La Federación Latinoamericana de Fiscales emitió un comunicado en el que sostiene que es irregular el enjuiciamiento y sanción contra la agente fiscal Fátima Capurro. Califican la acción de exagerada e inoportuna, pues utiliza una causa del 2016 para intimidarla.
Recuerda que la falta del debido proceso en acción del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados atenta contra la independencia de la labor de los agentes fiscales y de la Justicia.
“La Federación Latinoamericana de Fiscales quiere ratificar, una vez más, que uno de sus principales objetivos constituye la defensa de la independencia del Ministerio Público, así como también la seguridad de los fiscales, sus colaboradores y familiares”, dice al comienzo el comunicado.
La Federación Latinoamericana de Fiscales ve con preocupación los sucesos acaecidos recientemente en nuestro país debido a que el JEM procedió a dar tratamiento a una denuncia realizada 5 años atrás y sobre “la que aparentemente no se había adoptado ninguna medida de trámite trascendental”.
La situación se tornó más gravosa al disponer como medida cautelar la suspensión sin goce de sueldo, hasta tanto se lleve a cabo el enjuiciamiento, “medida que no solo aparece como exagerada, sino también inoportuna, máxime que la fiscala estuvo, desde el momento de la denuncia en el 2016, cumpliendo funciones sin que se le hiciese cuestionamiento alguno y sin requerirle el descargo pertinente”, dice el comunicado.
El organismo internacional exhorta al JEM a que tenga prudencia especial en este caso para evitar el mínimo riesgo de afectación de la presunción de inocencia, del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el debido proceso; de lo contrario, significaría un menoscabo cierto a la independencia e imparcialidad del Ministerio Público del Paraguay, advierte.
Disidentes de las FARC secuestran a funcionarios fiscales
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Bogotá, Colombia. AFP
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades ayer sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín ayer sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición, además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas.
El expresidente Mario Abdo Benítez y los demás imputados por filtración de datos solicitaron el cambio de fiscales en la investigación abierta contra Aldo Cantero y otros por prevaricato.
En el marco de la causa Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, solicitó la reasignación del caso, actualmente en manos del fiscal Néstor Coronel.
La pesquisa inició luego de la difusión de las supuestas conversaciones de WhatsApp entre los fiscales que investigaban a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. El argumento de la solicitud de la reasignación de la causa es, de acuerdo al escrito, garantizar la objetividad de la investigación, ya que según alegan, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación. Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí no hubo ningún avance.
CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores se turnan en los pasillos de los tribunales para presentar recursos dilatorios con el objetivo de paralizar la causa y evitar que la misma avance. Hasta el momento han presentado dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación.
Tras haber recusado a la jueza, el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla presentaron otras recusaciones contra los integrantes de la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.
El expresidente Mario Abdo Benítez y las otras exautoridades imputadas por el caso de filtración de datos mediante instituciones públicas, solicitaron el cambio de fiscales en la investigación en curso contra el agente del Ministerio Público Aldo Cantero por prevaricato.
En el marco de la causa abierta contra los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisettiy otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación legal de Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui, extitulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Arnaldo Giuzzio exministro del Interior, solicitaron la reasignación del caso, que actualmente está en manos del fiscal Néstor Coronel.
Esta investigación nació luego de la difusión de supuestas conversaciones de WhatsApp fraguadas entre el fiscal que investigaba a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. Recordemos que Ovelar había afirmado que dichas conversaciones eran falsas y que tal hecho no ocurrió.
De acuerdo a lo que publicó el diario Hoy Digital, el argumento de la solicitud para la reasignación de la causa radica en el interés de garantizar la objetividad de la investigación, ya que según se alega en el escrito presentado, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación.
Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí, no ha habido algún avance.
Emiliano Rolón dio una extensa explicación del proceso de investigación que llevó a la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores.FOTO: ARCHIVO
El FGE avaló trabajo realizado por el equipo de agentes fiscales
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en una extensa entrevista para el programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó el proceso de investigación que se realizó en el caso de la filtración de datos de inteligencia, en el cual fue imputado el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros ocho excolaboradores de su gobierno.
El fiscal general avaló el trabajo realizado por el equipo de agentes fiscales que inició las investigaciones y aseguró que pese a la infidencia que se pudo haber cometido por parte de uno de los fiscales, Aldo Cantero, no contamina el proceso de investigación.
“Los antecedentes dicen que a consecuencia de una denuncia se abrió un equipo de trabajo encabezado como coordinadora por una fiscala adjunta, tres fiscales más, más técnicos, peritos, expertos que acompañaron 7 meses una tarea, aun admitiendo la posibilidad de una infidencia de un miembro del equipo, evidentemente no altera el producto que presentaron”, aseguró el fiscal general.
Rolón explicó que la Fiscalía tiene una estructura, el fiscal general del Estado es la cabeza visible, el último eslabón; antes están los adjuntos, quienes controlan en forma directa la labor de los agentes fiscales que es el agente que debe investigar los hechos y ellos tienen autonomía, la investigación es independiente para cada persona. “Pero en ese caso se formaron equipos de trabajo precisamente por la dimensión social que puede tener el acontecimiento”, indicó.
Agregó que la Fiscalía tiene por único interés conservar las reglas constitucionales y el cumplimiento estricto de las leyes. “Tenemos el privilegio histórico de que el país nos formó para que apliquemos las reglas del derecho y estamos en lo mismo, así es que las garantías para las partes van a observarse en la ley, no tenemos compromisos políticos, ni aliados, ni contrarios, simplemente pedimos a la gente que confíe en las instituciones”, aseveró.
CSJ blindó a Fiscalía para no ser sometida por el Congreso
Los dictámenes serán analizados hoy por el pleno del Senado.FOTO: ROBERTO
ZARZA
El Ministerio Público no está obligado a remitir ningún informe al Congreso Nacional sobre las investigaciones que realiza a políticos, empresarios y otros.
Esta disposición lo revela un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo y Sentencia 1102 de fecha 20 de diciembre de 2019, donde se admitió una acción de inconstitucionalidad promovida en el año 2015 por el entonces fiscal general Javier Díaz Verón, quien recurrió a la máxima instancia judicial cuestionando el artículo 2, inc. c) de la Ley n.º 5453/15, “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, de pedido de informes”.
Con la presente determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía no está obligada a remitir ningún informe al Congreso sobre la imputación que soporta por filtración de información en la Seprelad donde está imputado el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla.
De acuerdo a la resolución judicial de la sala constitucional exime de remitir informes de carácter jurisdiccional, es decir, informar sobre las causas que investiga al Congreso. Los ministros que firmaron el presente fallo judicial fueron Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia. Los altos magistrados luego de un análisis declararon inconstitucional e inaplicable el Artículo 2, inc. c) de la Ley n.º 5453/15, “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, del pedido de informes”.
El Ministerio Público presentó la acción de inconstitucionalidad en 2015, contra la mencionada ley, debido a que viola varios artículos constitucionales tales como del Poder Público, de la libertad y seguridad de las personas, de la supremacía de la Constitución, a más de los artículos referentes al Ministerio Público.
Específicamente, dice que el citado artículo incluye al Ministerio Público como organismo sujeto a la obligación de contestar pedidos de informes requeridos por el Congreso Nacional, porque no lo exceptúa de la actividad jurisdiccional. Según la acción, la Fiscalía es un órgano extrapoder, sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura, conforme fallos de la propia Corte.
SEPA MÁS
Tratan desafuero de Abdo
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, encabezada por Lilian Samaniego, emitió ayer martes dos dictámenes con relación al pedido de desafuero del exmandatario Mario Abdo Benítez. Ambas posiciones serán analizadas hoy por la plenaria de la Cámara Alta para definir si el líder del movimiento Añetete, devenido a Fuerza Republicana, será sometido a un proceso penal, teniendo en cuenta su condición de senador vitalicio.
A favor del desafuero votaron los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Derlis Maidana, Carlos Núñez Agüero, Javier Zacarías Irún, Lizarella Valiente y Édgar López. Mientras que por el rechazo votaron Líder Amarilla, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lilian Samaniego, Mario Varela, Sergio Rojas y Eduardo Nakayama.