Luque: familia de un recién nacido denuncia presunta negligencia médica
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Los familiares de un recién nacido denunciaron presunta negligencia médica en el Hospital General de Luque tras percatarse que el cuerpo del fallecido presentaba lesiones en varias partes e inclusive tenía las piernas flexionadas.
Hicieron relatos escabrosos sobre la forma en que fue entregado el cadáver, que supuestamente pidieron primero un recipiente a la abuela materna para trasladar el cuerpo que finalmente fue depositado en un ataúd en el que para tener cabida se habría doblado las pequeñas piernas de la criatura. El Ministerio Público ordenó la autopsia a fin de determinar la causa de muerte del pequeño.
Sobre el punto dio su versión el director del hospital Luis Verón, quien aseguró que el bebé ya estaba muerto en el vientre de la madre y cuya causa debe ser investigada por los intervinientes.
“Es de una señora que llegó con 39 semanas de embarazo, los controles prenatales se estaba haciendo en el Hospital de Trinidad. Llegó al hospital y el bebé ya no tenía signos vitales, fue una expulsión ya de un bebé sin signos de vida. Y por las características que se ve que llevaba unas horas que no tenía más latidos la criatura”, relató Verón a C9N.
Dijo que los rasgos que aparecen en la piel del menor obedecen a las condiciones en que se produjo el nacimiento de la criatura. “Yo no soy obstetra, pero hablando con el jefe del servicio me dijo esos son rasgos que aparecen después de unas horas de la expulsión de un feto sin signos vitales”, mencionó.
Consultado sobre las causas de muerte en el útero de la madre, el doctor Verón afirmó que hay muchos factores. “Por eso generalmente se hace el seguimiento prenatal y uno va viendo el momento de retirar la criatura si hay algún peligro. Y si ya está en la edad de gestación para que pueda ser retirado del vientre de la madre”, puntualizó.
Denuncian trabas de Yd y falta de transparencia en la transición
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El jefe comunal electo sostiene que las condiciones impuestas por la administración saliente impiden conocer el estado real de la Municipalidad de Encarnación.
El intendente electo de Encarnación, Sebastián Remesowski, presentó el 14 de octubre una nota formal ante la Municipalidad en la que comunica que desiste de participar del proceso de transición establecido por la Resolución n.º 9140/2026.
El punto central del conflicto es que la comuna saliente no habilitó el acceso a tres abogados del equipo de transición: el coordinador Salim Fernando Abud, Miguel Óscar Leiva y Rogelio Ríos Leguizamón. Según la resolución del Ejecutivo municipal, los tres se encuentran en situación de “conflicto de intereses” por actuar como representantes en litigios judiciales pendientes contra la Municipalidad de Encarnación, lo que vulneraría la Ley N.º 7089/2023, que establece el régimen de prevención de conflictos de intereses en la función pública.
En el caso de Abud, la administración de Yd señala que es representante legal de la empresa de telefonía Tigo, con la cual el municipio mantiene un litigio por el cobro de unos G. 6.000 millones en concepto de canon por uso de espacio público de dominio municipal.
Ante esta situación, la comuna le comunicó al equipo que debían cambiar la lista o renunciar a la representación en esos juicios, pero la respuesta fue que no habría modificación alguna, por lo que se emitió la resolución que les prohíbe el ingreso como integrantes del equipo de transición.
Remesowski cuestiona además el artículo 4.º de la resolución, que limita el acceso solo a decisiones firmes y excluye los expedientes en trámite sin decisión definitiva, que son justamente los que deberá atender la nueva gestión.
Denuncian que en bloqueos de ruta se cobra “peaje”
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Pobladores afirman que indígenas realizan cortes de ruta por supuestos reclamos, pero cobran peaje.
Pobladores de Canindeyú están cansados de los cortes de ruta con fines extorsivos que llevan adelante indígenas de la zona. Líderes nativos argumentan que recurren a bloqueo porque supuestamente, sin presión, no obtienen respuesta de parte de las autoridades.
“Es una práctica que hace años se vive en el departamento y en ocasiones ha generado crispación en la ciudadanía, camioneros, automovilistas, motociclistas y transeúntes”, informó Juan Alcaraz, corresponsal de canal GEN y Radio Universo 970AM.
Explicó que varias comunidades indígenas utilizan puntos estratégicos de conexión e interconexión interdepartamental para instalar retenes en la ruta y sacar un beneficio económico. “Cobran entre 5 mil y 20 mil guaraníes de peaje para dejar pasar”, precisó en el programa “Arriba hoy”.
Recurren a esta medida, supuestamente dentro del marco de reclamos y reivindicaciones que “en casos son valederas y otras veces son meras excusas para cobrar dichos peajes en rutas”, indicó el comunicador.
El hecho ya fue denunciado; sin embargo, los pueblos originarios siguen apelando a esta práctica, afectando el libre tránsito de la población en general.
Juez habría titulado propiedad de forma irregular, denuncian
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El juez Édgar Rivas habría dado visto bueno a la titulación de una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra.
Una nueva irregularidad se habría cometido en el juicio civil caratulado Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores. En este caso, el cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción Édgar Rivas habría titulado de forma irregular una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra del valioso inmueble, ubicado en la zona de Pedro Juan Caballero.
La abogada de la firma, Patricia Rebollo, señaló: “Conforme a informaciones preliminares que recibimos y que estamos tratando de confirmar existirían indicios de que uno de los inmuebles propiedad de la firma Ypyta ya habría sido objeto de eventuales tratativas de venta o de actos orientados a una posible transferencia de dominio a terceros, mediante un supuesto título firmado por el juez Rivas”.
Asimismo, la abogada sostuvo que existen dos fallos judiciales que fueron atacados de inconstitucional ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá actuar conforme a derecho y anular dichas resoluciones por ser irregulares y perjudiciales para la firma Ypyta. Del mismo modo, la representante legal de la agroganadera enfatizó: “Las cuestiones sometidas a consideración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permanecen pendientes de resolución, por lo que la validez, alcance y efectos de la operación de titulación u otros actos continúan sujetos al control jurisdiccional correspondiente”.
El criticado juez Édgar Rivas integra actualmente una terna para ser designado miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital. Igualmente conforman la terna el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019.
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación –principalmente cables e insumos eléctricos– fueron resguardados en el Hospital Central.