Rodrigo Daniel Renaut (28), condenado a cinco años y medio de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en el año 2012 en el Club Centenario, sería remitido hoy a Tacumbú. “Es una cuestión de tiempo”, manifestó este miércoles Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, en el programa Arriba Hoy de canal GEN y Radio Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que usualmente no se demora mucho cuando el destino está especificado en la resolución judicial. Por lo tanto, “su remisión es una cuestión de tiempo. Puede ser hoy, perfectamente”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que no hay un plazo establecido para el proceso de remisión a la cárcel desde el Departamento de Judiciales, donde actualmente se encuentra el detenido.

“Ni el Código de Ejecución ni el Código Procesal Penal establecen un plazo para que la parte administrativa firme la resolución y luego la parte policial le traslade al establecimiento”, puntualizó. Depende de varias circunstancias. “Hay casos en que en el listado vienen algunos extranjeros, y se tiene que verificar bien su identidad, o personas con algún tipo de vulnerabilidad”, indicó.

Se hace un análisis en conjunto. “Por ejemplo, se ve si es un adulto mayor cuál sería el establecimiento más apropiado considerando sus características”, refirió. Pero tampoco suele extenderse de manera prolongada el traslado de un condenado a la penitenciaría, apuntó. “No tengo conocimiento de que se haya demorado más de una semana, salvo en época de pandemia por la circunstancia sanitaria”, subrayó.

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Luego, explicó el procedimiento que se lleva adelante para que una persona condenada ingrese a la penitenciaría para cumplir su pena privativa de libertad. El Departamento de Judiciales recibe a todas las personas que son privadas de libertad, sea en el marco de una prisión preventiva o porque fueron condenados y sus condenas quedaron firmes y se presentan para la ejecución de su condena.

“El procedimiento ordinario es que Judiciales remite una nota comunicando a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que a su vez hace el análisis de la información preliminar, porque debe cumplir ciertos requisitos, y luego determina el destino de cada uno, siempre y cuando que la orden judicial no establezca un solo lugar de reclusión”, especificó.

Si es para ejecución de la pena, depende de la resolución judicial. “Si dice Tacumbú, ese es su destino. Ya es cuestión de que pase todo el trámite, se saque la resolución y se remita”, acotó. En ese sentido, señaló que por la cercanía de Judiciales y Tacumbú no requiere mucho tiempo.

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El hombre condenado en el caso de abuso en el Club Centenario aún no fue remitido a la cárcel de Tacumbú, pese a que el mismo fue detenido a las 5:00 de la mañana del martes.

El estudiante de 28 años fue condenado a pena privativa de libertad por cinco años y seis meses tras ser hallado culpable en un caso de abuso sexual en el club social.

Rodrigo Daniel Renaut es el único sentenciado por el caso. Permaneció prófugo 14 años hasta ayer en que fue detenido durante un allanamiento de la Policía en San Lorenzo.

La sentencia establece específicamente que el hombre debe guardar reclusión en Tacumbú. Sin embargo, permanece en el Departamento de Judiciales.

“Está todavía en forma provisoria en el Departamento de Judiciales. La razón es que él vino ayer (martes). Hoy estamos solicitando su ingreso a la penitenciaría”, informó esta mañana el comisario Ramón Cañete, jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, en declaraciones al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Sobre la demora de su remisión a Tacumbú, el jefe policial indicó que se debían a motivos administrativos. “Se solicita por escrito al coronel Rubén Peña (director general de Establecimientos Penitenciarios) una resolución de remisión a la penitenciaría designada por el juzgado. Ahora se está llevando la solicitud de ingreso”, expresó.

Pero aclaró que son numerosas las solicitudes de remisión. “Para hoy tengo 42 solicitudes de personas privadas de libertad. Entre esos, figura el muchacho. Y entre esta tarde o mañana de mañana se sabría su destino”, precisó.

Afirmó que el trámite varía mucho de acuerdo a la cantidad de documentaciones. “A veces se da en el día o al día siguiente. En este caso, mañana (jueves) es nuestro último día laboral y dependemos de eso”, apuntó.

Dijo desconocer que haya algún pedido de la defensa para que el detenido vaya a otra penitenciaría. “Esos pedidos no van a venir a nosotros, porque nosotros no manejamos el destino de ellos. Nosotros solo hacemos el acompañamiento de la resolución que viene de parte del coronel Peña y su equipo”, aseguró.

Renault contaba con orden de captura y ahora deberá cumplir su condena en la penitenciaría de Tacumbú. De cuatro sospechosos, solo uno fue sentenciado por el hecho.

Durante un allanamiento en San Lorenzo, agentes del Departamento de Antisecuestro detuvieron al sujeto, quien contaba con orden de captura nacional e internacional por el caso ocurrido en el año 2012.

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Un hombre de 28 años que contaba con orden de captura a nivel nacional e internacional por un caso de abuso sexual, ocurrido en noviembre de 2012 en el Club Centenario, fue detenido en la mañana de este martes en una vivienda del barrio Laurelty de San Lorenzo durante un allanamiento llevado a cabo por agentes del Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional.

El sujeto había sido condenado en 2017 a una pena privativa de libertad de 5 años y 6 meses por la comisión del hecho punible de coacción sexual y violación, en el que resultó víctima una adolescente.

Posteriormente, la sentencia fue confirmada en julio de 2020 por la Cámara de Apelaciones y tras quedar firme la condena en noviembre de 2021, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declarada inadmisible la casación interpuesta contra la resolución del tribunal de apelaciones, el hombre se encontraba prófugo.

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En el caso fueron imputadas cuatro personas, todas menores de edad en ese entonces, de las cuales tres fueron desvinculadas, mientras que el ahora capturado fue condenado por el hecho.

El comisario Juan Pereira, director del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, brindó detalles del procedimiento realizado e indicó que el aprehendido no permanecía en un lugar fijo.

“Lograba eludir los controles, vamos a decir que cambiaba de domicilio también, no se quedaba en un lugar fijo, en algún momento había trabajado para una empresa, luego fue desvinculado. Es así que se ha realizado el seguimiento hace un par de meses por parte del Departamento de Búsqueda de Prófugos, se logra esta ubicación y con los datos precisos se solicita y se obtiene la orden de allanamiento”, dijo a Telefuturo.

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El Gobierno proyecta la instalación de 50 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Semillas para el Futuro en todo el país, uno para cada departamento y la capital. Un programa que quedará como un legado dentro de las políticas públicas del Estado para la atención a la primera infancia y las familias, con calidad y de primer nivel.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, explicó detalladamente cómo y cuándo empezarán a funcionar estos centros. Esta semana, ya fue inaugurado uno en la ciudad de Capiatá, el primero de los 50 centros que estarán concluidos para finales de este año.

“La primera infancia es la política pública más rentable donde un Gobierno o un país pueden invertir, porque si invertimos y trabajamos en la primera infancia en los primeros 1.000 días de vida, estamos cambiando la vida de ese niño y estamos cambiando la vida de lo que va ser ese ciudadano, y estamos cambiando la vida del país”, señaló el ministro en entrevista para La Nación/Nación Media.

La atención de la primera infancia es una política pública amplia, escalable y nunca antes vista para el país, y sobre todo, de primera calidad, que tendrá un impacto muy importante en la sociedad, atendiendo a que se interviene en la primera etapa más importante, complementando además el programa Hambre Cero en las escuelas, para proyectos a la niñez a un futuro sólido en la formación.

“Es un legado del presidente Santiago Peña y de la primera dama Leticia Ocampos que está tomando también la posta con nosotros en lo que es la construcción y liderazgo de este programa, no son solamente centros que se están construyendo, sino que hay un programa que fue aprobado por decreto que prevé todo esto, que prevé un nuevo modelo de gestión integral e intersectorial a la primera infancia”, destacó Gutiérrez.

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Los centros son espacios que forman parte de políticas públicas con un enfoque integral, intersectorial y multidimensional. No solo funcionan como lugares de cuidado mientras los padres trabajan, sino que también brindan un entorno donde los niños están protegidos, atendidos y estimulados a través de un modelo basado en estándares internacionales.

En cada centro se cuenta con consultorios psicopedagógicos, de psicología, terapia ocupacional, servicios de alimentación saludable con desayunos, media mañana, almuerzo, merienda, con una alimentación adecuada para el desarrollo físico y el desarrollo neurológico. Se contará con espacios de introducción a la lectoescritura lingüística, el desarrollo motor, motricidad fina, gruesa, todo esto como parte de una estimulación integral.

Así también se contará con otros servicios, como el Registro Civil de las Personas para el acceso a la identidad de los niños, consultorios médicos con profesionales de salud con controles periódicos para los niños con evaluación y derivaciones a instituciones en el caso que requieran de atención más compleja.

Estos espacios se centran no solo en la formación de la niñez, sino también en el de las familias. “El presidente y la primera dama nos piden un enfoque de familia, nuestro Gobierno tiene un enfoque de familia, y trabajar con ellas las pautas de cuidado y crianza adecuada de ellas con sus hijos donde vamos a estar enseñándoles también y trabajar en prevención en todo tipo de violencia”, remarcó.

También se dará a los padres las herramientas para mejorar las posibilidades de ingreso, a través del SNPP y Sinafocal, como así también, el fortalecimiento de las familias, con educación financiera, cursos de mandos medios, entre otros.

Se estima que los centros beneficiarán a unos 280.000 niños y demandarán una inversión de USD 100 millones, obtenidos a través de la renegociación de la tarifa de Itaipú. También ya está incorporado todo lo que tiene que ver con mantenimiento y sostenibilidad al presupuesto del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).

Otro punto destacado, es el impacto socio económico para todas las comunidades beneficiadas. “Está dando mano de obra local a muchísima gente, en cada Caipi 100 personas de la comunidad, y dinamizando la economía de las comunidades, lo mismo cuando entren en funcionamiento. Estamos en proceso de contratación, ahora mismo los primeros 20 y se va priorizar profesionales de los comunidades o ciudades beneficiadas, y por concurso 100 %”, sentenció.

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