A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. “Nunca nadie revisa” a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.

La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en “refugio” del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.

Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.

Esto es “un fenómeno bastante nuevo en Bolivia”, un “país muy seguro hasta hace unos cuantos años”, explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.

Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una “pax mafiosa”, dice. “Y esto se ha roto de alguna forma”.

Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.

Ahora hay delitos más “seguido” y “a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías”, dice a la AFP.

Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.

También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.

El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.

Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.

La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.

Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.

“Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así”, dice.

Paz anunció además que Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.

Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.

“Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar” con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años. El propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia “va a aumentar”” y “nos va a exigir que aumentemos más efectivos”, dice a la AFP.

Fuente: AFP.

Este martes, la Policía Nacional detuvo a dos personas de nacionalidad brasileña que serían sindicadas como miembros del Primer Comando Capital (PCC), en el departamento de Alto Paraná. Uno de los detenidos se presentó con un nombre falso y luego se descubrió que era buscado en el vecino país por casos relacionados al narcotráfico.

Según el reporte policial, la captura de estas personas se registró en plena vía pública, específicamente en la zona de Puerto Itavera, en el distrito de Domingo Martínez de Irala. Ambos sujetos estaban circulando sin documentos de identidad y proporcionaron sus datos, uno de ellos no correspondía.

Se identificaron como Fernando Mello Pereira y Samuel Barboza, ambos brasileños. De inmediato se comunicó el caso a la División del Comando Tripartito, para procesar y cotejar sus identidades con las autoridades de Brasil. Uno de ellos tenía varios tatuajes que serían similares a los que acostumbran a tener los integrantes del PCC.

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El comisario Fabio Santacruz, del comando tripartito, confirmó que el hombre que se presentó como Fernando, en realidad era Anderson Cleiton da Silva, que tiene orden de captura en su país por hechos relacionados al narcotráfico. En tanto que, Samuel Barboza dio su nombre real y no cuenta con antecedentes criminales.

Del poder de los detenidos se incautaron dos teléfonos celulares, 300.000 guaraníes en efectivo y dos mochilas negras con prendas de vestir. Se presume que ingresaron al país hace 15 días y que esperaban el momento oportuno para cruzar ilegalmente por el río Paraná para evadir los controles fronterizos.

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Bolivia lanzó el jueves, en la ciudad de Guayaramerín que limita con Brasil, un plan de seguridad fronterizo para combatir el narcotráfico en su territorio, ante la expansión de grupos criminales brasileños. Según las autoridades, las bandas armadas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se disputan violentamente el control de corredores para traficar cocaína, lo que ha desatado una ola de crímenes en zonas limítrofes de Bolivia.

El gobierno les atribuye una serie de 10 asesinatos perpetrados por sicarios en las últimas semanas, algo inusual en el país de 11,3 millones de habitantes. El plan bautizado como Fronteras Seguras contempla una mayor presencia policial especializada en los límites del país, según un documento que el Ministerio de Gobierno boliviano compartió con la AFP.

También incluye un “intercambio táctico de inteligencia” con la Policía Federal de Brasil y cooperación recíproca para capturar a criminales que crucen las fronteras. Se debe “fortalecer entre instancias nacionales, pero también en este caso con Brasil, una relación estrecha para que nuestras sociedades (...) estén más seguras”, dijo durante el lanzamiento del plan el presidente centroderechista Rodrigo Paz, en la pequeña ciudad fronteriza de Guayaramerín, en la región Beni (norte).

El Ministerio de Gobierno considera que Guayaramerín, que vive del comercio con Brasil, es junto con otros poblados una especie de “refugio” de grupos criminales, donde compran inmuebles y asientan a sus miembros. El mandatario también aseguró que impulsaría una cooperación similar con sus otros países vecinos.

Según datos del gobierno, desde que Paz asumió el poder en noviembre se capturaron y expulsaron del país 17 “capos” de organizaciones criminales internacionales. Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, según la ONU. Comparte con Brasil una frontera de 3.400 kilómetros.

Fuente: AFP.

Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

El exmandatario Nicanor Duarte Frutos desestimó la existencia de un descontento social que se pretende instalar desde la oposición como estrategia de campaña para desgastar al gobierno de Santiago Peña y a la Asociación Nacional Republicana (ANR), con miras a los comicios presidenciales del 2028.

“Dónde está la sintomatología de que estamos en una sociedad alarmada, con un malestar profundo, si no hay estremecimiento del cuerpo social, no hay una convulsión social, no existe un estado de agitación, que son los elementos sintomáticos de una sociedad políticamente en situación de gran malestar”, refirió el expresidente, este miércoles, en una visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.

Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se presentó por la mañana de este miércoles ante el Ministerio Público, que ordenó su imputación y pidió la prisión preventiva, pero se abstuvo de declarar. Está imputado al igual que otro extitular de la previsional, Jorge Brítez, y otros siete exfuncionarios por lesión de confianza.

Bataglia se encontraba de viaje en Italia al momento de librarse la imputación, el 4 de agosto pasado, en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de 61.000 millones de guaraníes por un presunto desvío de fondos en el que se habría beneficiado a la empresa Neighpart, a través de un contrato con adendas irregulares para instalar quirófanos en el Hospital Central.

Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional detuvieron a Sergio Francia Bernal (25), alias Bada, presumiblemente miembro del Primer Comando Capital (PCC), en un allanamiento llevado a cabo en la madrugada de este miércoles.

El procedimiento se registró en Mariano Roque Alonso, hasta donde llegó una comitiva fiscal-policial y allanó un domicilio ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia entre Jejuí y Lomas Valentinas de dicha ciudad, según reporte de la Policía Nacional.

Cerro Porteño está listo para volver al ruedo en el plano internacional. El “Ciclón”, que si bien arrancó a los tumbos el segundo semestre, ya está enfocado en hacer una nueva historia en Brasil.

El conjunto azulgrana enfrentará este miércoles al Palmeiras, desde las 19:00 en el Nubank Parque, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Las estadísticas están para romperse y Cerro Porteño intentará eliminar por primera vez en el historial a un equipo brasileño en la fase de Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El presidente de la República, Santiago Peña, a través del Decreto 6568/26 designó a Javier Eduardo Ramírez Valdez como ministro interino de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en reemplazo de Jacinto Santa María Ammatuna, quien ayer martes presentó su renuncia al cargo por “motivos particulares y de dignidad personal”.

Funcionario de la Senatur desde el 2007, Ramírez Valdez venía desempeñándose como director general de Gestión Turística de la misma institución. Anteriormente estuvo al frente de la Dirección General de Productos Turísticos y de la Dirección de Prestaciones Turísticas.

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.