Salud rechaza lote e intima a empresa a entregar insumos
Compartir en redes
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), tras publicaciones periodísticas que criticaban la compra de transporte viral, informó que el lote de la compra de insumos CVE Nº 74/2020 “Adquisición de medios de transporte viral covid-19 para el MSPyBS” fue rechazado. A través de un comunicado, la cartera sanitaria informó que rechazó el lote de insumos médicos de laboratorio correspondiente a la licitación de adquisición de medios de transporte viral covid-19 por valor de G. 1.200 millones e intimó a la proveedora Biotic a reemplazar los productos a más tardar el lunes.
Esta licitación de G. 6.500 millones por la vía de la excepción es de abastecimiento simultáneo, es decir, con ítems en los que dos o más proveedores pueden resultar adjudicados. Biotec quedó con un contrato de G. 4.530 millones para proveer hisopos e instrumentos para pruebas de covid-19.
“Con relación a la compra de insumos CVE Nº 74/2020 ‘Adquisición de medios de transporte viral covid-19 para el MSPyBS’, que ha sido objeto de publicaciones en la prensa, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informa que el lote entregado por la empresa fue rechazado y se le ha intimado a que reemplace los mismos en el plazo establecido, que se cumple el próximo lunes”, reza el comunicado de Salud Pública.
En este sentido, la cartera sanitaria emplaza a la empresa proveedora hasta mañana lunes 22 de marzo, fecha en que vencen los plazos de entrega de lo solicitado. Asimismo, el MSP se compromete en velar por la transparencia en la gestión y la calidad de los insumos utilizados, afirman desde la cartera.
Cabe recordar que desde el pasado 5 de marzo, la Contraloría General de la República (CGR) volvió a fiscalizar todas las compras que realiza el Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria del covid-19. Este equipo de fiscalizadores que se encuentra de nuevo en el MSP ya había detectado en el 2020 todo el tema de los insumos chinos; estos acompañan todas las compras.
Esta semana, el Congreso aprobó la ampliación de la Ley 6702/20, que faculta al MSPyBS a proceder a la compra de los remedios y los insumos mediante un procedimiento de adquisición directa simplificada, dentro de los criterios de eficiencia y transparencia de la Ley de Contrataciones Públicas. Los requisitos serán bajo excepción por el período de duración de la pandemia para que sean adquiridos con los fondos de emergencia sanitaria.
El funcionario de J. A. Saldívar Sergio Espínola Villalba, el senador Líder Amarilla y el funcionario de IPS Renán Leguizamón, vinculados
a empresa denunciada por usura. Ninguno de los tres declaró ante Contraloría
Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
Compartir en redes
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
Funcionarios de la Municipalidad de J.A. Saldívar y de IPS aparecen en una de las empresas adjudicadas con millonarios contratos en Villa Elisa durante la administración del senador liberal Líder Amarilla y el actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
El titular del Mitic, Gustavo Villate, explicó que la iniciativa, a ser aplicada a través de un trabajo interinstitucional con la Contraloría, busca combatir de manera directa los hechos de corrupción. Foto: Emilio Bazán
Implementarán software para detectar irregularidades en declaraciones juradas
Compartir en redes
El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, manifestó que desde la institución se busca trabajar en la elaboración de un software que permitirá detectar irregularidades en las declaraciones juradas. La iniciativa, a ser aplicada a través de un trabajo interinstitucional con la Contraloría General de República (CGR), busca combatir de manera directa los hechos de corrupción.
“Esto forma parte del plan estratégico del Gobierno, establecido luego de una cumbre de poderes, donde se definió una estrategia nacional en combate a la corrupción. Una de las iniciativas consiste en la sistematización del intercambio de información hacia la Contraloría, para lograr una labor más objetiva y eficaz a la hora de detectar casos de enriquecimiento ilícito”, explicó el ministro para el programa “Arriba Hoy”, por GEN/Nación Media.
Indicó además que se busca implementar criterios objetivos a ser implementados luego del procesamiento de datos, para trabajar de manera más integral en el procesamiento de las declaraciones recepcionadas en la Contraloría. En la primera fase del proceso, Mitic procesará todo lo referente a datos abiertos, mientras que en la fase dos se trabajará en el registro de las informaciones determinadas en diferentes instituciones, para identificar datos no correlacionados.
“Nuestra intención es que en los próximos meses podamos contar con este proceso definido y tengamos el sistema ya operativo. La idea es materializar todo esto antes de fin de año, para dejarlo de manera activa y en plena producción”, remarcó el secretario de Estado, destacando la herramienta a ser generada para filtrar los errores en las declaraciones juradas y así determinar si han sido cometidos adrede o por algún desliz técnico.
Por otra parte, el titular del Mitic manifestó también que desde la institución se planea desarrollar otro tipo de labores colaborativas con entidades como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, entre otros, con el objetivo de sistematizar su admisión de denuncias y las respuestas a las mismas. Esto no solo permitirá una trazabilidad en lo referente a la transparencia, sino también gestiones más eficientes y rápidas.
“Estamos trabajando en el sistematizado de denuncias. En ese aspecto, ya estamos con un diseño de lo que será el sistema, el cual básicamente pretende empezar a gestionar las respuestas en función al tipo de denuncia ciudadana recibida, determinando cuál es la entidad encargada para resolver el problema; si son varias las instituciones que deberían accionar, elaboraremos un listado de acciones de manera automatizada”, señaló.
Programa informático del Mitic alertará irregularidades en declaraciones juradas
Compartir en redes
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en conjunto con la Contraloría General de la República (CGR), cuentan con un proyecto para desarrollar un sistema que permita identificar de manera automática indicios de irregularidades en las declaraciones de bienes e ingresos de los funcionarios públicos. La intención es que el software esté operativo este 2024.
“Todo lo que esté disponible vamos a integrar en un sistema automático para que ese reporte sea en línea, que pueda saltar una alerta a partir de ciertas consideraciones o umbrales que debemos definir con la Contraloría. Debemos definir los mecanismos que van a permitir determinar que existe una posible irregularidad para que que ahí intervengan los controles manuales”, explicó Gustavo Villate, ministro del Mitic, en conversación con La Nación/Nación Media.
Actualmente, los análisis de la Contraloría se realizan de manera manual, de manera aleatoria o a partir de denuncias, llegando a apenas unos 300 exámenes por año, lo que resulta insuficiente para todo el universo de funcionarios públicos. Con este sistema, todo el universo estará sometido al mismo y emitirá alertas para que posteriormente el ente contralor estudie de forma particular dichos casos.
“Podemos armar una estructura que nos permita tener un control eficiente, lo que vamos a hacer es a partir de información que está disponible, porque hay mucha que es de fuente abierta y eso actualmente no se maneja de forma consolidada e integral, es decir, ese intercambio que se da entre las instituciones y con la Contraloría en este caso en particular”, detalló el ministro.
A partir de los datos abiertos, en primer término, se puede consolidar un sistema de monitoreo en línea, señaló Villate. El proyecto está aún en fase inicial, se estableció una mesa donde se van a analizar aspectos técnicos y jurídicos, sobre todo este último de modo a tener precauciones con datos confidenciales, ya que existen ciertas limitaciones para acceder a ciertas informaciones.
“La ventaja que tiene esto es que no importa si es un funcionario, director, ministro, diputado, no hay discriminación en ese sentido, los criterios se van a manejar de igual manera”, aseguró el ministro, quien mencionó que se elaborará un cronograma del proyecto donde se establecerán los plazos, no obstante, el objetivo es que el sistema ya esté operativo este 2024.
“Forma parte de los proyectos que tenemos priorizados por la línea que tenemos en la lucha contra la corrupción y la transparencia, espero que esto esté operativo este año”, manifestó. Esta prevista una reunión entre ambas instituciones en la próxima semana, donde se irán estableciendo los puntos claves de este plan en conjunto.
El contralor Camilo Benítez señaló que el software les permitiría detectar con mayor rapidez irregularidades en los funcionarios públicos. Foto: Archivo
Contraloría y Mitic desarrollarían un software para control de crecimiento patrimonial
Compartir en redes
Desde la Contraloría General de la República (CGR) manifestaron la necesidad de contar con un sistema que les permita cruzar datos de los funcionarios públicos y así poder evaluar sus ingresos, gastos y crecimientos patrimoniales. Los exámenes de correspondencia que se hacen actualmente, resultan insuficientes para detectar todas las irregularidades, indicaron.
“Hay una propuesta que nosotros tenemos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) que es desarrollar un software que haga un cruzamiento automático de todos los funcionarios públicos porque hoy como cualquier ciudadano, el rubro de sus ingresos salariales ya se puede cruzar con el gasto automáticamente porque cuando nosotros nos vamos al supermercado, nos dan una factura”, explicó el contralor, Camilo Benítez.
El titular del ente contralor señaló que históricamente los exámenes de correspondencia han sido insuficientes. La institución pasó de realizar de entre 12 a 15 análisis por año a 300 de forma anual, no obstante, este número continúa siendo deficiente, ya que lo ideal es realizar unos 2.000 exámenes al año.
“A través de un software se puede saber cuánto ganó, cuánto gastó y por ende cuánto pudo crecer en su patrimonio y ese proyecto podría ser una solución definitiva a la problemática que tenemos de enriquecimiento de funcionarios públicos. Obviamente tiene muchas resistencias porque este software tiene que tener acceso a la información que muchos organismos del Estado se encuentra reticentes en darnos”, aseveró a la 1020 AM.
Hay una necesidad de evaluar el universo total de funcionarios públicos, especialmente a ministros, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, fiscales y jueces cada cinco años, en la práctica y con los recursos actuales, esta tarea no resulta nada fácil, esto sumado a que por la lentitud de instituciones públicas u otras entidades, se tardan meses en acceder a los datos que necesitan para el examen de correspondencia.