La Comisión Bicameral, encargada de velar por los recursos previstos en la Ley de Emergencia aprobada tras la presencia del coronavirus en el país, se instalará mañana a las 10:00. La convocatoria fue realizada por el presidente del Congreso, Blas Llano.
Los parlamentarios que integran dicha comisión son los diputados Roque Sarubbi, Hernán David Rivas, Carlos Núñez, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Édgar Acosta y Enrique Mineur, mientras que el senado estará representado por Martín Arévalo, Antonio Barrios, Hermelinda Alvarenga, Amado Florentín, Esperanza Martínez y Stephan Rasmussen González.
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La ley habilita una línea de crédito de US$ 1.600 millones y bonos soberanos, de los cuales se destinarían más de US$ 500 millones para el sector de la salud. Con este recurso se pretende duplicar la cantidad de camas de terapias intensivas, invertir en insumos hospitalarios, adquirir más reactivos para poder aumentar los test que detectan el coronavirus, así como la bonificación para los trabajadores de blanco.
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Diputados pide informes sobre falta de pago a policías y militares jubilados
La Cámara de Diputados solicita informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la falta de pago de haberes jubilatorios a policías y militares retirados en el año 2025.
El proyecto de resolución fue presentado por el diputado Alejandro Aguilera y tuvo acompañamiento del pleno durante su tratamiento en la última sesión.
Se pide información oficial respecto a la situación de efectivos policiales y militares que se acogieron a la jubilación o retiro durante el año 2025 y que, hasta la fecha, no se encuentran percibiendo sus haberes jubilatorios.
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El proyectista argumentó que, considerando que el haber jubilatorio constituye un derecho previsional de carácter alimentario, resulta necesario conocer las razones que explican la falta de pago, así como las medidas previstas para regularizar esta situación, expresa parte del documento.
Se precisan datos igualmente sobre la cantidad de jubilados y retirados afectados por esta situación, y en qué estado se encuentran los expedientes administrativos de los beneficiarios pendientes de cobro.
El MEF deberá responder además si existen impedimentos presupuestarios, administrativos o legales que estén causando falta de pago, y para cuándo se prevé regularizar el desembolso de los haberes jubilatorios pendientes.
Finalmente, los diputados piden la remisión del plan de pago previsto para los afectados, y las medidas a adoptarse por el MEF para garantizar el cobro de estos haberes.
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Por ley buscan crear figura del “consorcio” para obras conjuntas entre municipios y gobernaciones
Un proyecto de ley que plantea crear la figura del “consorcio” para que municipios y gobernaciones puedan encarar obras conjuntas tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados.
La iniciativa es impulsada por los diputados colorados Miguel Del Puerto y César Cerini. Se trata de la modificación y ampliación del Artículo 19 de la Ley N° 3966/2010 - Orgánica Municipal.
La idea es agilizar las inversiones, el acceso a créditos y la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
El documento apunta a otorgar herramientas concretas a los gobiernos locales para trabajar de forma asociada y eficiente, según el proyecto.
El diputado Del Puerto explicó que la normativa actual limita el accionar conjunto entre municipios y deja fuera a las gobernaciones.
“Hoy un intendente solo no puede encarar un hospital regional o una ruta que cruce tres distritos. Con esta ley, podrán unirse, poner recursos en común y ejecutar obras que solas serían imposibles”, fundamentó.
Se plantea la creación de Consorcios Municipales y Departamentales, a fin de posibilitar que municipalidades y gobernaciones conformen una nueva figura jurídica con administración propia para encarar proyectos en común.
Así también, habilita la posibilidad del manejo de fondos conjuntos. “Las municipalidades y gobernaciones que integren un consorcio podrán disponer de una caja común para ejecutar obras y servicios, previa autorización de sus respectivas juntas municipales y departamentales”, refiere el texto legislativo.
Por otro lado, se autoriza el acceso a créditos y alianzas público privadas. “Los consorcios podrán adquirir créditos con entidades bancarias y establecer Alianzas Público-Privadas para financiar obras de gran envergadura, sin depender, exclusivamente, del Presupuesto General de la Nación (PGN)”, añade el proyecto de ley.
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Proyecto sobre senaduría vitalicia se posterga para después de internas partidarias
El senador Derlis Maidana confirmó que el tratamiento del proyecto de reglamentación de la senaduría vitalicia se posterga para después de las elecciones internas partidarias de las municipales 2026, que se desarrollará el 7 de junio. El legislador indicó que se buscará un acuerdo para aprobar esta iniciativa legislativa en torno al artículo 189 de la Constitución.
“Ayer conversamos con el presidente de Congreso (Basilio Núñez) y se decidió postergar esto hasta que por lo menos terminen las internas del Partido Colorado y se verá más adelante si hay la voluntad política de proseguir esto o esperar más”, señaló el legislador, este jueves, para la 780 AM.
Maidana sostuvo que están marcadas las posturas divididas sobre este proyecto. “Hay argumentos muy sólidos tanto a favor o en contra, y naturalmente los aires están plasmados en los dictámenes que tenemos y que está a consideración de la ciudadanía y del pleno de la Cámara de Senadores”, manifestó.
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El parlamentario argumentó que se trata nada más de una reglamentación de un artículo de la Constitución que no se aparta del espíritu del artículo constitucional que habla de la senaduría vitalicia, para evitar situaciones como las que se dieron en periodos anteriores.
“Al contrario, lo que se busca con esta ley es prever los atropellos que hizo, por ejemplo, Fernando Lugo cuando era presidente del Congreso y no le dejó jurar a dos senadores electos y proclamados tanto por la Justicia Electoral y el aval de la propia máxima instancia judicial que es la Corte Suprema de Justicia”, refirió.
Detalló que la reglamentación será muy clara y también que no se garantiza que un expresidente pueda ser electo o no con el aval electoral. “Lo que se busca con esto es darles a los expresidentes que sigan en la política activa nacional, siempre que la ciudadanía lo crea conveniente, por el hecho de renunciar a la senaduría vitalicia es por única vez, alguien que renuncia luego se candidata, no tiene los votos necesarios para ingresar al Senado pierde también en esas condiciones”, concluyó.
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Audiencia Pública: Diputados debaten reforma para sancionar uso abusivo del sistema judicial
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”. La iniciativa busca fortalecer la protección de la administración de Justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.
Esta audiencia estuvo presidida por el titular de la comisión el diputado, Yamil Esgaib, junto con sus colegas Jorge Ávalos Mariño que preside la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Gremio de Abogados de Caaguazú, la Asociación de Defensores, entre otros estamentos.
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En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.
“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.
En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.
Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa. Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.
Sobre el proyecto
Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.
Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.
En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.