de nuestros pueblos”, afirmó Abed.
La legisladora acotó: “Les hablo con la voz de una nación que ha conocido el dolor profundo de los conflictos armados, pero también el valor inmenso de la paz reconstruida con justicia verdadera. Paraguay es una nación marcada por la resiliencia“.
En su intervención agregó que “y si hoy estamos aquí, es también gracias a una verdad histórica que nos define: fueron las mujeres paraguayas quienes, con coraje inquebrantable, reconstruyeron nuestro país tras las guerras. Ese legado no pertenece solo al pasado, vive en cada uno de nuestros compromisos presentes y nos proyecta hacia el futuro. Paraguay no viene a pronunciar palabras vacías, venimos a exigir acciones parlamentarias audaces, concretas y urgentes. Porque frente a guerras que destruyen el futuro de millones, la inacción no es una opción".
Propuestas
Abed como representante de la Cámara Baja afirmó que nuestro país apoya con convicción la resolución sobre el rol de los parlamentos en el establecimiento de mecanismos sólidos de gestión post-conflicto. “Proponemos impulsar sin demora: comisiones mixtas para la reconciliación, el desarme efectivo y la reintegración económica real de víctimas y excombatientes, programas de rendición de cuentas que respeten estrictamente el derecho internacional, combatan sin tregua el terrorismo en todas sus formas y eliminen cualquier sombra de impunidad”, indicó.
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Economía justa y sostenible
La legisladora mencionó también que al mismo tiempo, Paraguay respalda con determinación la resolución orientada a construir una economía global justa y sostenible.
“Ante el proteccionismo que asfixia a los países en desarrollo, exigimos: armonizar normativas regionales contra la elusión fiscal corporativa, reducir aranceles injustos y garantizar total transparencia en los tratados comerciales, reinvertir los recursos recuperados en educación de calidad, inclusión real de mujeres y jóvenes, y en una justicia climática que no admita demoras", dijo.
Abed siguió argumentando que “Paraguay, como nación que mantiene alianzas estratégicas sólidas con Estados Unidos e Israel, países que comparten con nosotros el compromiso con la democracia, la seguridad regional y el respeto al derecho internacional, está listo para liderar desde el Sur con coraje y solidaridad. En el marco del GRULAC, promovemos el diálogo sincero como el único puente posible hacia una paz duradera".
Señaló que “Estambul, ciudad milenaria que une continentes, sea hoy testigo de nuestro compromiso colectivo. Que esta Asamblea no concluya solo con discursos, sino con un verdadero pacto de acción, es momento de actuar con decisión. Cultivemos hoy, con leyes valientes y cooperación genuina, la esperanza, la paz y la justicia que nuestros hijos y las generaciones futuras merecen y esperan“.
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Diputada propone que el 15 % de la recaudación de SENACSA se destine al IPTA
La diputada Cristina Villalba presentó un proyecto de ley que busca destinar el 15 % de lo recaudado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) a financiar la investigación agraria del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).
Para ello la proyectista sugiere modificar la Ley N.º 3788/2010 del IPTA y el artículo 30 de la Ley N.° 2426/04, que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)”.
“La propuesta apunta a actualizar una ley que ya tiene más de 15 años, permitiendo que el IPTA reciba recursos de instituciones públicas del ámbito pecuario. Esto permitirá impulsar investigaciones en áreas clave como sanidad animal, alimentación y mejoramiento genético”, comentó la diputada Villalba a La Nación/Nación Media.
Explicó que el objetivo es claro: generar más tecnología para el campo, mejorar la productividad y apoyar especialmente a pequeños y medianos productores, “fortaleciendo así la economía rural y la competitividad del Paraguay”.
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Fortalecer la investigación
“El IPTA es clave para generar tecnología y conocimiento para el campo, pero su ley quedó desactualizada. No contempla recursos del sector pecuario, que es uno de los motores de nuestra economía”, aseveró.
La congresista colorada fundamentó que con esta propuesta se pretende corregir la normativa para fortalecer la investigación y llevar más soluciones a los productores, especialmente a los pequeños y medianos.
“Es una inversión en productividad, en desarrollo rural y en el futuro del país”, remarcó.
Según manifestó la parlamentaria, la idea es “aterrizar IPTA a las fincas de los pequeños productores con tecnología de producción”.
“Nosotros queremos que los pequeños productores apuesten a la tecnología. SENACSA hace un excelente trabajo, solo que ellos se enfocan en los extensos hatos. A no ser en la época de vacunación, donde llegan a los que tienen cinco cabezas con prevención”, subrayó.
“Queremos que la ciencia, la investigación llegue a los pequeños productores en diferentes áreas, ser una finca modelo. Que esa finca pueda tener tanto la parte agrícola como ganadera. Y que podamos con eso darle contención, sostenibilidad económica a las familias del campo”, finalizó.
Modificaciones propuestas a la Ley del IPTA
1. Incorporación de una nueva fuente de financiamiento
- Se modifica la ley para agregar un inciso que habilite al IPTA a recibir recursos provenientes de instituciones públicas del sector pecuario.
Hoy:
• Solo recibe recursos del Tesoro (FF-10) y recursos propios (FF-30).
Con la modificación:
• Se suman transferencias de entidades del ámbito pecuario (ej.: instituciones públicas vinculadas a producción animal).
2. Ampliación del alcance financiero institucional
No es solo “más plata”, es un cambio estructural:
• Se diversifican las fuentes de financiamiento.
• Se reduce la dependencia exclusiva del presupuesto público tradicional.
• Se le da al IPTA mayor autonomía operativa real.
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La pesada herencia de Abdo Benítez: deudas, corrupción y falta de transparencia
El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.
Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría
Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.
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