La operación Nueva Alianza 55 cerró con éxito este fin de semana, reafirmándose como una de las estrategias de cooperación con la Policía Federal de Brasil con más resultados en el combate al narcotráfico en la región. En el marco de estas intervenciones se desarrollaron 16 operativos desde agosto de 2023, arrojando como resultado pérdidas para las estructurales criminales por USD 1.600 millones.

Las incursiones en zonas de producción de marihuana llevaron adelante la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), junto con la Policía de Brasil, y con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y el Ministerio Público, abarcando puntos de los departamentos de Amambay y Canindeyú, con la erradicación de 3.541 hectáreas de cultivos la de droga.

El informe de la Senad detalla que la superficie erradicada de plantaciones de marihuana equivale a más de 4.900 campos de juego como el del estadio Estadio Defensores del Chaco. En tanto que, el total de campamentos desmantelados asciende a 1.218, los mismos eran usados además como bases logísticas utilizadas para la producción y acopio de la droga.

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El reporte indica que los campamentos fueron incautados 623.967 kilogramos de marihuana procesada y cosechada, tanto picada como prensada, lista para su distribución, principalmente con destino al mercado brasileño. Destaca que, entre los cultivos erradicados y la droga lista sacada de circulación, las operaciones desarrolladas desde el 15 de agosto de 2023 permitieron retirar del mercado criminal más de 11.246.000 kilogramos de la droga.

El titular de la Senad, Jalil Rachid, destacó a través de un video en redes sociales la cooperación con Brasil para el combate al narcotráfico. “Son 16 ocasiones que llevamos a cabo Nueva Alianza durante esta gestión, que representan un poco más de 11 millones de kilogramos de marihuana sacadas de circulación”, expresó.

El ministro Antidrogas sostuvo que este tipo de operaciones son alianzas estratégicas que benefician tanto a Paraguay como a Brasil. Afirmó que continuarán con más acciones conjuntas en zona fronteriza.

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Los Agentes Especiales del Departamento Regional N° 3 de la Senad, en coordinación con la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Itapúa, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Paraíso de la ciudad de San Juan del Paraná.

Durante el procedimiento fueron detenidos Rigoberto Quiroga Benítez, de 42 años, quien contaba con medidas cautelares de arresto domiciliario por infracción a la Ley 1340/88 y su modificatoria, y César Aníbal Aldana Silvero, de 27 años, declarado rebelde y con orden de captura por hurto agravado y otros hechos.

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En el lugar fueron incautadas drogas equivalentes a más de 30 dosis de cocaína y pasta base, además de dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo de estupefacientes, aparatos celulares y otros objetos vinculados a la actividad investigada.

El operativo fue acompañado por el agente fiscal Enrique Forneron, de la Unidad N° 2 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Itapúa. El representante del Ministerio Público deberá seguir investigando el presente caso y a su vez ya presentó la imputación contra los dos detenidos.

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La derechista Laura Fernández asumió ayer viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América. En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.

Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico. “Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado”, dijo, al señalar como inaceptable que “el narcotráfico encuentre grietas” en el sistema democrático costarricense.

Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador. “Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”, manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad. Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. “Ya no más alcahueterías”, subrayó.

Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado “gobierno de la continuidad”. Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.

“La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar”, dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.

Opositores y analistas consideran que su proyecto apunta a una hegemonía similar a la de Bukele, quien acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas, criticada por grupos de derechos humanos.

“Vamos a revisar nuestra institucionalidad (...) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría”, aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.

Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá “una diarquía (gobierno compartido)” y riesgo de una “concentración de poder” en un expresidente “con tentaciones autoritarias”.

Constantino Urcuyo, doctor en sociología política de La Sorbona, cree que el “modelo Bukele no tiene cabida en Costa Rica”, pese al giro a la derecha y rasgos de “autoritarismo” en el gobierno saliente.

Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.

Al ser nombrado ministro de la Presidencia y de Hacienda, mantendrá inmunidad frente a investigaciones que lo señalan de corrupción y de hacer campaña a favor de Fernández, lo cual tenía prohibido por ley.

Aliada, como Chaves, de Donald Trump, la segunda mujer en gobernar Costa Rica afianza a la derecha en Latinoamérica, tras recientes triunfos en Chile, Bolivia y Honduras. En su giro a la derecha, Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos, acepta 100 deportados mensuales desde Estados Unidos y se adhirió al Escudo de las Américas, una alianza antidrogas continental liderada por Kristi Noem.

A la investidura asistieron el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, Noem, el rey Felipe VI y los presidentes de Israel, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala y Dominicana. Bukele se ausentó.

Washington ha retirado visas a críticos al gobierno y hace poco a los directivos del principal periódico costarricense, La Nación, al que Chaves llama “prensa canalla”.

Costa Rica retrocedió en libertad de prensa y derechos sexuales, según oenegés humanitarias.

Hija de agricultores, católica y madre de una niña pequeña, Fernández se considera “liberal en lo económico y conservadora en lo social”. Eligió llamarse presidente, sin “a”. Aunque la pobreza bajó del 23% al 15% en cuatro años, Costa Rica es el sexto país latinoamericano más desigual y el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que trabaja más -tras México-, pero cuyos empleados ganan menos.

Fuente: AFP.

El gobierno de Colombia dispuso la suspensión de las órdenes de captura de “Chiquito Malo”, jefe del mayor cartel del narcotráfico y 28 miembros más de la organización, pese a que se había comprometido con Estados Unidos a redoblar su persecución, según un documento oficial divulgado el viernes.

“Chiquito Malo” lidera el poderoso Clan del Golfo, considerado terrorista por Washington, que negocia su desarme en Catar a cambio de beneficios penales desde septiembre del año pasado. Los diálogos forman parte de la agonizante política de paz del izquierdista Gustavo Petro, quien intenta alcanzar algún acuerdo con los principales grupos armados del país, antes de dejar la presidencia en agosto.

En un documento fechado el 29 de abril, el consejero presidencial de paz Otty Patiño pide a la fiscalía la suspensión de las órdenes de captura a favor Jobanis de Jesús Ávila, nombre real de Chiquito Malo, y otros miembros del Clan.

La intención es que puedan ingresar a una zona del noroeste del país designada por el gobierno para seguir con las negociaciones de paz, según un comunicado en X de la oficina del Alto Comisionado de Paz.

El abogado del grupo criminal dijo a finales de abril que veía “imposible” lograr un acuerdo de paz antes del fin del mandato de Petro el 7 de agosto.

En febrero, Petro acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, redoblar la persecución de los principales capos narco colombianos, entre ellos Chiquito Malo, durante una visita a la Casa Blanca que puso fin a meses de tensión diplomática entre los aliados históricos.

Washington retiró el año pasado a Colombia la certificación de aliada antidrogas al considerar insuficiente su lucha contra el narco.

El Clan del Golfo trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga y sus lucrativas rentas, que están en el foco de la ola violencia en el país.

Chiquito Malo, un criminal hermético de baja estatura, dirige desde 2021 la banda criminal que opera bajo un modelo de franquicias en reemplazo de Otoniel, capturado ese año y extraditado a Estados Unidos. El grupo ha aumentado sus filas bajo su mando, según cifras de las autoridades.

Un joven reportero fue asesinado por guerrilleros en una conflictiva región del noroeste de Colombia afectada por la explotación ilegal de oro, informó el presidente Gustavo Petro. El comunicador Mateo Pérez, de 25 años, desapareció el martes mientras realizaba un reportaje sobre la violencia previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).

En el área operan disidentes de la extinta guerrilla FARC que no firmaron la paz en 2016 y narcos del Clan del Golfo. Petro aseguró en X que el responsable del crimen es un líder guerrillero llamado Jhon Edison Chalá Torrejano.

“La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, dijo el mandatario. La ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacó que Pérez era “una voz fundamental para la comunidad local”.

“Enfrentó presiones legales (...) por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, según la organización que defiende al periodista en Colombia.

Pérez era director del medio digital El Confidente de Yarumal, donde reportaba sobre el crimen, orden público, la política y la corrupción.

La región donde fue asesinado es una “zona de disputa” entre el mayor cartel del narcotráfico conocido como el Clan del Golfo y una disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz del 2016, indicó la FLIP.

Petro frenó el 21 de abril las negociaciones de paz con este grupo rebelde por incumplimientos a los acuerdos.

Desde septiembre el gobierno negocia la paz en Catar con el Clan, considerado un grupo terrorista por Washington.

A cuatro meses de dejar el poder, el presidente enfrenta una crisis de seguridad con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública, en medio de frustradas negociaciones de paz.

Los periodistas en Colombia enfrentan constantes amenazas por parte de grupos armados que imponen terror en varios territorios en los que fabrican cocaína, explotan minas ilegalmente y extorsionan.

La Defensoría del Pueblo, entidad estatal encarga de proteger los derechos humanos, había informado el jueves que Pérez viajó “para realizar cubrimiento periodístico sobre los recientes hechos de confrontación armada”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó un operativo militar para ubicarlo. Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la FLIP.

Fuente: AFP.