La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial sobre un fuerte sistema de tormentas que afectará a todo el territorio nacional, por ese motivo la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) está preparada para recibir lo peor, pero esperan que no sea como lo anuncian. La secretaría emitió una lista de recomendaciones e instó a la población a resguardarse.

Según el coronel Arsenio Ramón Zárate, ministro de la institución, están preparados para proporcionar ayuda inmediata a quienes sufran daños en sus viviendas. La medida incluye entregar materiales como carpas, puntales, chapas, colchones, frazadas, abrigos y víveres no perecederos a las familias afectadas.

“El sistema de tormenta, que con vientos fuertes y lluvias intensas, afectan bastante la vivienda precaria, que tenemos una gran cantidad especialmente en Asunción y Central. Entonces, nosotros nos preparamos para una ayuda inmediata que consiste en la entrega de carpas y puntales para que puedan tapar la parte más vital de las viviendas”, expresó Zárate, en entrevista con La Nación/Nación Media.

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El ministro confirmó que cuando se reportan afectaciones durante la noche la medida más rápida es entregar a las familias carpas y puntales, para poder proteger sus pertenencias. Luego son trasladados hasta refugios o sitios seguros para su protección, ya que las lluvias suelen persistir.

“Al día siguiente ya hacemos la evaluación, ayudamos para la reposición de techos y las paredes. Como medida inmediata entregamos puntales y terciadas para proteger sus vienes. También entregamos colchones, frazadas, abrigos y kits de víveres no perecederos a la familia que así lo requieran”, manifestó.

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Zárate afirmó que los trabajos de asistencia siempre se hacen en forma coordinada con las municipalidades y gobernaciones, porque son las que mejor manejan la población como a las zonas afectadas.

“Este trabajo lo hacemos para que sea en forma más efectiva para la población que necesita de la ayuda, ya sea del municipio, de la gobernación o del Estado paraguayo. Nosotros lo que hacemos es una coordinación interinstitucional para que la llegada sea más efectiva”, refirió en LN.

Las personas que se vean afectadas por una emergencia climática o tras fuertes temporales pueden contactar al (0986) 111-001. También, pueden pedir asistencia a los bomberos al 132, Policía Nacional con el sistema 911 a sus respectivas comunas. Es muy importante reportar para evaluar los daños.

“Nos ayuda bastante la prensa y la comunidad, porque muchas veces uno va a los lugares críticos, donde tenés varias casitas en un predio y se da la comunicación en cadena. Donde llegás a una casa y te dice mi vecino que también sufrió daño en su vivienda y así sucesivamente vas avanzando en la verificación”, aclaró.

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“Nosotros nos preparamos para lo peor conforme al pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología, pero esperando lo mejor. Si sucede lo que está pronosticado pedimos que se queden en un lugar seguro”, enfatizó el ministro de emergencia.

Así también, enlistó las siguientes recomendaciones:

• Evitar salir de nuestro lugar del trabajo, la casa o del lugar seguro para evitar accidentes o evitar daño a nuestras vidas o la de familiares.
• Evitar también transitar por calles inundadas.
• Si estás en el vehículo, ubicarse en un lugar seguro, cerrando todas las ventanillas y no estacionarse o refugiarse bajo árboles.
• Si están a pie, no acercarse a columna de electricidad.

“Ya tuvimos ejemplo de pérdida de vidas humanas en las ciudades de San Lorenzo, Lambaré, Luque y otros lugares, aprendamos de eso y evitar cruzar calles inundadas. A veces salimos de nuestra vivienda o lugar de trabajo y queremos llegar al destino, atropellamos las calles inundadas, muchas veces eso acarrea problemas”, concluyó.

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Con solo tres semanas en el poder, el presidente ultraderechista José Antonio Kast dio un giro a Chile, con el anuncio de recortes presupuestarios y la marcha atrás en algunas decisiones clave tomadas por su antecesor, el izquierdista Gabriel Boric.

Kast, abogado de 60 años, prometió un “gobierno de emergencia” y “mano dura” para enfrentar el crimen, la migración irregular y reactivar la economía.

En sus primeros días en el cargo, inició la construcción de zanjas en las fronteras, frenó los trámites de regularización de más de 180.000 migrantes, rebajó el 3 % los gastos corrientes de sus ministerios y suspendió la entrada en vigor de más de 40 decretos ambientales para priorizar la creación de empleos.

“Están quitando todo lo que hizo la izquierda y no creo que sepan lo que siente la gente común y corriente”, dice a la AFP Rodrigo Araya, un cocinero de 27 años de Santiago.

El politólogo Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, señala que los cambios de Kast son esperables porque “fue algo que prometió en campaña”.

El nuevo gobierno además anunció que detendrá la expropiación de Colonia Dignidad, un enclave alemán que funcionó como un antiguo campo de represión durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), por motivos de ahorro.

Pero la decisión que más golpea la economía de los chilenos es su ajuste severo al mecanismo que amortiguaba las alzas bruscas de los combustibles. La semana pasada el precio de la gasolina se disparó en 30 % y el diésel en 60 %.

Estas fueron ejecutadas a través de decretos y órdenes presidenciales, sin pasar por el parlamento, donde el Partido Republicano de Kast no tiene una mayoría propia de medidas.

El poder ejecutivo espera un ahorro de 6.000 millones de dólares para reducir el déficit fiscal, que en 2025 cerró en 3,6 % del PIB. Sus detractores dudan que pueda hacerlo sin afectar beneficios sociales.

La semana pasada Kast enfrentó sus dos primeras protestas lideradas por ambientalistas y estudiantes que temen cambios al sistema educativo universitario, en el que también anunció que evalúa recortes.

En opinión de Gonzalo Müller, director del centro de políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, Kast no busca “desmantelar un supuesto legado” de Boric.

“Lo que hay son muchos puntos de fricción entre decisiones tomadas en el gobierno anterior que no eran compartidas por el entrante”, comenta.

Una reciente encuesta de la consultora Cadem advierte un primer golpe a la popularidad de Kast: cayó de 57 % a 43 % desde que ganó la presidencia.

“No vamos a tomar decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión, al buen trabajo, y en el tiempo las cosas se estabilizan”, dijo el mandatario este martes en entrevista con medios locales.

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La contadora Wanda Alarcón, de 55 años, apoya los recortes de Kast. “Hay que adaptarse al presupuesto. Si no tienes mucho en tu billetera, hay que apretarse”, dice en el centro de Santiago.

El nuevo gobierno ha anunciado que flexibilizará las normas ambientales para impulsar la economía. “No nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar tres arbolitos a 100.000 empleos”, aseguró Daniel Mas, ministro de Economía, en una entrevista con el diario El Mercurio.

Entre las normas que Kast frenó es una para emisiones regulares de contaminantes; otra para la creación de nueve parques nacionales protegidos y un registro de sanciones a infractores ambientales.

También un decreto que ampliaba la protección del pingüino de Humboldt, una especie endémica en peligro de extinción.

La norma declaraba “monumento natural” a esta ave, lo que podría afectar intereses económicos en áreas circundantes a su hábitat.

“Es una mala señal”, dice Alejandro Simeone, científico que estudia al pingüino de Humboldt desde hace tres décadas. “Estamos en un escenario en el que todo es tan negativo, tan complejo, que es probable” que se extinga esta especie en las próximas décadas, sostiene.

De acuerdo con un estudio que lideró el experto, su población cayó 63 % entre 2022 y 2025 debido a la gripe aviar, el fenómeno de El Niño y la competencia por alimentos con la industria pesquera.

“Es un error llevar esto a una antítesis, en que proteger la naturaleza signifique no hacer actividades económicas”, dice la ecóloga Cristina Dorador, investigadora en la conservación de salares.

• Fuente: AFP

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El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

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A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

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La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.