La familia del periodista Santiago Leguizamón, asesinado a tiros hace casi 31 años en Pedro Juan Caballero, realizó ayer viernes su descargo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La audiencia se hizo en la modalidad virtual en el marco de la demanda contra el Estado paraguayo por omisión de protección y falta de esclarecimiento del crimen.
Ana María Morra, viuda de Leguizamón, y Dante Leguizamón, uno de sus cuatro hijos, participaron de la diligencia enmarcada en el caso “Leguizamón Zaván y otros versus Paraguay”. El procurador general de la República, Juan Rafael Caballero González, participó en representación del Estado paraguayo, que ya había adelantado en su momento que se allanará y que no controvertirá la demanda.
Tras la audiencia, la Corte Interamericana cuenta con un plazo de hasta un mes, que se cumple el 25 de abril próximo, para presentar sus alegatos y observaciones finales. Este plazo es improrrogable. La familia Leguizamón estuvo representada por el abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Hugo Valiente, quien se encargó de formular las primeras preguntas de descripción de los hechos a la esposa y al hijo del periodista asesinado.
Durante su relato, Ana María Morra lamentó que nunca pudo esperar nada de la Justicia paraguaya. Aseveró que en reiteradas ocasiones había abogado, al menos, porque las autoridades se hicieran cargo de la seguridad de los periodistas. En ese sentido, dijo que otros 18 casos similares a los de Leguizamón se registraron en los últimos años en el país.
A su turno, Dante Leguizamón destacó la figura de su padre a través de los escritos periodísticos que leyó del mismo. Sobre los mismos, dijo que desvelan la calidad de profesional, de persona honesta y responsable que sentía profundamente los hechos y situaciones que relataba. “Eso me sirvió a mí para conocer mejor a mi papá”, apuntó al momento de solicitar a la Corte IDH honrar la vida de Santiago Leguizamón.
“Esperamos justicia para Santiago, pero tenemos muy pocas expectativas de la Justicia paraguaya. Necesitamos que la sentencia obligue al Estado paraguayo a adoptar medidas para evitar otros casos similares”, subrayó.