El presidente argentino, Javier Milei, equiparó este jueves al socialismo con el fascismo en los debates de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante el anfitrión, el socialista Pedro Sánchez, con quien mantuvo duros enfrentamientos políticos.

El dirigente ultraliberal argentino, quien ya hace dos semanas llamó “impresentable dictador” y “corrupto” a Sánchez en la capital española, hizo una diatriba contra el socialismo en la sesión plenaria de la cumbre del bloque de 22 países.

“Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual, comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”, dijo Milei.

“El socialismo es fascista en política, y el fascismo es socialista en economía”, insistió en el plenario en la Galería de las Colecciones Reales, un museo aledaño al Palacio Real, al criticar las “agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa”.

Interrogado sobre los dichos de Milei en la rueda de prensa tras el cierre de la cumbre, Sánchez evitó entrar en polémicas afirmando: “Entiendo que los presidentes estamos para unir a los países, particularmente cuando estamos en espacios multilaterales como es este, y el insulto no forma parte de mi hacer y de mi forma de entender la política”.

Por la mañana al abrirse el foro, marcada por la ausencia de muchos líderes latinoamericanos como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, Milei y Sánchez se dieron un frío y breve presión de manos.

Milei no acudió el miércoles a la inauguración de la reunión ni a la cena posterior ofrecida por el rey Felipe VI, para en cambio entrevistarse con el jefe de la extrema derecha en España, su aliado Santiago Abascal, a pocas semanas de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

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Según las encuestas, la derecha ganaría los comicios, pero sin mayoría absoluta, por lo que para formar gobierno necesitaría el apoyo de la extrema derecha.

A esta 30ª Cumbre Iberoamericana asistieron solo siete presidentes latinoamericanos, entre ellos varios representantes de la derecha, como el chileno José Antonio Kast, la costarricense Laura Fernández, el boliviano Rodrigo Paz y el hondureño Nasry Asfura.

Pese a la reducida participación, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, afirmó que la organización “se reafirmó desde el punto de vista político” en esta cita, luego de que en la anterior, en Ecuador, solo asistieran cuatro presidentes y no hubiera declaración final por desacuerdos.

Aprobada al culminar la cumbre, la declaración de Madrid resalta un acuerdo alcanzado en materia de inteligencia artificial, para desarrollar modelos de lenguaje alimentados con datos en español, portugués y lenguas originarias.

Honduras tomó el relevo para organizar en 2028 la próxima cumbre del bloque de 19 países latinoamericanos, España, Portugal y Andorra.

Hace dos semanas en Madrid, Milei -que en sus múltiples visitas nunca fue recibida oficialmente ni por Felipe VI ni por Sánchez- llamó a los españoles “a sacar a los socialistas a patadas”.

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Sánchez le respondió proclamándose un “zurdo” -palabra que usa el argentino para criticar a los militantes de izquierda- y comparando la situación económica de Argentina y España, para concluir que “las motosierras y los tijeretazos (...) no construyen nada, sino que destruyen”.

En prevención de posibles debates agrios, el rey de España, pidió en la apertura de la cumbre -a modo de metáfora musical- que los participantes se ciñeran “a la partitura” para tener un diálogo “armónico”.

Milei provocó en 2024 una crisis diplomática con España al llamar en Madrid “corrupta” a la esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias.

Tras llegar a Madrid por sorpresa, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió tras la cumbre con varios líderes, entre ellos Sánchez y los presidentes de Guatemala y Honduras, pare pedir la ayuda de España y de los países latinoamericanos para “seguir reconstruyendo y reparando” el sistema energético de su país, dañado por los ataques rusos.

Zelenski recaba apoyos antes de que se reanuden las negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington el 10 y 11 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos, que el dirigente ucraniano espera pueda desembocar en un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

• Fuente: AFP

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La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.

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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.

Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.

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Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.

El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.

“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.

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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.

La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.

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El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes la dimisión a su cargo casi una semana después de la tragedia ferroviaria en la que perdieron la vida al menos 69 personas y que supuso el segundo grave accidente en las vías españolas este año.

“Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales” para los comicios del 29 de noviembre, expuso Puente en la parte final de una larga comparecencia ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

El ministro, del que la oposición demandaba reiteradamente la dimisión, había descartado en varias ocasiones dejar su puesto.

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“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”, aseguró sin embargo el jerarca durante su último turno de palabra en una larga comparecencia en el órgano que representa al Congreso de los Diputados hasta que se celebren las nuevas elecciones.

Puente -considerado como muy cercano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez- estaba también al frente del ministerio cuando el 18 de enero dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de la localidad de Adamuz, en Andalucía (sur), dejando 46 muertos.

“La decisión sobre mi futuro la tomé los primeros minutos en los que se produjo la tragedia, en cuanto tuve conocimiento de ella”, afirmó sobre el segundo accidente, ocurrido el pasado miércoles cerca de la localidad de Urda, en el centro del país.

Tras el consejo de ministros de este martes, Puente había presentado en una rueda de prensa un “plan extraordinario para reforzar la seguridad de la alta velocidad”, así como una serie de ayudas para los sobrevivientes y las familias de las víctimas.

Fuente: AFP

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