El senador Sergio Godoy, de Honor Colorado, se refirió al proyecto de ley “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
La iniciativa no pudo ser tratada por la Cámara de Senadores en su sesión extraordinaria del pasado miércoles, por lo que el legislador lamentó tal hecho. Asimismo, mencionó que sabía que se estaría rozando el quorum y que se corría el riesgo de que la iniciativa no sea tratada por el pleno.
“Sabía que estaríamos rozando el quorum. Había otros temas que presentaron varios colegas; si bien eran importantes, no eran los más relevantes”, mencionó y agregó que en este momento lo más importante es realizar estos recortes dentro de las instituciones públicas con el fin de generar un importante ahorro para el Gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus.
“Lo más importante ahora es ver dónde podemos ahorrar y cómo gastar menos. Se autoriza al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a endeudarnos hasta 1.600 millones de dólares, pero es hasta 1.600 millones de dólares, entonces, todo lo que nosotros ahorremos en este tiempo vamos a dejar de prestar. Por eso la urgencia de realizar esta reforma ahora”, sentenció.
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Déficit fiscal asciende a 0,8 % al cierre de marzo
Al cierre del primer trimestre del 2025 se registró un déficit fiscal acumulado de 0,8 % del producto interno bruto (PIB) por un valor de G. 2.830 mil millones, cerca de USD 357 millones, según el informe de Situación Financiera (Situfin) que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Respecto al déficit anualizado, este se ubica en 2,8 % del PIB y es explicado en gran parte por una mayor dinámica del gasto en medicamentos, alimentación escolar e intereses. Según el MEF, los esfuerzos por mantener una ejecución equilibrada durante todo el año para la inversión pública, contribuyó a que se superen los niveles históricos de ejecución presupuestaria al finalizar marzo.
Al finalizar marzo, el ingreso total tuvo un aumento de 14,8 %, un incremento de 0,3 puntos porcentuales del PIB, en comparación al primer trimestre del 2024. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la buena dinámica de la recaudación tributaria tanto en impuestos internos como externos.
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En detalles, los impuestos internos representan una variación acumulada del 7,7 %. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 5,4 %, el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) con 2 %, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con 0,8 % y el Impuesto a la Renta Personal (IRP) con 1,4 %. En negativo se registró un 2,4 % en el Impuesto por Distribución de Dividendos y Utilidades (IDU).
La contribución a la variación acumulada de los impuestos externos se desprende de la siguiente manera: a marzo de este año se registró un total de 14,1 %. El IVA representa un 7,7 %, los aranceles 6,1 %, y otros impuestos 2,9 %.
Los ingresos no tributarios crecieron 22,3 %, explicado principalmente por la contribución de los recursos de las represas binacionales Itaipú y Yacyretá. Los salarios financiados con ingresos tributarios se mantienen cercanos al mínimo histórico. El 79 % de los salarios se destina a los sectores de salud, educación y seguridad.
Gastos
Los gastos aumentaron en 11,4 %, debido al aumento del gasto en medicamentos y alimentación escolar, donde destacan el fortalecimiento en los sectores estratégicos de salud, educación y seguridad, que representaron el 74,1 % del gasto total. La inversión pública asciende a G. 1.754 mil millones, equivalente a USD 221,6 millones, y al primer trimestre representó el 0,5 % del PIB, mayor en 0,3 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2024.
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Déficit fiscal se ubica en 0,4 % del PIB al cierre de febrero
Al finalizar el segundo mes del 2025 se registró un déficit fiscal acumulado de G. 1.344.210.000.000, unos USD 173 millones, y representa el 0,4 % del producto interno bruto (PIB), dio a conocer este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Informe de Situación Financiera (Situfin).
El déficit fiscal anualizado fue de 3 % del PIB, explicado en parte por la mayor dinámica del gasto en medicamentos, alimentación escolar e intereses. El resultado operativo, que no considera la inversión, se ubica a febrero en menos 0,8 %, por debajo del déficit.
La ejecución de la inversión pública estuvo por encima de los niveles acumulados a febrero de los últimos años. La inversión se ubica en 2,2 % del PIB en términos anualizados. El 54 % de la ejecución (del total) a este mes, corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y se destaca la inversión del Ministerio Nacional de Defensa, con una contribución cercana al 30 % por la reciente compra de radares. En cifras, la inversión pública a febrero representó USD 163 millones.
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“Esto se explica por una mayor ejecución de la inversión pública principalmente, también por algunos compromisos de intereses, así como por la mayor ejecución por el programa de alimentación escolar, y también un mayor gasto en medicamentos en estos primeros dos meses del año”, expresó Felipe González Soley, gerente de Economía del MEF.
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Gastos
Con esto, el resultado primario (resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos y la inversión), excluyendo el pago de intereses, se ubica en un déficit primario de 0,9 % en términos del PIB, por debajo de los niveles que se venían registrando el año pasado.
Según el indicador del gasto corriente primario acumulado al mes de febrero, se registró un crecimiento del 20 % en el índice anual, con un crecimiento del 15,6 %, explicado principalmente por el componente de bienes y servicios, un componente importante para la compra de medicamentos en el sector de salud. Respecto a remuneraciones y salarios de la administración central, esto sigue mostrando niveles mínimos (histórico) con un 59 % en febrero.
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Latorre insta a una transformación del sistema de salud
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que es momento de trabajar en una transformación del sistema de salud en el Paraguay, ya que el sistema de salud del Paraguay es obsoleto en su propio diseño y lleva décadas estando desfasado. Las palabras del legislador se dieron en referencia a la muerte de un bebé prematuro por la presunta falta de terapia intensiva en el Hospital de Villarrica y que fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Trinidad, en Asunción.
“Tenemos que ir por la integración de un sistema de salud, nosotros tenemos que ir verdaderamente por la atención universal, el acceso universal a los servicios de salud de calidad, una cobertura universal y buscar disminuir el gasto de bolsillo que todavía es un pendiente para nuestro país”, expresó Latorre, este martes, en conversación con los medios de comunicación antes del inicio de la primera sesión de este año.
El diputado refirió que esta reforma debe trascender los cambios de ficha, y que se requiere de un esfuerzo importante de todos los sectores políticos. “Un gran consenso de los diferentes actores espectros políticos para generar esa transformación en el sistema de salud, que los paraguayos no solo sueñan, sino que los paraguayos merecen”, señaló.
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Realizar una investigación seria
Latorre expresó que es importante llevar adelante una investigación seria de lo que habría ocurrido con las unidades de terapia intensiva que fueron anunciadas, y quienes fueron los responsables de habilitar este sistema sin haber estado preparado. “Lo que pasó está mal y nunca debió haber sucedido. Yo creo que debe haber una investigación seria con respecto a las condiciones en la cual esa terapia fue inaugurada, y si no estaba en condiciones de funcionar, que es lo que parece a todas luces, quiénes fueron los responsables de autorizar su inauguración”, refirió.
Agregó que el servicio de terapia es un servicio altamente requerido: “Era evidente que una vez que eso se inauguraba iba a tener una demanda muy importante de pacientes. Entonces, ¿por qué se inauguró si no estaba en condiciones? Quiénes tenían conocimiento de esto y quiénes dieron la orden de que se procesada a pesar de que no estaba en condiciones, son las cosas que tenemos que investigar”.
Por otra parte, Latorre lamentó la exposición del presidente Santiago Peña y sostuvo que se debe investigar quiénes fueron los responsables de llevar adelante la inauguración sin que el área de terapia intensiva esté en condiciones. “En términos políticos yo lamento cómo expusieron al presidente de la República, porque yo veo un esfuerzo muy grade del presidente Santiago Peña por la salud de nuestro país, y de un esfuerzo muy grande por dotar de mejor infraestructura y mejor capacidad a los servicios de salud, que tienen que ver con la salud pública”, sentenció.
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Expresidente de la CAP rechaza que miembros del JEM sean electos por voto popular
El expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera, acudió este jueves a la audiencia pública impulsada en el Congreso Nacional para debatir sobre proyectos que plantean la reforma del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En la ocasión rechazó la propuesta de que los miembros del órgano extrapoder sean electos mediante el voto popular.
“En mi opinión esto no corresponde por que la legitimidad de una sentencia no reposa en la cantidad de sus votos, sino en su apego a la ley y la Constitución Nacional”, sostuvo en una entrevista con los medios de prensa.
La propuesta es presentada por el senador opositor José Oviedo, quien sugiere que los representantes del Poder Legislativo deberán ser quienes hayan obtenido la mayor cantidad de votos en comicios generales y ser de profesión abogados.
A la vez, el parlamentario propone que el proceso del sufragio afecte a los representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), excluyendo de unas elecciones generales a los representantes del Consejo de la Magistratura (CM), quienes seguirán siendo designados por sus pares.
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Otro punto que propone Oviedo se centra en que los integrantes del JEM podrán permanecer en sus cargos por un periodo de 5 años y deberán presentar informes cada un año sobre sus actuaciones ante la Cámara Alta. En caso de que sus acciones no sean aprobadas dos veces consecutivas por la plenaria del Senado, terminarán siendo removidos de sus cargos.
“Debemos limitar el poder público del juzgador, darle garantía a los que están siendo juzgados y la objetivación de las causas para ingresar al esquema del juzgamiento. Darle 5 años me parece una locura, cuando en un año ya se corrompen. Yo pensaría por ejemplo en esquemas de rotación, de sorteos”, puntualizó.
Con relación a la iniciativa impulsada por el también senador liberal Ever Villalba, consistente en la eliminación de la oficiosidad en el JEM, Riera argumentó que “es un paso, pero es insuficiente”. El concepto de oficiosidad se refiere a la capacidad del jurado de iniciar investigaciones y juzgar sin una denuncia previa, lo que es considerada por el legislador como una metodología inquisitiva que otorga un poder excesivo a dicho organismo.