El legislador Carlos Núñez indicó que a través de esta comisión se deben investigar todas las aristas de este caso.

El diputado Carlos Núñez Salinas impulsa el proyecto que crea la comisión bicame­ral de investigación sobre la crisis de Ueno Bank, los fon­dos públicos y privados com­prometidos y la actuación de los órganos de supervisión.

El legislador indicó que a tra­vés de esta comisión se deben investigar todas las aristas de este caso, pero también apoyar en el proceso de solucio­nes en el daño causado a par­ticulares y a los fondos del Estado.

“Estuvimos conversando con los colegas de la bancada B del Partido Colorado; la bancada B apoyó en forma directa y sin duda el proceso de jui­cio político; de hecho, fue la primera bancada de alguna manera que tuvo la iniciativa de acompañar y ahora esta­mos consensuando el pro­yecto que ya fue presentado”, adelantó el diputado.

Núñez Salinas sostiene que la recuperación de los fondos públicos será un largo pro­ceso, por lo que se requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado y, en este caso, desde una comi­sión bicameral se pueden generar herramientas para tal finalidad. “Tenemos en cuenta que la penosa expe­riencia que ha tenido Para­guay en los años 90, inicios del 2000, ha demostrado que este proceso no es un pro­ceso que es rápido, que lleva tiempo y que si no hay un control estricto sobre cada cuestión que se realiza, nor­malmente no se llega a recu­perar el total de los fondos y eso hace que las personas que de alguna manera tienen sus inversiones, también así las instituciones (públicas)”, señaló.

Agregó que “hoy en día queda una labor muy importante, que es recuperar esos fon­dos, y esos fondos no se van a recuperar si no se hace un tra­bajo coordinado entre todos los poderes del Estado, tanto el Poder Judicial que está haciendo el proceso, el Poder Ejecutivo que tiene que usar todas las herramientas nece­sarias para poder mitigar la cuestión y el Parlamento, que tiene dos funciones princi­pales, legislar para cambiar las reglas que se tengan que cambiar y para también con­trolar”.

El diputado Carlos Núñez Salinas impulsa el proyecto que crea la comisión bicameral de investigación sobre la crisis de Ueno Bank, los fondos públicos y privados comprometidos y la actuación de los órganos de supervisión.

El legislador indicó que a través de esta comisión se deben investigar todas las aristas de este caso, pero también apoyar en el proceso de soluciones en el daño causado a particulares y a los fondos del Estado.

“Estuvimos conversando con los colegas de la bancada B del Partido Colorado; la bancada B apoyó en forma directa y sin duda el proceso de juicio político; de hecho, fue la primera bancada de alguna manera que tuvo la iniciativa de acompañar y ahora estamos consensuando el proyecto que ya fue presentado”, adelantó el diputado.

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Núñez Salinas sostiene que la recuperación de los fondos públicos será un largo proceso, por lo que se requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado y, en este caso, desde una comisión bicameral se pueden generar herramientas para tal finalidad.

“Tenemos en cuenta que la penosa experiencia que ha tenido Paraguay en los años 90, inicios del 2000, ha demostrado que este proceso no es un proceso que es rápido, que lleva tiempo y que si no hay un control estricto sobre cada cuestión que se realiza, normalmente no se llega a recuperar el total de los fondos y eso hace que las personas que de alguna manera tienen sus inversiones, también así las instituciones (públicas)”, señaló.

Agregó que “hoy en día queda una labor muy importante, que es recuperar esos fondos, y esos fondos no se van a recuperar si no se hace un trabajo coordinado entre todos los poderes del Estado, tanto el Poder Judicial que está haciendo el proceso, el Poder Ejecutivo que tiene que usar todas las herramientas necesarias para poder mitigar la cuestión y el Parlamento, que tiene dos funciones principales, legislar para cambiar las reglas que se tengan que cambiar y para también controlar”.

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Un total de G. 250.000 millones de la caja fiscal fueron depositados en ueno bank como parte de una colocación de recursos excedentes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la caja fiscal adjudicó G. 250.000 millones a ueno bank en julio de 2025 como parte de una operación de colocación de recursos excedentes en el sistema financiero local.

La entidad bancaria había pre­sentado la oferta con la tasa de interés más alta, del 12,35 % anual, para certificados de depósito de ahorro (CDA) a un plazo de cinco años.

Según explicó la cartera eco­nómica, la operación con­templó inicialmente ofertas por G. 1 billón, pero el monto finalmente adjudicado a ueno bank se limitó al 25 % de esa propuesta, en aplicación del criterio de diversificación de las inversiones.

Los recursos colocados en la entidad representaban el 8 % del total de fondos excedentes invertidos o depositados en el sistema financiero nacional.

El proceso se realizó el 31 de julio de 2025 y estuvo regido por el Manual de Procedimiento de Califica­ción de Inversión, estable­cido mediante la Resolución MH n.º 411/2019 y su modi­ficatoria. En la convocatoria participaron diez entidades financieras, aunque única­mente podían presentar ofer­tas los bancos que contaran con calificaciones de riesgo AA y AAA.

Esta figura permite separar los bienes de un proyecto del patrimonio de sus participantes, ordenar los aportes de capital y establecer reglas para administrar los recursos. La notaria pública Annabel Villalba explica sus ventajas, alcances y aspectos importantes antes de invertir.

El fideicomiso inmobiliario gana cada vez más relevancia como alternativa para estructurar negocios, atraer inversores y brindar mayor previsibilidad a los proyectos de construcción. En Paraguay, está regulado por la Ley N.º 921/1996, de Negocios Fiduciarios, y por las disposiciones del Banco Central del Paraguay (BCP). La notaria pública Annabel Villalba señaló que su principal característica es la constitución de un patrimonio autónomo, separado tanto de los bienes de quien los aporta como de los de la entidad que los administra.

Pero, ¿cómo funciona y quiénes participan? El mecanismo consiste en transferir un terreno, dinero u otros bienes a un fiduciario, que los administra para cumplir una finalidad establecida en un contrato. Esta función está reservada a bancos, financieras y empresas fiduciarias autorizadas y supervisadas por el BCP.

A diferencia de una compra tradicional en pozo, en la que el comprador paga directamente al desarrollador, en el fideicomiso los fondos ingresan a cuentas propias del negocio y solo pueden utilizarse para el objetivo pactado. “El fideicomiso es una forma de ordenar la confianza”, acotó Annabel.

De esta manera, el desarrollador puede sumar inversores o propietarios de terrenos, mientras que quienes aportan capital conocen el destino previsto de sus recursos.

Más opciones para financiar obras. El fideicomiso no presta dinero, sino que facilita la organización de aportes provenientes de distintas fuentes, como terrenos, inversores, cuotas de preventa y créditos. También puede estructurarse como garantía para respaldar una financiación bancaria.

La separación patrimonial constituye una protección relevante, ya que los bienes afectados al negocio no quedan expuestos a los acreedores particulares de quien los aportó. Además, los fondos deben mantenerse en cuentas identificadas identificadas, cada fideicomiso lleva su propia contabilidad y el fiduciario debe informar al menos trimestralmente.

En proyectos de construcción, también se contemplan controles sobre el terreno, su tasación, la solvencia del constructor y las condiciones financieras para completar la obra. Los desembolsos pueden vincularse al avance y la fiscalización debe estar a cargo de un profesional independiente.

Costos y decisiones antes de invertir. Constituir un fideicomiso implica honorarios de estructuración y administración, además de gastos de escrituración, registros y tasaciones. La operación debe analizarse también desde el punto de vista tributario, porque el tratamiento depende de la naturaleza de los aportes y de los beneficiarios.

La especialista recomienda evaluar la escala del proyecto, la entidad fiduciaria, la situación jurídica del inmueble y las condiciones del contrato. También es importante distinguir entre proyectos a precio fijo, en los que el desarrollador asume los desvíos de costos, y aquellos al costo, donde estos pueden recaer sobre los compradores.

El fideicomiso, advirtió, no elimina todos los riesgos ni garantiza que una obra termine según lo previsto. Por eso, comprender las obligaciones de cada parte y los mecanismos previstos ante incumplimientos resulta esencial para proteger la inversión.