El Gobierno de Estados Unidos destacó a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) en su Reporte Especial 301 por el avance en la lucha contra la piratería y la falsificación de productos en Paraguay, mediante el incremento de las acciones para el fortalecimiento del respeto de los derechos de propiedad intelectual.

El director general de Observancia de la Dinapi, Diego Pérez, explicó en conversación con el programa “Arriba hoy”, que se emite por GEN y Universo 970Am/Nación Media, que este es un reporte anual que realiza el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Representantes de Comercios, a sus socios comerciales sobre el nivel de cumplimiento de las Leyes de Protección de la Propiedad Intelectual.

“Ya el año pasado, que comprendió el reporte de los últimos cuatro meses del 2023, ya habían destacado fuertes esfuerzos en materia de protección de la propiedad intelectual por parte de la Dinapi. Ahora, este reporte que comprende todo el año 2024, incluso hace una mención especial al incremento de las acciones por parte de la Dinapi”, remarcó.

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Agregó que este es un proceso donde no solo la Dinapi y otras instituciones dan sus insumos para estas evaluaciones; si no también los propios titulares de derechos y otras partes interesadas dan su parecer.

“Esto es lo que resalta también el informe, que son los titulares del derecho; es decir, los dueños de las marcas los que están reconociendo esos esfuerzos”, acotó.

Resaltó que lo importante para esta evaluación es cómo están trabajando las distintas instituciones del Estado, que tenga algún tipo de competencia en la materia, como ser la Policía Nacional, el Ministerio Público, que cuenta con una Unidad Especializada en Propiedad Intelectual, además de la Dinapi, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que cuenta con una gerencia general de Aduanas.

“Somos varias instituciones los que trabajamos en este tema, y que efectivamente existe un Centro Nacional de Coordinación en donde nos juntamos de manera periódica para ver la forma de avanzar en la aplicación práctica de la normativa”, precisó Pérez.

Mencionó que esas aplicaciones prácticas se traducen en mayores incautaciones, establecer mecanismos nuevos para resolver conflictos en la materia, desarrollar campañas para concienciar a la sociedad sobre el impacto negativo de estas acciones ilícitas.

Diego Pérez explicó que el Paraguay permanece en la Lista de Vigilancia, teniendo en cuenta que la lista cuenta con dos categorías; una que es de lista de vigilancia prioritaria, que son los países que están con severos problemas de aplicación de las leyes de propiedad intelectual, que finalmente son elementos importantes para la inversión extranjera.

Indicó que los países que integran esa lista de vigilancia prioritaria, que podría llamarse de alguna forma como una “lista negra”; y que Paraguay llegó a integrar esta lista en algún momento pasado, aproximadamente en el año 1997.

“En cuanto a los países que están en una lista de vigilancia, los países que la integran no tienen aspectos de gravedad; si son naciones que a criterio de Estados Unidos, deben mejorar algunas cuestiones. Específicamente el reporte hace mención la disminución de las condenas judiciales, por violación del derecho de la propiedad intelectual, por lo que permanecemos en esa lista”, acotó.

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En una actitud visiblemente cohibida, en la sesión de ayer el diputado “mago del sur”, Carlos Pereira Rieve ensayó un discurso alusivo a los destapes mediáticos en torno a su empresa hormigonera, responsable de la carga de losas en el edificio caído en Encarnación y la fortuna que amasó en tiempo récord. Se retrotrajo a los tiempos de su colegio, revivió sus inicios como activista juvenil, su vida sacrificada, sin herencias, recordó y pidió disculpas a su mamá, pero en su alocución no pronunció una sola frase que explique la receta mágica de su meteórico ascenso económico, ni la causa por enriquecimiento ilícito que le abrieron junto con sus hermanos y que se maneja con mucho hermetismo en el Ministerio Público.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Con mucha insistencia y en medio de un her­metismo que llama poderosamente la atención, nuestro equipo accedió a la confirmación de que la causa sobre enriquecimiento ilícito del Ministerio Público al clan Pereira Rieve de Itapúa con­tinúa abierta, así como otros datos que guardan relación al caso.

La causa sobre enriqueci­miento ilícito y otros que la Fiscalía abrió al exintendente de Cambyretá, actual gober­nador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve y a sus hermanos data del año 2022. Es decir, hace tres años que el Ministerio Público tiene en sus manos la investigación y hasta ahora no existen resul­tados visibles, menos aún socializados sobre los presun­tos delitos que se sospechan los miembros del clan.

En el marco de la mencionada causa, el exfiscal Osmar Legal había solicitado a la Contra­loría General de la República hace 2 años y medio el estudio de correspondencia del actual gobernador, su hermano el hoy diputado, exconcejal departamental Carlos Pereira Rieve y la hermana de ambos Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su her­mano en la Gobernación de Itapúa.

La investigación penal prácti­camente se manejó en secreto, ni una sola información tras­cendió al respecto. En para­lelo, intentaron desestimar la causa, pero desde el juzgado al cual acudieron rechazaron el pedido y tuvo que ser rea­bierta.

La investigación del presunto enriquecimiento ilícito al clan Pereira Rieve, posiblemente guarda relación con activida­des ilícitas concernientes al lavado de dinero provenien­tes del narcotráfico. Recor­demos un informe inteligen­cia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que sin­dicaba al entonces intendente de Cambyretá, actual gober­nador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve como líder de una organización criminal vinculada al narco­tráfico que quedó en la nada, porque el agente antidrogas fue pescado en un presunto cobro de coima para limpiar el expediente de su investigado y es así que el sospechoso se convirtió en víctima y denun­ciante.

El proceso se redujo a la con­dena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los infor­mes recabados ni el curso de las investigaciones que invo­lucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal, pese a la existencia de la carpeta que incluso fue incautada en un allanamiento en el marco de las investigaciones al exfun­cionario preso por caso coima.

En medio de las sospechas de los ilícitos mencionados, sin embargo, el clan Pereira Rieve amasó fortuna, cons­tituyó empresas, erigió enor­mes fábricas, que han pasado desapercibidos para los orga­nismos de control y pese a las extraordinarias formas en que han saltado de la pobreza a la prosperidad.

Recordemos que en el caso del diputado “mago del sur”, de armar una empresa en la que su aporte fue la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algu­nos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones, en dos años pasó a Mega Con­cret SA de G. 6.000 millones, que de entrada se integró G. 4.150 millones.

O el caso de su hermano el gobernador que, de un terreno tasado en G. 12 millones en sus tiempos de concejal munici­pal de Cambyretá, le bastó dos elecciones como intendente para aterrizar a la jefatura departamental con un activo de G. 7.300 millones.

Sin embargo, nada explicó el diputado “mago del sur” sobre las bases o el origen del dinero para el gigantesco salto eco­nómico suyo y de su familia en tiempo récord. Usó minutos de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados para referirse indirectamente a los desta­pes en la prensa, recordó su época de colegio, sus inicios como activista juvenil, su vida de trabajo, llena de sacrificio para luego concluir con la teo­ría de siempre, de atribuir los trascendidos a ataques políti­cos para “manchar” su imagen.

Aprovechó para pedir dis­culpas a su mamá y saludar a su departamento, pero no se acordó de las víctimas fatales a causa del desplome del edifi­cio en la que su empresa cargó las losas y proveyó hormigón por G. 2.000 millones, mucho menos de la causa en la Fisca­lía que había desconocido ya en una consulta anterior reali­zada desde nuestra redacción.

Tras darse a conocer que el 24 de mayo está previsto que se lleve a cabo nuevamente el examen de admisión para formación docente, el cual fue anulado luego de que se corroboraran inconsistencias en el proceso, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) anunció que la denuncia formal presentada en torno a la filtración de resultados contará con una extensión, ya que se conocieron nuevos detalles de cómo se habría dado el hecho.

En conversación con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el presidente del Cones, Federico Mora, explicó que tras recabar información sobre denuncias presentadas por los postulantes, además del cotejo de datos que no podían estadísticamente darse, se pudo trazar un posible esquema de cómo se habría dado la filtración.

“El examen inicia a las 8 de la mañana; nosotros vemos con esta información que las respuestas empiezan a circular a las 09:10. Muy posiblemente se toma ya iniciado el examen una de las cartillas, se contestó y luego circulan las respuestas, teniendo preparado quien lo haga. ¿Y por qué decimos que quien lo haga? Porque esto afecta al 45 % de los postulantes que se presentaron; eso implica a 28 institutos de formación docente de los 77 que se presentaron y estos están plenamente identificados también”, dijo Mora.

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Precisó que las irregularidades fueron halladas en 13 de los 22 puntos de aplicación y que quienes estarían detrás de esta filtración serían de un grupo importante de personas, ya que la mitad de todos quienes se encontraban en este proceso a nivel nacional obtuvieron estos resultados.

“La mitad de todo el proceso a nivel nacional recibió este escenario, entonces lo que creemos es que este grupo recibe las respuestas y de ahí remite a nivel nacional a sus aplicadores, que son los que a viva voz dictan en el aula las respuestas”, remarcó el presidente del Cones.

En la misma tesitura, Mora aseguró que la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa), si bien cuenta con un funcionamiento entre sus integrantes como interlocutor ante el Ministerio de Educación y Ciencias, no se encuentra registrada en la Dirección de Asuntos Gremiales, por lo que no es una instancia que tenga legitimidad activa.

En cuanto a las medidas a ser tomadas, el presidente del Cones recordó que la ley de función pública cuenta con una cierta cantidad de atribuciones, pero también con limitaciones, por lo que el proceso puede ser demorado, ya que debe iniciarse un sumario y posteriormente darse las medidas correspondientes. Admitió que esta no es la primera ocasión en que se da este tipo de escenarios y que en muchos casos existe toda una estructura detrás.

“Un primer objetivo es que el día 24 se desarrolle este proceso con una trazabilidad, y comprender que se dé con los pasos que nosotros ordenamos. En un corto plazo se prevé la revisión del mecanismo como tal; esto tiene que ser revisado y, por otro lado, ver el incentivo que existe detrás de todo esto”, indicó Mora.

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La Policía Nacional logró detener este lunes a dos personas, entre ellos un menor de 17 años, en prosecución al trágico enfrentamiento que se reportó en Cambyretá, departamento de Itapúa, que dejó como saldo un fallecido y dos heridos. Se presume que el enfrentamiento se dio por una pelea por territorio de venta de drogas.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante el fin de semana en el barrio Arroyo Porä de la citada ciudad, cuando un grupo de hombres armados llegaron hasta la vivienda de la víctima fatal e iniciaron una balacera. Durante la batalla entre bandas se reportaron dos personas heridas, que serían familiares de la víctima fatal.

Esta mañana desde la dirección de Investigaciones de la Policía realizaron dos allanamientos en el mismo barrio y lograron detener a dos personas, entre ellos Mathías Ezequiel Báez Sanabria, de 25 años y un menor de 17 años. “Según averiguaciones, son familias conflictivas de la zona y una de las hipótesis que se maneja es que sería un conflicto por territorio de presuntoS traficantes de drogas”, dijo el comisario Luis Hermosilla, en entrevista con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.

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En las viviendas se incautaron: 43 dosis, dinero en efectivo de bajas denominaciones, cuatro armas blancas, dos teléfonos celulares, un mochila de color negro con herramientas varias, una pipa de metal de fabricación casera, una tarjeta de memoria, un par de guantes color negro, un cuchillo con mango de madera y una pistola de hidrogel color azul.

El enfrentamiento se reportó en la vía pública del barrio Arroyo Porä donde resultó víctima fatal Domingo Matías Genes Gómez, de 31 años. Mientras que los heridos fueron identificados como Juan José Duarte Genes, de 24 años, con varios antecedentes y una orden de captura por hurto agravado, además de Oscar Javier Genes Gómez, de 34 años, también con frondosos antecedentes penales.

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