Un hombre que abrió fuego el sábado frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente, indicó en un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato. El sábado pasado, poco después de las 18:00 (22:00 GMT), un hombre que estaba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca “sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar”. “La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento”, dijo Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de esa persona.

Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud. Ningún agente del Servicio Secreto resultó herido. “Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía un historial violento y parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país”, escribió Trump en su red social Truth Social horas después.

Varios medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, de 21 años. Según los reportes, el hombre, originario del estado de Maryland, próximo a Washington, tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones alrededor de la Casa Blanca.

La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, mientras tropas de la Guardia Nacional impidieron a un reportero de la AFP entrar en el área en el centro de Washington. “Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr”, relató a la AFP el turista canadiense Reid Adrian.

Los periodistas que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa. La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para redes sociales cuando estalló el tiroteo, y captó el ruido de los disparos mientras se tiraba al suelo. “Sonaron como decenas de disparos”, dijo en X.

El 25 de abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde Trump asistía a una gala con periodistas. El hombre nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento. En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja.

Unos meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida. “Gracias a Dios el presidente Trump está a salvo”, dijeron en X los republicanos de la Cámara de Representantes tras el tiroteo del sábado por la noche.

Trump ha citado preocupaciones de seguridad como uno de sus motivos para construir un salón de baile en la Casa Blanca, para lo cual ordenó demoler el ala este del histórico edificio tras asumir nuevamente el cargo el año pasado. El proyecto, de 400 millones de dólares y que se está construyendo, contará, según el mandatario, con seis pisos bajo el salón de baile altamente seguro y “a prueba de drones”, incluyendo un hospital militar subterráneo.

Fuente: AFP.

El presunto plan de ataque a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, dentro del Centro Penitenciario de Minga Guazú sigue teniendo derivaciones. Se conoció la separación de tres agentes penitenciarios sancionados, según confirmó el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, en comunicación con Radio Universo 970 y el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, a La Nación/Nación Media.

Maciel reiteró que la alarma se encendió al principio de este mes al detectarse comportamientos y movimientos inusuales dentro del área de máxima seguridad del centro penitenciario.

Los agentes apartados estaban asignados al módulo donde está la celda de Insfrán en el momento en que se detectaron las conductas irregulares. Para el viceministro Rubén Maciel, la arista más crítica del caso apunta a la complicidad interna.

Por su parte, el director de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña, aclaró que el presunto intento de atentado contra Tío Rico es una alegación de los defensores del citado.

Reiteró que los tres agentes fueron sometidos a sumarios y “sancionados con traslado que es una de las sanciones posibles” y, al mismo tiempo, “mejorar las condiciones de seguridad dentro de este pabellón de máxima seguridad”, en el que se encuentra Miguel Ángel Insfrán.

“Fueron trasladados al Penal Regional de Ciudad del Este tres funcionarios, en un proceso de reorganización y mejora operativa, coincidente con el fin de la intervención y el nombramiento de un nuevo director de la penitenciaría”, explicó Peña.

Con respecto al incidente donde supuestamente se quiso atacar a Tío Rico, el coronel Rubén Peña explicó que “el 11 de mayo pasado, 7 personas privadas de libertad, recluidas en el mismo módulo con Miguel Insfrán, lograron salir de sus celdas y se dirigieron hacia el sector donde está el señor Insfrán”. “Sin embargo él estaba en una comparecencia telemática a esa hora y su integridad nunca estuvo comprometida. Posteriormente se tomaron medidas administrativas contra las PPL que abandonaron sus celdas”, agregó Peña.

Este miércoles, una joven que fue baleada durante un asalto en la ciudad de Lambaré y que reconoció al presunto autor tras su detención, teme a que este sea liberado. La Fiscalía hasta el momento no tiene elementos que comprueben su participación en el hecho, solo el testimonio de la víctima.

Según Fiorela Figueredo, joven que fue herida de bala, la Policía Nacional logró detener al presunto autor del disparo, pero hasta el momento sigue detenido solo ante su insistencia. Denunció que la fiscal, Laura Cubilla, el mismo día de la detención ordenó la liberación de esta persona.

El detenido y acusado como presunto autor de los disparos es Ariel Huerta, de 30 años, quien fue reconocido por Figueredo como la persona que la siguió y disparó durante un asalto en la vía pública. El atraco quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad y piden que sean cotejadas.

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“Nos enteramos que la fiscal de turno Laura Cubilla ordenó la no retención del sujeto por falta de pruebas. Que más pruebas necesita que las heridas que tengo en la pierna. El tipo nos disparó como si fuese que nos quería matar, escuchamos tres disparos”, detalló Figueredo, en entrevista con canal Trece.

Explicó que todo ocurrió la noche del 16 de mayo en el barrio Mbachio mientras circulaban con su pareja en una motocicleta y fueron interceptados por otros motociclistas. Uno de ellos sin mediar palabras realizó disparos que dieron en la mujer y luego detuvieron la marcha, en ese momento el delincuente les apuntó y se llevó la moto.

“Ayer martes nos avisan que lograron capturar a esta persona que habría realizado los disparos, acudimos para reconocerle, pero la fiscal dijo que estaba de reposo y que no se le podía retener por falta de pruebas. Esto no puede quedar así”, puntualizó.

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Dos hombres identificados como Javier Martínez Ferreira y Guido Martínez Ferreira fueron trasladados a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Los sujetos están sindicados como presuntos sicarios al servicio de la organización criminal liderada por el prófugo Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

Antes de su traslado, los hermanos Martínez Ferreira permanecían recluidos en la Comisaría 1.ª de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú. El traslado al centro penitenciario de Alto Paraná se ejecutó mediante el cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una investigación abierta en su contra por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso.

En el mismo procedimiento de traslado, los agentes custodiaron la remisión de Ismael Emilio Gauto Barrios, de 35 años. Este tercer recluso enfrenta un proceso judicial independiente en el cual se lo investiga por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.

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La movilización de los internos requirió un estricto despliegue de las fuerzas de seguridad pública. El operativo civil y penitenciario contó con el apoyo directo de personal de la Dirección de Prevención y Seguridad, junto con fuerzas tácticas de élite pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Con respecto a la estructura criminal afectada, la captura del líder Felipe Acosta sigue figurando como una tarea pendiente para la Policía Nacional. No obstante, fuentes oficiales aseguran que los constantes operativos desplegados en las zonas de influencia de Canindeyú han logrado reducir la capacidad de acción de dicha banda.

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