Fuerzas antidrogra dieron de baja a ocho campamentos clandestinos de producción de narcóticos.

Un procedimiento desarrollado en la zona de Umbú del distrito de Capitán Bado, departamento de Amam­bay, permitió la intervención de varios centros de produc­ción y acopio de marihuana. Durante el procedimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 5.216 kilogramos de la sustancia ya procesada y lista para su distribución.

En el marco de la interven­ción, fueron destruidos ocho campamentos clandestinos que estaban equipados con las herramientas usadas para el procesamiento de la droga. Se procedió ade­más a la eliminación de cinco hectáreas de cultivos de marihuana, volumen que equivale a una producción estimada de unas 15 tone­ladas de la droga.

De acuerdo con el reporte de la Senad, en el lugar fue encontrado un menor de edad que quedó a dispo­sición de las autoridades correspondientes. Se pre­sume que el adolescente era “utilizado para custodiar” uno de los centros de pro­ducción.

Este tipo de procedimien­tos se desarrollan en varios puntos del territorio nacio­nal, con el objetivo de desar­ticular los centros dedicados a la producción, comerciali­zación y distribución de dro­gas, afectado la estructura financiera de organizacio­nes criminales vinculadas con el narcotráfico.

En ese contexto hay que señalar que la Senad lleva adelante varias operacio­nes en Amambay, una zona que se convirtió en un punto clave para grupos que ope­ran en la región a través de venta de drogas y que tie­nen como destino el mer­cado brasileño.

Un procedimiento desarrollado en la zona de Umbu del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, permitió la intervención de varios centros de producción y acopio de marihuana. Durante el procedimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 5.216 kilogramos de la sustancia ya procesada y lista para su distribución.

En el marco de la intervención, fueron destruidos ocho campamentos clandestinos que estaban equipados con las herramientas usadas para el procesamiento de la droga. Se procedió además a la eliminación de cinco hectáreas de cultivos de marihuana, volumen que equivale a una producción estimada de unas 15 toneladas de la droga.

De acuerdo con el reporte de la Senad, en el lugar fue encontrado un menor de edad que quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Se presume que el adolescente era “utilizado para custodiar” uno de los centros de producción.

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Este tipo de procedimientos se desarrollan en varios puntos del territorio nacional, con el objetivo de desarticular los centros dedicados a la producción, comercialización y distribución de drogas, afectado la estructura financiera de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.

En ese contexto hay que señalar que la Senad lleva adelante varias operaciones en Amambay, una zona que se convirtió en un punto clave para grupos que operan en la región a través de venta de drogas y que tienen como destino el mercado brasileño.

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La mesa directiva de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ocasión en la que abordó sobre la restitución de trofeos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que se encuentran en el Brasil.

Tras la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que el objetivo es activar también la diplomacia parlamentaria para buscar recuperar, no solo el cañón Cristiano, sino también otros objetos y documentos que se encuentran en el país vecino.

“Es un tema que forma parte de las prioridades de recuperación que tiene que ver con nuestra historia, con los activos de nuestro país, y no solamente estamos pidiendo la restitución del cañón Cristiano, estamos pidiendo al mismo tiempo la restitución del cañón López y los documentos y archivos históricos que hacen a los trofeos de guerra que se llevó Brasil de nuestro país”, indicó en rueda de prensa.

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Detalló que la recuperación de los objetos y documentos “es un objetivo que persigue la República del Paraguay desde hace muchos años, tiene que pasar por una serie de procesos, primero del Ejecutivo, posteriormente del Congreso porque todos estos documentos forman parte del patrimonio del Brasil de acuerdo con la legislación”.

Con respecto a la reunión con los diputados, explicó que se estableció una agenda entre la diplomacia y el legislativo con un mismo fin, recuperar los trofeos de guerra. “Hemos acordado trabajar de manera conjunta para que la diplomacia parlamentaria también active, de manera a que podamos tener una agenda plena de Paraguay en el reclamo de nuestros patrimonios históricos”, remarcó.

El secretario de Estado adelantó que en septiembre mantendrá una reunión con el canciller del Brasil, Mauro Vieira, y reiterará el pedido del Gobierno paraguayo.

“Tengo una próxima reunión el 2 de setiembre con mi colega del Brasil nuevamente, tenemos una reunión de cancilleres para la asamblea de la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) y de cancilleres del Mercosur, donde voy a aprovechar para tener bilaterales y en esa ocasión vamos a volver a tratar este tema con el canciller Mauro Vieira”, apuntó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expuso que esta reunión fue iniciativa de la mesa directiva, de los diferentes líderes de bancada con representación parlamentaria, para abordar este tema con el canciller nacional. “Compartió con nosotros la situación en que se encuentra la recuperación del cañón Cristiano, y también conversamos sobre las medidas que podamos plantear desde la Cámara de Diputados en base a los pasos que deben darse para que esto pase”, señaló.

Adelantó además que los diputados buscarán dialogar con sus pares del Brasil, teniendo en cuenta los procesos legislativos que se deben dar para concretar la devolución de los trofeos de guerra, principalmente el cañón Cristiano.

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Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

El día de ayer, la Aso­ciación de Agentes Fiscales del Para­guay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adop­ción de medidas de seguri­dad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amena­zas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.

El gremio calificó lo suce­dido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gra­vedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Minis­terio Público que intervie­nen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posterior­mente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.

El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judi­cial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.

El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrenta­mientos durante juicios ora­les no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los pro­cesos penales y el libre ejerci­cio de la función fiscal, entre otros puntos.

La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.

“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelan­taron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.