La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) investiga unos 150 procesos vinculados a compras por la vía de la excepción en el marco de la crisis sanitaria. Paralelamente se procesan 70 pedidos de informes a instituciones públicas y al sector privado, a fin de corroborar la trazabilidad de los precios de los insumos médicos, conforme informó Pablo Seitz, titular del citado ente estatal, en entrevista con la 970 AM.
“Ya superan los 150 procesos de contratación por vía de la excepción que tenemos para el combate a la pandemia. Tenemos al Ministerio de Salud, al IPS, a todas las instituciones públicas que compran o contratan algún tipo de producto especial para desinfección o servicios de desinfección, a mucha cantidad de municipalidades que adquieren provisión de kits para distribución entre la población sensible”, señaló.
Seitz aclaró que no forma parte de este grupo de contratos la entrega de kit de alimentos para escolares. “La gran mayoría de municipalidades, el MEC y las gobernaciones, que tenían importantes contratos de alimentación escolar por más de 110 millones de dólares, el paquete global de alimentación escolar cada año, alteraron el contrato, subscribieron una adenda adecuada, legítima y válida que dice que durante el tiempo de suspensión presencial de las clases los alimentos que estaban pensados como platos servidos o cocinando en las escuelas cambian a kit de alimentos no perecederos”, mencionó.
Consultado si Petropar está incluido entre los 70 entes investigados, Seitz dijo que la petrolera estatal envió motu propio un informe con el detalle de todas las compras hechas para la emergencia sanitaria destinada a mitigar el impacto del COVID-19.
No supo precisar si la compra de la ambulancia también está justificada, aunque sí lo relacionado con las mascarillas.
Las investigaciones se centran en el caso de tapabocas adquiridos por la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), cuyo titular Édgar Melgarejo se vio obligado a renunciar la semana pasada acosado por las denuncias de irregularidades en el proceso de compras.
Precisamente, tras este escándalo de los tapabocas, el Poder Ejecutivo ordenó la rendición de todos los gastos de Salud y encomendó a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General del Estado y a la DNCP la fiscalización de todos los procesos de adquisiciones vinculados al uso de los 1.600 millones de dólares aprobados en el marco de la Ley de Emergencia.