La fiscalía de Colombia anunció la apertura de una investigación por acoso sexual en la popular cadena televisiva Caracol, un caso que hizo eco en otros medios y destapó un “Me Too” en el periodismo colombiano. Caracol anunció el mismo día la salida de dos periodistas y presentadores de su noticiero denunciados por presunto acoso sexual. Se trata del principal conductor de la edición nocturna del noticiero con más rating del país, Jorge Alfredo Vargas, y el subdirector y reconocido reportero de deportes, Ricardo Orrego.

Con el escándalo, decenas de mujeres que trabajaron en ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria. Más de cien mujeres periodistas señalaron en una carta al director del sistema de medios públicos, Hollman Morris, de intimidar a la activista por los derechos humanos Lina Castillo, que lo denunció en redes sociales por abuso sexual en 2019, cuando el político era concejal de Bogotá.

Morris, que conforma el círculo de confianza del presidente izquierdista Gustavo Petro, acusó a la mujer ante la justicia por supuesta injuria y calumnia, en un proceso que la fiscalía comenzó a investigar en 2023. El ente acusador informó que asignará a una nueva fiscal especializada en género para tratar este caso en el que Morris aparece como víctima.

Las denuncias generaron una ola de comentarios en las redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que se volvieron virales. Colombia tiene un poderoso movimiento feminista que ha conseguido logros como la despenalización del aborto por cualquier causal en 2022.

Decenas de periodistas colombianas han denunciado en los últimos días casos de abuso sexual por parte de compañeros y jefes de trabajo, un movimiento que se hizo viral en redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega. El viernes pasado, la famosa cadena Caracol anunció la activación de “protocolos legales” contra dos de sus periodistas y presentadores de su noticiero por presunto acoso sexual. Tras el anuncio, decenas de mujeres de ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria.

Una carta, firmada por más de 40 mujeres periodistas, también señala al director del canal público RTVC, Hollman Morris, por intimidar a una periodista que lo denunció por abuso sexual en 2019. Miles de mujeres se solidarizaron con las víctimas con mensajes de apoyo en redes sociales.

“Quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le de un beso en un ascensor no es normal”, denunció en X Juanita Gómez, periodista de la revista Semana que trabajó para Noticias Caracol, sobre una agresión de la que fue víctima en 2015.

Se ha creado un correo electrónico para recibir denuncias de forma confidencial y segura para las víctimas. “Estamos del lado de las víctimas (...) se tomaron las medidas de rigor”, dijo el domingo Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a la emisora Blu Radio en medio del escándalo.

El grueso de las acusaciones también incluye omisión y encubrimiento a los agresores por parte de otros trabajadores. “Muchos conocen quiénes son. En el mismo canal, desde abajo hasta arriba, saben lo que esos y otros personajes han hecho a varias mujeres”, dijo en X Mónica Rodríguez, expresentadora de un programa de variedades emitido por Caracol.

El canal no ha hecho públicos los nombres de los denunciados, aunque circulan versiones en redes sociales. Colombia cuenta con un fuerte movimiento feminista por los derechos de las mujeres, que luchó y logró la despenalización del aborto en 2022.

Fuente: AFP.

La gobernadora de departamento de Paraguarí, Norma Zárate, respondió a las acusaciones del diputado Héctor Figueredo sobre supuestas desvinculaciones de cocineras que hacen parte del programa Hambre Cero en las escuelas en este departamento, supuestamente, por cuestiones políticas. Zárate lamentó que se utilice el programa de alimentación escolar para realizar ataques políticos en el marco de las elecciones municipales de este año.

“Hoy es una realidad (Hambre Cero) gracias a la gran apuesta política del presidente Santiago Peña, gracias a su gran visión, su patriotismo y por una cuestión política lo están utilizando como un garrote político, haciendo acusaciones infundadas, de la naturaleza que está haciendo el diputado Figueredo”, expresó Zárate en “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cuestionó que las internas se estén levando fuera del respeto entre los sectores políticos. “Lamento muchísimo que este programa emblemático sea un mitin de guerra entre nosotros, que en estas internas, que deberíamos haberlas con todo el respeto y toda la altura, se esté llevado a ciertas divisiones y ataques infundados, a un programa que para mí es el más importante”, criticó.

La gobernadora detalló que en el departamento de Paraguarí Hambre Cero da más de 1.200 puestos de trabajo a amas de casa, madres de familia e instituciones y fustigó que en este momento se busque “ensuciarlo”. Así también, resaltó que en este departamento no se registraron denuncias o cuestionamientos sobre su implementación.

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Aclaró que tanto las contrataciones como las desvinculaciones están a cargo de las empresas adjudicadas para proveer el servicio. “La empresa es la responsable de hacer los contratos y los pagos correspondientes a todas las cocineras, nutricionistas, coordinadores de todo el Paraguay. Por ejemplo, ha sido adjudicada una empresa en el departamento de Paraguarí y estará proveyendo al programa hasta este año, el contrato anterior culminó en noviembre del año pasado y este año se hace un nuevo contrato, aclaró.

Zárate señaló que el año pasado se realizaron cambios por varios motivos, como por ejemplo, pedido de los propios directores de las instituciones, ya sea “por malos manejos de los alimentos, algunos no tenían paciencia con los chicos”. Los directores informaron, ellos son los verdaderos custodios, junto con los profesores. También la ACE, los padres de familia pedían cambio por a o b motivo.

“El 90 % de las cocineras continúan en sus puestos de trabajo porque no tuvieron ningún solo cuestionamiento, es más, fueron brillantes. Hay un control permanente de parte de la empresa y desde el gobierno departamental, hay un control bastante importante porque es un programa muy sensible. La gran mayoría de las cocineras continúa porque fue preparada por el SNPP”, sentenció.

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La diputada Rocío Vallejo manifestó que la destitución del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, no será la solución a los conflictos estructurales que sacuden al ente y apuntó a la gestión de los demás miembros del Consejo de Administración.

“Cambiarle a Brítez por otro no sé si será la solución. Hay que decirlo, existe una estructura muy fuerte que no quiere que cambien las cosas, entonces se instala de lo que se quiere mejorar es malo. Realmente es muy complejo y la consecuencias son la mala gestión, corrupción, muerte por falta de insumos y medicamentos, entre tantas quejas", indicó la legisladora de Patria Querida, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Vallejo acotó: “Es el momento de que esta gente entienda que también se le está controlando. Acá conocemos solo la cara del presidente Brítez, pero se tiene a los consejeros que tienen la misma responsabilidad administrativa y penal cuyos rostros ni conocemos. Yo nunca escuché que un consejero del IPS levante la voz diciendo que las cosas se están haciendo mal o que haya realizado algún reclamo".

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Las declaraciones de Vallejo surgieron tras la comparecencia de Brítez ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo, ayer martes, ocasión en que se debatió sobre la situación técnica, sanitaria, administrativa y financiera del ente previsional.

Para la congresista se requiere una intervención que sea ejecutada por la Contraloría General de la República con el fin de identificar los conflictos reales de la institución. “Esperaba que ese equipo vaya a decirnos cuáles son sus problemas, pero en realidad lo que quiero es la intervención del IPS ya que solo se realizan auditorías internas, pero así nunca saltarán los problemas reales. El senador Ignacio Iramain incluso planteo realizar una auditoría internacional para que sea bien objetivo, porque el IPS ya es insostenible", refirió Vallejo.

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Durante el año 2025, se registraron 30.747 expedientes por denuncias de violencia en los juzgados de Paz de todo el país. Según datos de la Dirección de Estadística Judicial, estas cifras reflejan el volumen de actuaciones ingresadas en el sistema jurisdiccional bajo el marco de la Ley N° 1600/00 y la Ley N° 5777/16.

En el fuero penal, los juzgados penales de garantías iniciaron 5.463 nuevos expedientes por violencia familiar, lo que representa un incremento del 6 % en comparación con el año 2024. Este dato permite dimensionar la carga procesal en esta materia durante el periodo analizado.

Por su parte, los tribunales de sentencia dictaron 845 sentencias definitivas vinculadas a hechos de violencia. De ese total, 200 personas fueron condenadas a pena privativa de libertad y 178 obtuvieron la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, además de otras medidas previstas en la legislación vigente.

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En relación con el hecho punible de feminicidio, se registraron 25 imputaciones en 2025, mientras que se contabilizaron 37 imputaciones por tentativa de feminicidio. En la mayoría de los casos, los registros indican la existencia de vínculos de pareja o expareja entre el imputado y la víctima.

Durante este periodo, 15 personas recibieron condenas por feminicidio, con penas que oscilaron entre 16 y 30 años de cárcel. Asimismo, 8 personas fueron condenadas por tentativa de feminicidio.

La información difundida respeta los principios de presunción de inocencia y protección de datos personales, así como el resguardo de la identidad de las víctimas, conforme al marco normativo aplicable. Las cifras fueron elaboradas por la Dirección de Estadística Judicial, en coordinación con las oficinas de estadísticas de las circunscripciones judiciales, con fecha de corte al 21 de enero de 2025.

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