Tras el allanamiento de una vivienda en la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones, se procedió a la detención de un hombre que venía siendo investigado por supuestamente estar comerciando con droga en la zona. El detenido tiene antecedentes por homicidio doloso y culposo, fue detenido por Agentes Especiales de la Senad, tras una investigación por microtráfico de drogas.
De acuerdo al informe de la Senad, el hombre se caracterizaba por actuar con suma violencia y en el marco del procedimiento fueron incautadas armas blancas, dinero en efectivo y también más de 40 dosis de chespi. El detenido es José Domingo Cáceres, quien residía en el barrio Santo Ángel de la ciudad de San Ignacio y allí tenía su puesto de venta.
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El procedimiento realizado para la detención del hombre consistió en el allanamiento, en compañía de la fiscal Mirtha Valle Medina. En el lugar funcionaba supuestamente un local comercial identificado como “Despensa Junior”, que servía como fachada para la venta de drogas. Las evidencias y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público.
En el momento del procedimiento, José Domingo Cáceres tenía en su poder 43 dosis de chespi listas para la venta, además de dinero en efectivo y 4 armas blancas tipo puñales. Se lo considera como el responsable de la distribución de dosis de la droga a adolescentes y jóvenes de la zona. Posee antecedente por homicidio doloso en el año 2013 y homicidio culposo en el 2023.
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Millonario robo de celulares: detienen a dos hombres e incautan armas tras allanamiento en CDE
Este martes, agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional realizó un allanamiento en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, en prosecución del millonario robo de celulares contra unos comerciantes brasileños y detuvieron a dos sujetos. En el procedimiento se incautaron armas de fuego y otras evidencias.
Según el reporte policial, el operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio 23 de Octubre, de Ciudad del Este, en el marco de las investigaciones en el caso del millonario robo a dos ciudadanos brasileños ocurrido en le kilómetro 4 de la citada ciudad. En el hecho también, fue herido un efectivo policial.
En la vivienda fueron detenidos: Alberto Britos Alcaraz, alias “Comando Russo”, de 40 años, que cuenta con una orden de captura por robo agravado, y José Eduardo Ramírez Gómez, de 37 años. Ambos fueron detenidos cuando intentaban ingresar a la vivienda que sería allanada en una camioneta sin chapa.
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Del interior del vehículo de la marca Chevrolet modelo Cruce color blanco, se logró incautar: armas de fuego de corto calibre, dos rifles portátiles de cañón largo y más de 100 municiones de distintos calibres. Así también, ropas varias camufladas, guantes, dos aparatos celulares de la marca IPhone y cargadores para armas de fuego.
Se trata del segundo allanamiento del día que realizaron en el marco de las investigaciones de los asaltos reportados la semana pasada en Ciudad del Este. En el primero detuvieron a una mujer que sería pareja de un integrante del PCC y varias armas de fuego, que serían usadas para los atracos reportados en la ciudad.
Durante el asalto contra los ciudadanos brasileños, los maleantes se alzaron con un lote de celulares de alta gama, cuyo valor estaría por los 400 mil dólares. Los comerciantes resultaron ilesos y el suboficial Emilio Esteban Cardozo, agente de la Patrulla Motorizada, fue quien recibió un disparo en la pierna.
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Detienen a mujer e incautan armas que se presumen fueron usadas para asaltos en CDE
Este martes, agentes del Departamento de Investigaciones del Policía Nacional realizó un allanamiento en busca de personas que estarían involucras en una serie de robos y asaltos en el departamento de Alto Paraná. En el procedimiento se detuvo a una mujer y se incautaron de varias armas de fuego.
Según el reporte dado por los intervinientes, el operativo se realizado en una vivienda ubicada en el kilómetro 10, lado Acaray, a unos pocos metros de ruta PY02 en Ciudad del Este. Este allanamiento tuvo el acompañamiento del fiscal Luis Fernando Escobar, quien ordenó la detención de Debora Abigail Peña Pérez, de 27 años, quien estaba en la casa.
“Teníamos información de que en esta vivienda había armas que se utilizarían para los diversos hechos punibles ocurridos en la ciudad y que también había sustancias estupefacientes. La mujer sería pareja de un miembro del Primer Comando Capital (PCC)”, expresó en comisario Paulo Zelaya, en conferencia de prensa.
Afirmó que todas las armas incautadas de esta viviendas serán sometidas al Sistema Integrado de Identificación Balística para saber si fueron usadas para algún hecho punible. “Una de estas armas tenía el número de serie borrada. La mujer tiene un negocio de ventas de celulares en el centro de la ciudad”, apuntó.
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Evidencias incautadas
- Pistola marca Glock, modelo 17, Generación 4, calibre 9mm., con serie Nro. BSZP387.
- Pistola marca Beretta, modelo APX, calibre 9mm., con serie Nro. A311509X.
- Pistola marca Beretta, modelo APX, calibre 9mm., con serie Nro. A235255X.
- Pistola marca PRNC CZ, modelo APC calibre 6.35mm, lustre niquelado, con Número de Serie Borrado.
- Cuatro cargadores para pistola Beretta.
- Dos cargadores para pistola Glock, todos calibres 9mm.
- Un cargador para pistola calibre 6.35mm.
- Ciento veintiún cartuchos sin percutir del calibre 9mm.
- Cinco cartuchos sin percutir calibre 6.35mm.
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Nueva Alianza 56 cerró con pérdidas por USD 73 millones para el narcotráfico
Las incursiones realizadas en el departamento de Amambay en el marco de la operación Nueva Alianza 56 permitieron sacar de circulación 498 toneladas de marihuana, con un perjuicio económico de más de USD 73 millones para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que la operación finalizó después de 10 días de incursiones en zonas boscosas de Amambay. En las intervenciones fueron destruidos 24.485 kilos de marihuana, también desmantelados un total de 71 campamentos clandestinos y erradicadas 158 hectáreas de cultivos de la droga, “evitando que 474 toneladas de cannabis llegaran al mercado criminal”, detalló la institución en el reporte.
Nueva Alianza 56 contó la participación de miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevaron a cabo las tareas con apoyo de helicópteros de la Policía Federal de Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público.
Entre los procedimientos efectuados se destaca el realizado en una zona de Aguará Vevé del distrito de Capitán Bado, que permitió desmantelar un megacentro de producción marihuana mecanizada. El cultivo contaba con riego automatizado e invernaderos hidropónicos.
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En el marco de estas intervenciones se desarrollaron 16 operativos desde agosto de 2023, arrojando como resultado pérdidas para las estructurales criminales por USD 1.600 millones, había informado la Senad en mayo tras culminar Nueva Alianza 55.
Durante estos procedimientos fueron erradicadas plantaciones de marihuana, incautados 623 toneladas de marihuana procesada y cosechada; así también se desmantelaron 1.218 campamentos que eran usados además como bases logísticas utilizadas para la producción y acopio de la droga.
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Allanan Junta Municipal de Ypané tras nuevo juramento anulado por el TSJE
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.
Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.
Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.
Ediles colorados coaccionados
Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.
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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.
“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.
Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.
“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.
De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.
Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.