La Dra. Soraya Araya, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), señaló que el 3 de junio se inició la campaña de vacunación contra el cáncer del cuello uterino para las niñas de 9 a 14 años. La vacuna es contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) tiene una efectividad del 98 a 100% para prevenir dicha enfermedad que es la segunda causa de muerte de mujeres en Paraguay.
La especialista a su vez indicó que la vacuna contra la influenza alcanzó una cobertura del 95%, lo que considera oportuna antes del pico de la enfermedad.
Sin embargo, dijo que así como tuvieron una alta demanda de dosis contra la influenza, también pretenden alcanzar los números con las demás vacunas que conforman el programa regular de inmunización.
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Imputan al intendente de Luque por muerte de madre e hija en raudal
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.
En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.
El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tienen elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial; es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.
ESCRITO
Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de intendente municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.
Ahora el Juzgado Penal de Garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Maduro plantea pena de muerte por corrupción
EUROPA PRESS
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó durante un acto público celebrado el sábado instaurar la pena de muerte para castigar delitos de corrupción y de traición y elevarla a nivel constitucional con una reforma de la Carta Magna.
“Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción e inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo”, planteó Maduro durante un acto para conmemorar el regreso de su predecesor Hugo Chávez al Palacio de Miraflores tras un intento fallido de golpe de Estado el 13 de abril de 2002.
Maduro recordó que “para reformar la Constitución hace falta el pueblo y yo lo convoco a este debate y a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel”, según recoge el portal Efecto Cocuyo.
“Caiga quien caiga”, advirtió Maduro, a la vez que pidió al fiscal Tarek William Saab que investigue todos los casos de corrupción. “Las puñaladas me las han dado por la espalda gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo”, declaró.
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Preocupa primera muerte por dengue
- PEDRO JUAN CABALLERO
- POR EMERSON DUTRA
- CORRESPONSAL.
El fallecimiento de una persona por dengue se registró en la vecina ciudad brasileña de Ponta Porá, frontera con la terraza del país. El informe se dio a conocer en la víspera por medio de un boletín epidemiológico de la secretaría de salud. El documento dice además que más de 520 casos positivos de dengue fueron confirmados en lo que va del año en esa localidad fronteriza.
Si bien es cierto que se vienen llevando adelante mingas ambientales en diferentes puntos de esa ciudad, no está siendo suficiente para bajar el alto índice de larvas del mosquito aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. “Además de las mingas, también se está llevando adelante una campaña de inmunización contra el dengue”, señalaron voceros de la secretaría de salud del gobierno de Mato Grosso do Sul.
De acuerdo a los datos, la noticia del primer caso de una persona muerta por dengue en la zona de frontera cayó como un balde de agua fría sobre las autoridades sanitarias de la capital departamental, quienes no ocultaron su preocupación con relación al caso. “La noticia preocupa porque el mosquito no tiene frontera”, señaló Rosalino Deleón, jefe de la oficina regional del Senepa de Amambay, al tiempo de señalar que funcionarios a su cargo están luchando para evitar un brote de dengue en la zona.
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La Sala Penal debe destrabar la causa y sancionar a chicaneros
Los abogados encargados de la defensa de Mario Abdo Benítez y su gavilla recurren a diversas maniobras dilatorias para evitar que avance la investigación del caso por filtración de datos confidenciales de la Seprelad. La Corte Suprema de Justicia debe aplicar su propia acordada para sancionar a los abogados que hacen abuso del derecho y actúan de mala fe.
El proceso penal que investiga al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete se encuentra paralizado por las múltiples chicanas presentadas por los abogados de los acusados. El expediente se halla pendiente de una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Diesel, estos dos últimos puestos en la Corte durante el mandato de Abdo Benítez.
Estos ministros de la Corte deben analizar un recurso planteado por el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Carlos Arregui, quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera. Lo llamativo del caso es que se recusó al camarista Riera sin que este siquiera haya aceptado formar parte de este tribunal de apelación para analizar la causa. Otro argumento que motivó la recusación fue que se sorteó la conformación del tribunal a las 17:30, sin que esto sea fundamento alguno para parar por completo el caso.
Con esta nueva presentación, la Sala Penal de la Corte deberá destrabar el caso y confirmar a los magistrados que a su vez deberán estudiar otra recusación que había sido presentada contra la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, quien admitió el acta de imputación contra los procesados.
El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, había recusado a la jueza Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron apartados de la investigación.
Con este accionar los abogados defensores de Abdo y sus exministros demuestran que la presentación de estos recursos tiene exclusivamente un fin dilatorio y no el resguardo del derecho a la defensa.
CASTIGO A CHICANEROS
La presentación abusiva de recursos procesales por parte de abogados defensores que tienen como único fin evitar que las causas judiciales no avancen debe ser sancionada por la Corte.
El ordenamiento legal prevé sanciones bien claras que no se aplican. Para los chicaneros los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal son claros y delimitan bien el accionar que tienen que tener los auxiliares de Justicia para no abusar del derecho.
A esto se suma la Acordada n.º 961/15 que emitió la Corte Suprema y que establece sanciones a los que abusan de los incidentes con el solo objetivo de no dejar que el proceso avance, pero que pocas veces son aplicadas a los litigantes de mala fe.
En estas reglamentaciones se habla de apercibimientos, multas y hasta casación de matrícula a abogados, en caso que reiteradas veces incurran en malas prácticas jurídicas.
La Corte Suprema de Justicia debe aplicar la acordada que castiga a los abogados que abusan de las recusaciones, ya que la misma establece que las acciones planteadas deben tener un cierto sustento y fundamento jurídico sobre la supuesta imparcialidad del juez.
LLUVIA DE CHICANAS
La defensa de cada uno de los imputados presentó hasta el momento más de una docena de incidentes ante el Juzgado Penal de la magistrada recusada Cynthia Lovera. Esta actitud de los abogados defensores denota la intención de no litigar o desvirtuar la imputación, sino más bien solo de dilatar el proceso penal.
En ese sentido, los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defensor de Daniel Alberto Farías, habían presentado inicialmente una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.
Estas reposiciones deberán ser estudiadas recién cuando se destrabe el proceso penal, es decir, cuando la Sala Penal de la Corte estudie la recusación contra los camaristas, quienes a su vez deben estudiar la otra recusación que pesa contra la jueza del caso.
Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados en el esquema de filtraciones para el garrote político no quieren que esta prueba –que forma parte del acta de imputación– sea aceptada, pese a que la magistrada ya la admitió.
Así también el abogado Kronaweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investigativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.