El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, confirmó que los comisarios se someterán a la prueba del polígrafo. El test estará a cargo de una empresa privada en el proceso.

“Las preguntas son confidenciales, pero son preguntan que aplican en cualquier examen de polígrafo o prueba de confiabilidad”, señaló a la 1020 AM.

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El comisario Benítez destacó que los poligrafistas tienen una sólida formación y, por ende, las capacidades, habilidades y la experiencias para tomar este tipo de examen de confiabilidad.

“Esto lo hacemos de manera tercerizada. Nosotros tenemos excelentes poligrafistas dentro de la Policía, pero justamente para buscar la transparencia y la objetividad dentro de lo que es este proceso -estos oficiales- a pesar de tener mucha experiencia no tienen ninguna intervención dentro de este proceso. Es tercerizado porque queremos una transparencia y objetividad”, remarcó.

El ministro del Interior, Enrique Riera, informó días atrás que se adquirirán diez polígrafos y al menos 100 comisarios serán los primeros en ser sometidos a esta prueba de veracidad, antes de ser ascendidos. “Nosotros estamos comprando diez polígrafos, porque la nueva ley no solamente exige para ascender. Y en menos de dos meses 100 comisarios van a pasar por el polígrafo y vamos a ver cuántos quedan”, señaló a Unicanal.

Aclaró que solo los que logran pasar la prueba podrán ascender de cargo o rango. “Los que no pasan no ascienden”, alertó.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, recibió amenazas y aseguró que ya se tomaron las medidas de seguridad. Pereira culminó con el proceso de intervención el pasado viernes y ya entregó el informe final al Ministerio del Interior.

“Yo hablé informalmente con él, le dije que guarde todas las amenazas, para que si en algún momento dado se siente con ganas y fuerzas, yo lo iba a apoyar, también lo vamos a proteger, ninguna amenaza se subestima”, contó el ministro en conversación con un medio local.

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Riera confirmó además que, en el proceso del trabajo de intervención ya existieron algunas amenazas, pero que en ese momento, tanto la intendencia como el interventor contaban con un fuerte dispositivo de seguridad. Las amenazas comunicadas por Pereira al ministro, ya se tratan de nuevas que surgieron en la jornada de hoy.

“Durante el proceso, él recibió algunas (amenazas), pero estaba protegido porque teníamos policías en la intendencia, se iba y venía con protección en su casa y su familia también. Hoy estuve intercambiando mensajes con él y ya le había dicho esto”, señaló Riera.

El ministro sostuvo además que ninguna amenaza puede ser subestimada, por lo que Pereira ya cuenta con un dispositivo de seguridad y lo tendrá hasta que considere necesario. “Ya tiene, y va seguir teniendo mientras necesite, y de momento le dije que tome precauciones básicas, que no se exponga, que la cosa está mucho más caliente de lo que la gente imaginaba, y que nosotros tenemos la forma de abrir una investigación para averiguar de dónde viene y tomar precauciones”, sentenció.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió las nuevas reglas de disciplina en el sistema educativo, al decir que buscan evitar que las escuelas sean “lugares de reclutamiento de pandilleros”. Desde el 20 de agosto, por orden de la nueva ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, los alumnos deben tener cabello corto, uniforme limpio y zapatos lustrados, lo que un gremio magisterial tildó de “militarización” de las 5.100 escuelas públicas.

Bukele dijo que antes de su “guerra” contra las pandillas -que lanzó en 2022 y redujo la violencia criminal en el país- los centros educativos eran “lugares de reclutamiento de pandilleros”. “Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse”, añadió el mandatario en la red X. “Así eran antes los centros educativos en nuestro país”, señaló Bukele en la misma publicación de X sobre un video que difundió, donde aparecen estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) de San Salvador haciendo con sus manos señas de pandillas. La pieza no especifica cuándo se filmó.

En esa línea, la ministra Trigueros anunció en X la noche del lunes que ordenó la destitución del director y subdirector del INTI, por aparecer en el video que Bukele compartió. La destitución del director del INTI, Óscar Manuel Melara, y del subdirector Eliezar Otoniel Delgado fue ordenada tras “confirmarse que continúan siendo los mismos de aquella época evidenciada en el video compartido por el presidente”, sostuvo Trigueros.

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La ministra agregó que desde este martes el INTI “contará con nuevas autoridades”. Antes de la “guerra” de Bukele contra las pandillas, la Mara Salvatrucha y Barrio 18 acosaban a estudiantes para que se unieran a esas bandas y amenazaban a maestros para que no los denunciaran. Las nuevas reglas deberán ser respetadas “por más que nos critiquen”, aseguró el presidente.

Trigueros sumó el domingo nuevas reglas de “cortesía escolar” a las normas disciplinarias y los alumnos que no las respeten se arriesgan a repetir curso. Las normas de cortesía, que entrarán en vigencia el 1 de septiembre, incluyen saludar al maestro al entrar al aula, decir “por favor” al hacer una petición y dar las gracias.

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Un estudiante con 15 anotaciones de demérito “no podrá ser promovido de grado”, dispuso la ministra militar. Sin embargo, podrá reducir las sanciones con labores “de orden y limpieza” y otras actividades. Los directores que no hagan cumplir estas normas serán sancionados, advirtió Trigueros, quien viste regularmente uniforme de camuflaje.

Bukele goza de una gran popularidad en el país por reducir a mínimos históricos la violencia criminal con su “guerra”, que se ampara en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. El régimen de excepción es criticado por grupos de derechos humanos, que afirman que hay miles de inocentes tras las rejas.

Fuente: AFP.

El ministro de Eco­nomía y Finanzas (MEF), Carlos Fer­nández Valdovinos, presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 al Congreso Nacional. Este contempla un gasto de USD 18.900 millones para el próximo año, un aumento del 12 % respecto al actual ejercicio fiscal (USD 17.700 millones).

Este incremento, según pre­cisó el titular del MEF, está distribuido entre la adminis­tración central y entes des­centralizados como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), la Admi­nistración Nacional de Elec­tricidad (Ande), gobernacio­nes y otros organismos.

Uno de los puntos más importantes de este PGN es que se prevé llegar a la convergencia fiscal en 2026, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que permite un défi­cit anual del 1,5 % del pro­ducto interno bruto (PIB). Este año se cerrará en 1,9 %.

Otro detalle en la presentación de la ley más importante del país, es que es la primera vez que se hace entrega del pro­yecto en formato QR y no en hojas de papel, a fin de contri­buir con la sustentabilidad.

Consultado sobre los gastos rígidos, el ministro señaló que el componente salarial repre­senta el 62 % de los impuestos en la administración central. Aunque este porcentaje puede parecer elevado, recordó que en su punto máximo llegó al 77 % y que en 2025 fue del 65 %, por lo que actualmente se observa una reducción.

Mencionó que, al margen de los incrementos en sectores prio­ritarios como salud y educa­ción, recordó el ajuste salarial del 3,6 % para docentes, y que el peso de los salarios sobre la recaudación sigue disminu­yendo.

Sobre los sectores priorita­rios, dijo que se destinarán USD 25 millones adicionales al Instituto Nacional del Cán­cer (Incan), al igual que en el presupuesto del año anterior. Señaló que el objetivo es garan­tizar recursos reales y soste­nibles para un sector sensible como la atención a pacientes oncológicos.

Respecto a inversiones en infraestructura, expuso que el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) tendrá un presupuesto similar al de este año, así como proyec­tos de inversión de la Ande y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Acerca de la reforma del transporte público, aclaró que los USD 300 millones contemplado en el PGN, corresponde al costo total estimado del plan, pero que en el presupuesto se incor­poran USD 55 millones en subsidios.

Dijo que estos fondos podrán ser reprogramados según avance la implementación del nuevo sistema. Resaltó que, por primera vez, el subsidio al transporte se financiará con recursos propios, elimi­nando la necesidad de endeu­damiento.

Uno de los puntos destacados del proyecto de Ley de Presu­puesto para el Ejercicio Fiscal 2026 presentado ayer por el Poder Ejecutivo marca el retorno al cumplimiento del límite del déficit fiscal para la administración central del 1,5 % del PIB establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, resultado del plan de conver­gencia fiscal iniciado en 2023.

En el PGN 2025, el déficit estaba en torno al 1,9 % y la promesa de la actual administración era equiparar a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2013 y que había tenido durante los años de pandemia una disparada exorbitante. Este avance a los límites de la ley reafirma el compromiso del gobierno de Santiago Peña con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, explicó ayer que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) tendrá nuevamente este año un importante incremento financiero, tal como suce­diera para el presupuesto del año pasado. Según el proyecto de Presupuesto General de Gastos 2026, el citado centro especializado tendrá una asignación adicional de G. 197 mil millones más (unos 25 millones de dólares) para la atención efectiva a los ciudadanos que requiere no solo edi­ficios modernos, sino también la provisión de equipamiento adecuado, profesionales de la salud capacitados y un suministro constante de medicamentos que permitan dar respuesta oportuna a las necesidades de miles de pacientes oncológicos.

Con este aumento, el segundo que se registra en año consecutivo (en 2025 rondaba también los 25 millones de dólares) se destinará a mejorar la atención oncológica, ampliar el acceso medicamen­tos, tratamientos especializados y apoyar a los pacientes y sus familias en el proceso paliativo, de recuperación y cuidado integral.