Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitieron al Directorio partidario y autoridades parlamentarias el informe de auditoría financiera en el que constatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de auditoría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitaciones que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documentos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

Le puede interesar: Buscan optimizar el uso del Registro Cívico Permanente en los procesos electorales

Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denuncia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con documentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Guggiari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni ninguna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detectaron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurídica del instituto que está destinado a brindar capacitaciones, cursos, talleres, así como llevar adelante investigaciones; que son las áreas en las que se pueden utilizar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratificaciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del instituto. Hay faltas administrativas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rector. Mencionó que llamó además la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igualmente no cuentan con documentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que respalden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar respaldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.

Siga informado con: CODI-FTC despliega a fuerzas especiales tras el ataque a la comisaría de Ybyrarovaná

La Policía Nacional realizará este sábado un riguroso control al ingreso a la ciudad de Asunción debido al superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, que se disputará desde las 17:30 en el estadio la Nueva Olla. La institución tendrá a 3.500 hombres realizando trabajos de seguridad.

“El primer control se inicia al ingreso a la ciudad, es el control fuerte para sacar todo ya lo malo, para que se ingrese de forma segura hasta el recinto del estadio”, señaló a canal Trece el subcomisario Isidro Benítez.

Te puede interesar: Usar el celular al conducir es considerado falta grave y tiene una multa de G. 753.389

Agregó que las motocicletas que realizan el acompañamiento a las barras organizadas “serán incautadas porque es la Policía Nacional la que debe realizar el custodio correspondiente para brindar la seguridad a los aficionados”.

El jefe policial sostuvo “son tres anillos de seguridad que estarán en inmediaciones del estadio donde se disputará el encuentro deportivo". En ese sentido pidió a las personas que van a acudir al encuentro deportivo “tener sus entradas digitales o físico así como también deben tener sus documentos de identidad para ingresar al estadio”.

Podés leer: Tras denuncias por extorsión, autoridades ejecutan requisa en penal de Itapúa

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

Leé también: Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

Te puede interesar: Santiago Peña recibirá reconocimiento de comunidad judía en EE.UU.

• Victor Pavón (*)

Hay dos maneras de asignar los siempre escasos recursos. (Sobre el tema de la pobreza sugiero al lector los trabajos de Martín Burt, programa “Semáforo de Eliminación de la Pobreza” desarrollado en 60 países con 535 mil familias).

La primera manera de asignar los escasos recursos es utilizando la coerción que funciona como una orden de abajo hacia arriba mediante la legislación, por cierto, la preferida por los políticos y burócratas para congraciarse con sus electorados disponiendo del dinero de los demás.

La segunda manera, la eficiente y justa, consiste en promover la colaboración entre las personas mediante los acuerdos libres y voluntarios para organizarse, producir y comercializar los bienes y servicios.

Incluso en términos personales la respuesta no es diferente. Un antiguo proverbio chino lo explica mejor: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”.

Se trata, siempre, de predicar con el ejemplo. Es mostrar al indigente que el ser humano no está destinado a ser pobre toda la vida o predestinado a la mendicidad perpetua por algún designio del más allá.

Enseñar a pescar es una herramienta de doble vía: conocimiento y motivación. La persona que se gana el pan diario eleva su autoestima y es valorado por los demás. Alguien que no le culpa a otros de su situación para no convertirse en un resentido, pronto se percata que no hay mejor conducta que la del trabajo diario, el estudio y la disciplina. Nada es gratis. Es tener la actitud de saber que todo cambia en la medida en que, primero, nosotros cambiamos.

Desde luego que la educación es fundamental; la misma se inicia en el hogar y luego en la escuela. Y no solo se instruye para escribir, leer, sumar y restar, sino también la genuina educación es la que enseña buenos modales, el valor de la honradez, la disciplina, la capacitación, de que es bueno tolerar las diferencias sin dejar de lado los propios ideales.

De igual importancia, lo que he expresado hasta aquí no está aislado de la cuestión política. Cuando los gobernantes gozan de la riqueza malhabida, pronto los niños y jóvenes creen que ese es un modelo de vida, lo que luego los lleva a esperar que alguien con dádivas sin mérito alguno les provea del pescado, cumpliéndose así la primera manera de asignar los escasos recursos al que me refería al inicio de esta nota. Es más coerción, menos libertad.

En cambio, si se promueven los acuerdos libres y voluntarios entre los individuos se está enseñando a pescar en vez de dar el pescado y de ese modo se está dando un paso hacia una mejor sociedad civil, un mundo mejor ayudando de verdad a los pobres.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.