Las instituciones educativas no son el motivo del cambio de una ley, aseguró el ministro de Educación, Luis Ramírez, al echar por tierra el argumento de la senadora Blanca Ovelar de modificar la ley del huso horario para que los alumnos del turno mañana no salgan de sus casas cuando aún el día está en penumbra.

Sostuvo que el debate de cambio de horario a nivel nacional es un asunto que se debe analizar por separado a las actividades de las escuelas. Aseguró que las instituciones educativas pueden tomar decisiones de manera independiente al horario nacional.

En comunicación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970Am/Nación Media; explicó que la carta orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, cada comunidad educativa tiene la libertad de establecer sus horarios de entrada y salida, independientemente al horario que se establezca a nivel nacional.

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El secretario de Estado realizó estas explicaciones atendiendo el nuevo debate que se está dando a nivel legislativo sobre el retorno al horario diferenciado de verano e invierno.

El ministro Ramírez señaló que cada comunidad a través de su Consejo Departamental de Educación, que está conformado por todas las fuerzas vivas del departamento, más las autoridades, definir y decidir sobre el calendario escolar y los horarios; incluso estableciendo su horario de verano e invierno.

Mencionó que a nivel institucional ya han analizado esta situación y encuentran que los horarios de la tardecita noche son los que tienen mayores dificultades, de los que van en horario de la mañana. Esto atendiendo que entre la tardecita y la noche se registran los mayores índices de actos delictivos de inseguridad que en la mañana al amanecer.

“Hay más elementos para pensar en mantener el horario actual, porque este horario perjudica, por decir alguna manera, a ese primer franco nada más, el chico va a oscuras hasta llegar al colegio. Una vez que arranca la actividad escolar a las 7:00 am ya hay luz y toda la actividad dentro de la escuela se da con luz solar”, explicó.

Por ello, considera que este nuevo debate sobre el retorno al horario nacional diferenciado, se debe realizar por separado a las actividades educativas.

“La escuela no es el motivo para el cambio de una ley, si es que se le quiere tomar desde esa perspectiva. La escuela puede tomar decisiones y definiciones de manera independiente. Si vamos a analizar una ley se debe analizar una serie de cosas importantes, como el comercio, y todo lo que se mueve en torno a las horas laborales”, acotó.

El ministro Ramírez considera que no se puede pensar en un solo aspecto, porque no ayudará al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Indicó que incluso hay una ley del Horario Escalonado, que se podría volver a analizar cómo se podría ejecutar y buscar la forma de lograr una conciliación.

“Pero la escuela no es el motivo, y la escuela y los colegios no están solos, ya que son un elemento dentro de las vías, pero que se mueve finalmente con el movimiento económico, porque tiene que ver con el trabajo de los padres, que deben llevar a sus hijos a las escuelas. Es necesario pensar más complejamente” indicó.

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El Centro Educativo San Francisco se ha convertido en uno de los pilares principales del barrio modelo que lleva el mismo nombre, ubicado en Zeballos Cué, ya que la institución alberga a niños y adultos que acuden al lugar en diferentes horarios para acceder a sus clases.

Con una población de 1.075 alumnos y un equipo docente y administrativo de más de 70 personas, actualmente atraviesa una difícil situación en materia de infraestructura, puesto que desde hace años las instalaciones van sufriendo un deterioro gradual significativo que inclusive pone en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.

“Estamos preocupados. Nuestra institución es enorme y cada vez estamos con más fisuras por todos lados: la parte del techo se va desprendiendo, pisos rotos y como miembros de la comunidad, tenemos que ver qué hacer de inmediato”, dijo la directora Guillermina Fernández en conversación con La Nación/Nación Media.

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Remarcó que el problema con el mantenimiento de la institución lleva años y que inclusive debieron de recurrir a la solidaridad de los padres y a diferentes actividades solidarias para poder restaurar parte del piso y techo de la institución, ante la nula respuesta del gobierno anterior.

“Pensando en el riesgo que existe, barajamos la posibilidad de volver a la virtualidad porque una persona no puede saber en qué momento algo puede salir mal y nosotros tenemos chicos desde tres años hasta el noveno grado, además de los alumnos del turno noche”, indicó la directora de la institución.

Fernández reconoció que ya han realizado todos los trámites ante las instituciones correspondientes y que inclusive inspectores del Ministerio de Educación se han presentado para relevar datos y realizar informes, pero que no obstante necesitan una respuesta lo antes posible debido justamente al riesgo que representan ciertos sectores del centro educativo y al temor que los padres exteriorizan por sus hijos.

Desde la cartera de Educación aseguraron que se encuentran evaluando la situación y buscando los mecanismos de trabajo más eficientes para poder dar una respuesta pronta a esta necesidad.

La titular del Centro Educativo San Francisco subrayó que esperan no tener que llegar a aplicar la virtualidad, ya que esta medida también implica grandes desafíos como la cobertura adecuada de los materiales y el seguimiento que cada alumno recibe en el formato presencial, eso sin contar con que deberían de reorganizar ciertos beneficios como el programa de Hambre Cero.

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El viceministro de Educación Superior, Federico Mora habló de la rigurosidad en los controles implementados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para garantizar la formación académica de los maestros. “A la docencia ya no se entra por la ventana”, expresó al aludir al reciente hecho de fraude detectado en exámenes de admisión en institutos de formación docente.

Dijo que con las medidas adoptadas se busca dar un mensaje claro a los postulantes. “El año pasado cuando se hizo la prueba para el banco de elegibles se dio la misma situación y el Ministerio ya tomó esta posición. Nosotros cambiamos de fecha porque supimos que se filtró el examen. Hicimos otro nuevo proceso y aquí tiene que aplicar lo mismo. Es decir, nosotros queremos dar el mensaje de que a la docencia ya no entra por la ventana”, afirmó.

Mora se refirió también a las movilizaciones que están realizando los afectados que volverán a rendir tras las irregularidades detectadas en las pruebas.

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“Nosotros acompañamos la manifestación en Lima, pero no creemos que haya elementos para retroceder en esta decisión. Yo creo que tenemos todos los elementos, lo conversamos con el presidente. El nos dio la fuerza, la decisión al respecto. Con el ministro también, así que esto es lo que corresponde”, subrayó.

Pidió a la ciudadanía acompañar el proceso para posibilitar la necesaria depuración en el sistema educativo. “Yo creo que las pruebas que tenemos son contundentes y esperamos que el próximo 24 se vuelvan a presentar. Pero de ahí a retroceder sobre esta posición sería efectivamente un retroceso también en el trabajo que venimos haciendo en el Ministerio”, remarcó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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