El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez Penal de Garantías N.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro del Interior Rafael Filizzola, en el caso conocido como “Comisarías de Oro”.
La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscala Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal.
Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteados durante la tramitación de la causa. Según el Tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.
La resolución señala que el expediente fue devuelto formalmente al juzgado de origen recién el 14 de diciembre de 2021. Entre las actuaciones enumeradas figuran recursos de reposición y apelaciones, incidentes de nulidad, una acción de inconstitucionalidad y sucesivas recusaciones. El Tribunal también cita una resolución de 2022 que quedó firme luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema declarara inadmisible un recurso extraordinario de casación en 2025.
Además de revocar la decisión del juez López Samudio, los camaristas Paulino Escobar, Jesús Riera y Adriana Giagni exhortaron al magistrado interviniente a aplicar el procedimiento previsto en la Acordada N.º 1814 de la Corte Suprema de Justicia, de modo a velar por la regularidad del litigio y desalentar planteamientos dilatorios o el abuso de las facultades procesales. La Cámara impuso las costas en el orden causado.
Con la decisión, queda pendiente la definición de la audiencia preliminar, instancia en la que se deberá analizar la acusación y determinar si corresponde elevar la causa a juicio oral. El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.