El senador Sergio Godoy, de Honor Colorado, se refirió al proyecto de ley “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
La iniciativa no pudo ser tratada por la Cámara de Senadores en su sesión extraordinaria del pasado miércoles, por lo que el legislador lamentó tal hecho. Asimismo, mencionó que sabía que se estaría rozando el quorum y que se corría el riesgo de que la iniciativa no sea tratada por el pleno.
“Sabía que estaríamos rozando el quorum. Había otros temas que presentaron varios colegas; si bien eran importantes, no eran los más relevantes”, mencionó y agregó que en este momento lo más importante es realizar estos recortes dentro de las instituciones públicas con el fin de generar un importante ahorro para el Gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus.
“Lo más importante ahora es ver dónde podemos ahorrar y cómo gastar menos. Se autoriza al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a endeudarnos hasta 1.600 millones de dólares, pero es hasta 1.600 millones de dólares, entonces, todo lo que nosotros ahorremos en este tiempo vamos a dejar de prestar. Por eso la urgencia de realizar esta reforma ahora”, sentenció.
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Aumenta la inflación en Argentina y el gobierno apunta al impacto de la guerra
Argentina registró una inflación mensual de 3,4 % en marzo, su nivel más alto del último año según datos oficiales, un resultado que el gobierno atribuyó al aumento global en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.
El dato de marzo se vio impulsado por el transporte y gastos estacionales como la educación, según el instituto nacional de estadísticas Indec.
“En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países”, escribió en X el ministro de Economía, Luis Caputo, al citar aumentos “de 9 % en combustibles, 24 % en pasajes de avión de cabotaje y de 22 % en transporte interurbano”.
Citando este tuit, el presidente Javier Milei admitió en un mensaje en X que “el dato es malo”, pero agregó que hay “elementos duros” que “permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación regrese a su sendero decreciente”.
Durante el mandato de Milei la inflación anual bajó de 117 % en 2024 a 31 % en 2025, pero el proceso se detuvo en abril del año pasado, cuando el índice cambió de tendencia.
En los últimos 12 meses a marzo la inflación alcanzó el 32,6 %. En tanto, en lo que va del año, el aumento de precios redondea el 9,4 %.
Caputo había dicho el martes que “la inflación va a tener certificado de desaparición”, al disertar en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
En otros apartados, las cifras son menos favorables.
La industria acusó en febrero una caída de actividad del 8,6 % interanual y la informalidad laboral alcanzó el 43 % en el cuarto trimestre de 2025, también según el Indec.
El tipo de cambio con un peso elevado frente al dólar (1.385 pesos por billete verde al cambio oficial) favorece las importaciones que el gobierno estimuló con políticas de desregulación.
La avalancha de importaciones, principalmente provenientes de China, ayudó a abaratar los precios pero también tuvo un fuerte impacto en el aparato productivo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo este martes que Argentina moderará su crecimiento de 2025 (4,4 %) y se situará en 3,5 % este año y 4 % el año que viene, en buena parte a causa de la ralentización de la actividad económica en el segundo semestre de 2025.
El organismo internacional también espera que el proceso de desinflación continúe en Argentina, pero de manera “un poco más gradual” de lo que estaba previsto. El FMI había ubicado la expectativa de inflación para este año en 16,4 % y la elevó casi al doble (30,4 %).
- Fuente: AFP
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Fitch sostiene que se necesitan reformas adicionales para reducir el déficit de pensiones
La recientemente aprobada reforma en el sistema de pensiones del sector público ofrece “beneficios limitados” para las finanzas públicas del Paraguay, sostiene la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings.
Sin embargo, ante ello explica que es muy probable que se necesiten reformas adicionales para contener y reducir el déficit del sistema.
Las reformas al sistema de pensiones del sector público (Caja Fiscal) fueron aprobadas por el Congreso y firmadas por el presidente Santiago Peña en marzo pasado.
En su más reciente reporte, la calificadora señala que a pesar de que la reforma aprobada en el Congreso suavizó significativamente la propuesta original del gobierno, la misma sigue siendo coherente con la previsión de que el déficit de la caja fiscal de Paraguay disminuirá al 1,5 % del PIB en 2026 y que se mantendrá prácticamente sin cambios en 2027.
En tanto, advierte que las presiones fiscales están aumentando. En ese sentido, mencionó que las deudas registradas con proveedores del Estado podrían ejercer presión al alza sobre el déficit en 2026 si se liquidan directamente, o a mediano plazo si se liquidan mediante factoring u otros mecanismos.
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“Estimamos que el logro de la meta de déficit del 1,5 % respaldaría la estabilización de la deuda pública/PIB en torno al 31,6 % en 2026, una de las más bajas entre los países con calificación ‘BB’. Los bajos déficits fiscales y la deuda son factores que contribuyen a la perspectiva positiva de la calificación soberana ‘BB+’ de Paraguay, junto con un sólido desempeño y perspectivas de crecimiento gracias a una sólida cartera de inversiones y aumentos estructurales en la aún baja base de ingresos», señala el reporte.
Como conclusión, indica que la reforma fiscal de la caja de marzo difícilmente será un catalizador por sí sola para una mejora de la calificación soberana, ya que solo aborda modestamente los desafíos estructurales que podrían complicar el cumplimiento de las metas fiscales.
“Las perspectivas de una mejora de la calificación probablemente dependerán de otros esfuerzos para garantizar un bajo déficit fiscal, la sostenibilidad del sólido crecimiento y la dinámica de inversión de Paraguay, y una gestión exitosa de la crisis del petróleo”, concluye.
Las estimaciones del gobierno muestran que se estabilizará en el 1,2 % del PIB a partir de 2032, en comparación con el 1,6 % en un escenario sin reforma, aunque esto podría capturar principalmente la contribución estatal, lo que significa un beneficio menor para el saldo del gobierno central.
La reforma aprobada diluyó significativamente la propuesta original del gobierno que contemplaba una edad mínima de jubilación de 57 años y una contribución gubernamental menor del 3 %, tras la oposición del Congreso y las protestas públicas.
Esto pone de relieve el desafío institucional de reformar completamente la Caja Fiscal, a pesar del fuerte impulso reformista en otras áreas.
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Economista señala desafíos fiscales y plantea mayor impulso reformista
La salida del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se da en un contexto de desgaste en su figura y con desafíos fiscales aún pendientes, según el economista y exviceministro de Hacienda, Manuel Alarcón, en conversación con La Nación/Nación Media.
El analista consideró que, si bien se registraron algunos avances, el escenario actual exige una agenda más profunda de reformas.
Alarcón afirmó que, en términos personales, lamenta la salida del exministro, aunque desde una perspectiva profesional ya se percibía un deterioro en su gestión.
“Más allá de algunos logros, deja desafíos no menores a su sucesor”, indicó, al tiempo de enfatizar que la estabilidad fiscal depende en gran medida de la credibilidad de los responsables de la política económica.
En esa línea, sostuvo que la administración mantuvo la continuidad de políticas anteriores, pero que “debió ser mucho más reformista” considerando la coyuntura económica y los retos que enfrenta Paraguay. A su criterio, uno de los principales déficits de la gestión fue la acumulación de deudas con proveedores, lo que compromete la cadena de pagos en sectores clave.
Respecto al impacto en la actividad económica, el economista sostuvo que el riesgo de desaceleración dependerá de las señales que emita el próximo ministro. Alertó que una gestión enfocada únicamente en cerrar el periodo de Gobierno representaría una oportunidad perdida, especialmente considerando la mayoría oficialista en el Congreso, lo que podría traducirse en efectos negativos sobre el sector real.
Al analizar el origen de los problemas, Alarcón sostuvo “Son las dos cosas”, en referencia a ingresos insuficientes y a la calidad del gasto. Señaló que no se avanzó lo suficiente en la racionalización del gasto público, lo que limita la capacidad de reacción ante shocks externos o internos, como ya ocurrió en crisis anteriores.
En cuanto a las medidas necesarias en el corto plazo, planteó que el primer paso es contar con un diagnóstico claro de ingresos y egresos, para luego diseñar un plan austero y creíble. A su juicio, el endeudamiento “ya dejó de ser una herramienta eficaz”, por lo que se requiere una “cirugía mayor” en la política fiscal.
El exviceministro enfatizó que la prioridad del próximo titular del Ministerio de Economía debe ser preservar la estabilidad macroeconómica, evitando efectos negativos sobre el sector productivo. Posteriormente, recomendó avanzar en reformas estructurales, aprovechando el contexto político favorable.
Finalmente, Alarcón insistió en la necesidad de acelerar decisiones en materia fiscal, especialmente mediante el impulso de proyectos de Alianza Público-Privada (APP).
“No debemos restringirnos exclusivamente a las obras viales, sino también en el sector sanitario, educativo y penitenciario”, expresó.
En cuanto al perfil del nuevo ministro, consideró que debe ser un economista con una clara orientación reformista y mayor apertura al diálogo con distintos actores, en un escenario que exige liderazgo técnico y capacidad política para encarar los desafíos pendientes.
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Reforma del transporte: Latorre se debe avanzar en las soluciones
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió al paro del transporte público y a las negociaciones del Gobierno con este sector. El legislador manifestó que celebra el acuerdo que se llegó entre el sector transportista y el Gobierno, pero que “es fundamental reflexionar sobre esta situación y encontrar otros métodos para dirimir las diferencias y que deje de ser la ciudadanía la que paga en este tipo de situaciones”.
“Nosotros no podemos permitir que los ciudadanos paraguayos sean rehenes, que sufran, que no tengan forma de llagar a las escuelas, a las universidades, a sus trabajos, cada vez que el gremio de transporte hace un planteamiento. Nuestro desafío es avanzar hacia soluciones que permitan dirimir los conflictos”, afirmó en rueda de prensa.
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Con relación a la nueva ley de reforma del transporte público, sostuvo que, desde el Congreso nacional, o por lo menos desde la Cámara de Diputados, acompañarán y controlarán la aplicación de la nueva normativa que se encuentra en proceso de reglamentación en el Poder Ejecutivo.
“Hay mucha esperanza puesta en esa reforma. Desde la Cámara de Diputados vamos a acompañar fuertemente esta reforma y vamos a ser contralores, nuestro rol es legislar y lo hicimos, después de legislar es controlar y lo vamos a hacer”, apuntó.
Finalmente, expuso que “el sistema del transporte público es pésimo, donde los paraguayos tienen que esperar horas para que pase su colectivo, donde muchas veces tienen que ir parados, pasan horas de sus vidas en ese lugar en vez de pasar con sus familias o con sus seres queridos, o aprovechar el tiempo”.