Para la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), las declaraciones juradas que deben ser completadas y entregadas a la Contraloría General no son tan claras desde el primer procedimiento, que sería completarlas. El mecanismo actual no es claro y genera confusión, sostiene.
“Hoy, el llenado de las DDJJ tiene muchísimas inconsistencias porque es llenar dando un cuadro referencial; o sea, lo que a uno le parece que tiene: joyas, mobiliarios y un montón de otros ítems. No hay una línea que siga la Contraloría, no te dicen cómo llenar o cómo se tiene que justificar”, expresó la diputada.
Considera que el valor que se les da a los objetos es subjetivo, teniendo en cuenta que “el instrumento es la declaración jurada, yo declaro bajo fe de juramento que esto es cierto. En el caso de que esto se tenga que derivar al Ministerio Público, será dentro del criterio de un perito tasador”, comentó la legisladora.
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Menciona que es por eso que el órgano contralor debe aclarar este sistema porque es difuso. “Si vos no tenés parámetros objetivos, podés decir que cada uno hizo lo que más o menos le pareció que tenía que hacer”, añadió. Así como el inmueble, que tiene un valor por el cual se compra, un valor asignado por la municipalidad, por el cual se tributan impuestos inmobiliarios; otro valor en Catastro, por el cual se realizan las tasaciones para remates.
Las DDJJ no tienen fecha de presentación para los funcionarios públicos; deberían haberlo presentado en julio del 2018, según el plazo del artículo 104, salvo que hayan ingresado posteriormente. El funcionario tiene tiempo hasta 15 días después de que ingrese a la función pública.
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Llamativa lentitud de Contraloría en varias investigaciones patrimoniales
La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.
Nadie sabe responder, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contraloría General de la República (CGR) actúa con una velocidad tal en la investigación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denuncias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tratadas con una reserva y lentitud particulares.
Hemos visto en los últimos meses que esos temas de agenda mediática generan la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicieron sacudir a algunas autoridades con la filtración de datos preliminares de estudios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silencio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.
CLAN ESTIGARRIBIA
En 2023 comenzaron a saltar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El historial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estigarribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patrimonial extraordinario en el que toda su familia experimentó un ascenso económico sin asidero, al punto de que la madre de los hermanos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.
Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la municipalidad mediante contrataciones directas adjudicadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de apenas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.
En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspondencia de bienes a los hermanos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Contraloría por la investigación.
CLAN PEREIRA
El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciembre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministerio Público solicitó un examen de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gobernador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual diputado por Itapúa).
La investigación se requirió en el marco de una causa abierta a ambos y a su familia por supuesto enriquecimiento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, ordeño de combustible, entre otros hechos.
Hasta ahora la CGR no emitió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso económico del diputado liberal desde que ingresó a la función pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años constituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millones. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con relación al clan Pereira Rieve de Encarnación.
ABDO BENÍTEZ
En agosto de 2023, la Contraloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la República Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empresas del exmandatario ganaron 70 veces más durante su gobierno, pero las utilidades fueron redireccionadas a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confirmado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.
ARNALDO GIUZZIO
La investigación patrimonial al exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secretario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pandemia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingresos y a que las cuotas del préstamo consignado para justificar la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcionario estatal.
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DNIT recuerda que declaración del IRP 2025 debe presentarse durante marzo
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), recordó a los contribuyentes que durante el mes de marzo se debe realizar la liquidación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Según informó la institución, un total de 346.519 contribuyentes deberán presentar su Declaración Jurada a través del sistema Sistema Marangatu. La fecha de vencimiento para cada caso se determina de acuerdo con la terminación del Registro Único de Contribuyente (RUC), conforme al calendario perpetuo de vencimientos.
Para la presentación del IRP se deben utilizar dos formularios: el N.º 515, correspondiente a Rentas por prestación de servicios personales, y el N.º 516, destinado a Rentas y ganancias de capital.
En el caso de las rentas derivadas de servicios personales, el impuesto grava los ingresos de fuente paraguaya obtenidos por el trabajo personal, ya sea en relación de dependencia o de forma independiente. Se excluyen de esta categoría conceptos como el aguinaldo, los aportes jubilatorios o de seguridad social.
Dentro de los egresos deducibles, los contribuyentes pueden declarar gastos personales y de familiares a cargo, como alimentación, vestimenta, alquiler y mantenimiento de vivienda, compra de muebles y electrodomésticos, gastos de movilidad, seguros, así como gastos de salud y educación realizados tanto en el país como en el exterior. También se permite deducir la adquisición de un vehículo cada tres años y un inmueble cada cinco años.
Por su parte, el apartado de rentas y ganancias de capital incluye ingresos generados por el patrimonio o por incrementos patrimoniales que no derivan de la prestación de servicios personales. Entre ellos se encuentran la venta o alquiler de inmuebles, premios de loterías, rifas o sorteos desde G. 500.000, la venta de bienes muebles que superen los G. 20 millones en un ejercicio fiscal, así como la venta de acciones, cuotas partes o cesión de derechos.
En estos casos, la normativa permite deducir ciertos gastos asociados a las operaciones, como honorarios de notarios y escribanos, tributos, tasas de registro, costos administrativos y de publicidad, además de honorarios pagados a intermediarios, siempre que las erogaciones estén debidamente documentadas.
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IPS: “Existe una estructura muy fuerte que no quiere cambios”, señala diputada Vallejo
La diputada Rocío Vallejo manifestó que la destitución del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, no será la solución a los conflictos estructurales que sacuden al ente y apuntó a la gestión de los demás miembros del Consejo de Administración.
“Cambiarle a Brítez por otro no sé si será la solución. Hay que decirlo, existe una estructura muy fuerte que no quiere que cambien las cosas, entonces se instala de lo que se quiere mejorar es malo. Realmente es muy complejo y la consecuencias son la mala gestión, corrupción, muerte por falta de insumos y medicamentos, entre tantas quejas", indicó la legisladora de Patria Querida, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Vallejo acotó: “Es el momento de que esta gente entienda que también se le está controlando. Acá conocemos solo la cara del presidente Brítez, pero se tiene a los consejeros que tienen la misma responsabilidad administrativa y penal cuyos rostros ni conocemos. Yo nunca escuché que un consejero del IPS levante la voz diciendo que las cosas se están haciendo mal o que haya realizado algún reclamo".
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Las declaraciones de Vallejo surgieron tras la comparecencia de Brítez ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo, ayer martes, ocasión en que se debatió sobre la situación técnica, sanitaria, administrativa y financiera del ente previsional.
Para la congresista se requiere una intervención que sea ejecutada por la Contraloría General de la República con el fin de identificar los conflictos reales de la institución. “Esperaba que ese equipo vaya a decirnos cuáles son sus problemas, pero en realidad lo que quiero es la intervención del IPS ya que solo se realizan auditorías internas, pero así nunca saltarán los problemas reales. El senador Ignacio Iramain incluso planteo realizar una auditoría internacional para que sea bien objetivo, porque el IPS ya es insostenible", refirió Vallejo.
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Alianza interinstitucional acerca salud y apoyo social a comunidades vulnerables en el Este
En el marco de un convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la oficina parlamentaria de la diputada colorada Rocío Abed, y la Universidad Central del Paraguay, se llevó a cabo una jornada de atención médica integral y asistencia social en el barrio Carolina de Ciudad del Este, beneficiando a numerosas familias en situación de vulnerabilidad.
El acuerdo tiene como finalidad principal articular esfuerzos entre el sector legislativo y el ámbito académico para acercar servicios esenciales a comunidades con acceso limitado a la salud y a recursos básicos.
A través de este trabajo coordinado, profesionales de la universidad brindaron consultas médicas gratuitas en distintas especialidades, además de proveer medicamentos sin costo a los pacientes atendidos.
La actividad también incluyó la entrega de cestas básicas, como complemento a la asistencia sanitaria, atendiendo la realidad social de muchas familias que requieren acompañamiento integral.
Desde la organización destacaron que estas acciones no solo responden a necesidades urgentes, sino que forman parte de una planificación sostenida que busca generar impacto real en los barrios.
La diputada Abed resaltó que el convenio permite canalizar de manera eficiente recursos humanos y logísticos, fortaleciendo el compromiso social tanto de la oficina parlamentaria como de la casa de altos estudios.
Señaló, además, que el objetivo es mantener una presencia activa en el territorio, promoviendo iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los sectores más carenciados.
Finalmente, adelantó que se prevé dar continuidad a estas jornadas en otros puntos de Alto Paraná, ampliando el alcance del convenio y consolidando una red de cooperación con instituciones públicas y privadas para responder de manera concreta a las demandas ciudadanas.