La frontera entre Argentina y Paraguay se ha transformado en un reflejo de la situación económica que atraviesa el vecino país. Cada día, cientos de argentinos cruzan desde Formosa hacia ciudades paraguayas como Alberdi, atraídos por una brecha de precios que en algunos casos supera el 100%, de acuerdo al medio argentino TN.

Si antes el cruce fronterizo estaba asociado a la compra de ropa, zapatillas o carteras, hoy la lista se amplió a productos de primera necesidad y bienes duraderos: desde carne y bebidas hasta muebles y electrodomésticos.

En Alberdi, por ejemplo, una gaseosa de 3 litros de industria paraguaya se consigue por 4.000 pesos argentinos, cuando en Buenos Aires cuesta casi el doble. Lo mismo ocurre con electrodomésticos: una heladera se vende a 608.000 pesos argentinos y televisores de alta gama a 1,2 millones, precios que los compradores pagan sin regatear.

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“Acá nadie discute los valores, porque la diferencia con el mercado argentino es demasiado grande”, señalan los comerciantes de la zona a TN.

La carne, un símbolo de la identidad argentina, también ilustra el contraste: mientras en Bolivia un kilo cuesta unos 4.000 pesos argentinos, en distintas provincias del norte argentino el mismo corte alcanza hasta los 20.000 pesos. El resultado es que cada vez más familias cruzan la frontera en busca de precios accesibles.

Del lado argentino, en localidades como Formosa y Orán, la postal es la inversa: comercios vacíos, locales en alquiler y un contrabando que se multiplicó por diez, según reconocen los propios empresarios. “Tener un negocio en Formosa dejó de ser un negocio”, lamentan los comerciantes, que registran caídas de ventas superiores al 70%.

Mientras la economía argentina enfrenta desequilibrios inflacionarios, Paraguay se afianza como un polo comercial competitivo que atrae a compradores del otro lado de la frontera.

La diferencia cambiaria convierte al país en un destino de consumo regional, donde los productos de industria paraguaya marcan la pauta de precios que miles de argentinos buscan aprovechar cada semana.

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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, aclaró que el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) no requiere aprobación del Poder Legislativo porque hace parte de un tratado ya existente. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano firmaron en Washington este documento, el pasado 14 de agosto.

“Estuve hablando con el propio canciller, los argumentos que me citó, por ejemplo, es que esto ya es un tratado, entonces, al ser un tratado él tiene la representación, no hace falta ninguna autorización. Según me estaba explicando, la Convención de Viena, sobre los derechos de los tratados, le da la facultad al ministro de Relaciones Exteriores y al presidente (de la República) a firmar este memorándum”, indicó Núñez, este jueves, en conversación con la 1080 AM.

Explicó que, al ser un tratado vinculante con la Ley 1238 de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), ya tuvo un tratamiento por parte del Congreso. “Es un tratado que ya está vigente, es lo que me explicaron”, apuntó Núñez.

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Por otra parte, sostuvo que hasta el momento no existe ningún proyecto en el Senado que tenga que ver con este tema. “No podemos sobrelegislar, ninguno de los colegas se refirió sobre presentar un proyecto de ley nuevo, salir del tratado. No va al Congreso porque se trata de la implementación de acuerdos internacionales ya suscriptos anteriormente, no hay ninguna innovación de compromisos internacionales”, sentenció.

El acuerdo de entendimiento facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos presentar sus solicitudes en Paraguay, informó Rubio en un comunicado. Esto permite “que nuestras naciones compartan la carga de gestionar la inmigración ilegal mientras se pone fin al abuso del sistema de asilo de nuestra nación”, añade en la nota. “Vamos a cooperar en muchos temas más”, dijo Rubio en español durante el acto.

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El exgobernador del departamento de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, ratificó su intención de competir por la intendencia de Ciudad del Este, tanto para completar el mandato del destituido Miguel Prieto, en los comicios del próximo 9 de noviembre, como para las elecciones municipales ordinarias, el domingo 4 de octubre de 2026. Previamente, su precandidatura deberá confirmarse en las internas coloradas del primer domingo de octubre y en junio siguiente.

“Vuelvo a ratificar el compromiso de que soy el candidato para el 2025 y para el 2026, ya sea que gane o termine perdiendo estas elecciones. Esto me da tranquilidad para trabajar y salir con fuerzas en todas las bases y hacer la presentación del proyecto que tenemos para Ciudad del Este”, indicó el político esteño, este viernes, a la 1020 AM.

González Vaesken manifestó que “los mayores referentes del Partido Colorado me dan su apoyo, pero siempre el partido tiene la peculiaridad y capacidad de tener otros candidatos que se estarán lanzando, seguro pasaremos por unas internas. En los movimientos Honor Colorado, Colorado Añetete y Fuerza Republicana tenemos el acompañamiento de la mayoría. Eso no quiere decir que no haya otros candidatos que se presentarán, lo cual dará dinamismo, solvencia y transparencia al proceso electoral”.

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Las afirmaciones del exjefe departamental, cuya gestión se desarrolló entre 2018 y 2023, surgen tras mantener ayer miércoles una reunión con el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres; su hermano, el diputado Luis “Tiki” González; Justo Zacarías, director general de Itaipú, y Julio Paredes, director financiero de la citada entidad binacional.

“Estuvimos haciendo el análisis correspondiente ya que son 3 meses de campaña muy difícil para instalarse. Le puedo ofrecer a los esteños, primero el currículum de vida, tenemos una sensibilidad social muy fuerte, somos personas que hemos crecido e invertido en la ciudad y después de haber terminado mi gestión como gobernador no tuve ninguna denuncia formal, tengo todo aprobado lo que fue mí administración tanto por el Tribunal de Cuentas y la Contraloría, lo cual es algo inédito y no se suele repetir en Alto Paraná”, refirió.

El exgobernador puntualizó: “Voy a tratar de conquistar a la gente, hablaré de mis proyectos, no hablaré mal de nadie. Trabajaré para todos los habitantes de Ciudad del Este y no solo para los colorados. Hoy en día, el partido, es cierto, ha perdido mucho terreno en la ciudad, pero sigue siendo una fuerza muy importante y la misión será conquistar a aquellos jóvenes que hoy están desilusionados”.

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por un conocido influenciador. El texto obliga a las empresas a hacer verificaciones de edad más estrictas y a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, entre otras disposiciones.

La regulación de las redes sociales es un asunto especialmente espinoso en Brasil. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la “sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs”. En tanto, la oposición de derecha acusa al gobierno y a la justicia de querer “censurar” las plataformas.

El texto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja semanas después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales. En adelante, las redes “deben comunicar los contenidos de aparente explotación, abuso sexual” a las autoridades brasileñas.

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También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar quiénes se comunican con sus hijos y cuánto tiempo los menores usan las plataformas. Las redes tendrán que “monitorear y restringir, dentro del límite de sus capacidades técnicas, la exhibición de contenidos que tengan como objetivo evidente atraer a los niños”, agrega el texto.

Atendiendo pedidos de expertos, el parlamento vetó la autodeclaración de edad como mecanismo de control para entrar a sitios web que ofrezcan contenido para adultos. También exige a las redes sociales “mejorar continuamente sus mecanismos de verificación de edad para identificar cuentas gestionadas por niños”.

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Las plataformas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, “prohibición”. La ley entrará en vigor un año después de que el presidente la sancione. Por ahora, debe volver al Senado para su definitiva aprobación.

Brasil, con 212 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales. El año pasado, la justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra desinformación. En junio la corte suprema votó para que haya mayor responsabilidad de parte de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios. Desde entonces las plataformas tienen el deber de retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial.

El lunes el gobierno le pidió a Meta- casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras- que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentan ser niños, pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, luego de detectar una “proliferación” de estos robots.

La iniciativa para endurecer los controles fue aprobada en un momento de crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, en la que la regulación de redes sociales también entró en conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Brasil de “ataques” a “las empresas estadounidenses de redes sociales”.

En una decisión similar a la que tomó contra X, a principios de 2025 el supremo ordenó suspender la plataforma de videos Rumble porque se negaba a bloquear la cuenta de un brasileño residente en Estados Unidos. Trump le impuso aranceles del 50% a la mayor economía latinoamericana, en parte, por estas sanciones y por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo.

Fuente: AFP.