Las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y arroyos continúan causando graves estragos en distintos puntos de Paraguay. En Ciudad del Este, al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, unas 60 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues y refugios temporales ante el avance del río Paraná. El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Cnel. Arsenio Zárate, explicó que la contingencia en Alto Paraná responde al aumento del caudal del río Iguazú y la crecida del Acaray. El masivo volumen de agua del Iguazú genera un represamiento sobre el Paraná, lo que dificulta el vertido de los arroyos internos y agrava los anegamientos en las zonas urbanas.

El impacto del temporal se extenderá progresivamente a otras localidades ribereñas como Cerrito, en Ñeembucú, Yabebyry, en Misiones, y Coronel Martínez, en Guairá. En Ayolas, donde los espacios disponibles ya se encuentran totalmente ocupados, las brigadas construyen viviendas provisorias a la espera de que el nivel del Paraná alcance su pico máximo para comenzar su paulatino descenso.

Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre. El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.

El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre. La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.

Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.

Agentes Especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Senad, liderados por el fiscal Fernando Escobar de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná - Unidad 2, interceptaron un tractocamión a la altura del km 3,5 de la ruta PY02, en Ciudad del Este, a pocos metros del Puente de la Amistad, cuando se dirigía a San Paulo, Brasil. Mediante un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad ya tenían la sospecha de que el rodado transportaba una carga ilícita, por lo que lo retuvieron y lo revisaron. Efectivamente, hallaron un cargamento de cocaína oculto en un doble fondo en el techo de la cabina.

Al mando del camión iba Leonice Esser Pereira, quien presentó un documento en el cual consignaba una carga de arroz. En total encontraron 235 paquetes que contenían 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban envueltos en cinta de embalaje transparente y llevaban la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil.

Un grupo de farmacéuticos y bioquímicos del Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una manifestación en la intersección de las calles Constitución y Herrera, en Asunción, frente a la Caja Central de la entidad. Los manifestantes se concentraron en el lugar a la espera de una audiencia con las máximas autoridades de la institución previsional.

El objetivo central de la movilización es entregar un petitorio formal que exige el fin de la precarización laboral y la actualización de sus ingresos. La medida de fuerza congrega a profesionales que, en numerosos casos, superan una década de antigüedad prestando servicios bajo el régimen de contratación temporal sin acceder a la estabilidad. Según la vocera del gremio, la Dra. María Arce, el sector está conformado por más de 1.200 profesionales, entre químicos, farmacéuticos y bioquímicos. De ese total, cerca del 50 % permanece en situación de contrato, lo que refleja la alta vulnerabilidad laboral en la que operan dentro del sistema de salud previsional.

El senador Gustavo Leite señaló que, a su criterio, el informe remitido al Senado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es insuficiente, y adelantó que su postura será solicitar el cambio total de los miembros del BCP y del superintendente de bancos. El legislador se refiere a la respuesta remitida por la entidad financiera sobre la supervisión regulatoria, los procesos de absorción o fusión bancaria y los límites crediticios en entidades de plaza.

“Necesitamos la certeza de que el Banco Central está trabajando afanosamente, rápidamente y con equidad para desterrar todos los temores existentes. Yo dije la semana pasada que si la respuesta del Banco Central era cantinflesca (confusa), tendría que pedir la remoción de sus miembros. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria que no responde a nada”, declaró este miércoles a los medios de prensa en el Senado.

El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a otros 10 acusados que deben preparar su defensa ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso Tía Chela sean ampliados a estafa y producción de documentos no auténticos. El aviso se dio durante el juicio que enfrenta Prieto por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal

Prieto está sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos. El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.

Organizaciones sociales y allegados a Daisy Paola Giménez Segovia se movilizarán mañana sábado a partir de las 17:00 en la Plaza de la Democracia, para exigir justicia por el feminicidio ocurrido en la noche del jueves en Lambaré.

La manifestación tiene el objetivo de repudiar el brutal asesinato y reclamar medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres.

Hasta octubre de 2026 el Ministerio Público registra 20 víctimas de feminicidio y 28 víctimas de tentativa de feminicidio en todo el país. Se abrieron 19 causas penales por estos delitos, además de registrarse un homicidio, 4 tentativas de homicidio a víctimas colaterales y 6 ataques de extrema gravedad

La Articulación Feminista del Paraguay convoca a la ciudadanía a una movilización por el feminicidio de Deisy Paola, para exigir justicia y respuestas efectivas frente a la violencia contra las mujeres.

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Este movimiento expresa solidaridad con su familia y sus seres queridos, rechazando la violencia feminicida, al tiempo de reclamar que las instituciones responsables actúen con diligencia para garantizar justicia, protección y prevención.

En un comunicado, explicaron que detrás de cada feminicidio hay una vida arrebatada, una familia destrozada, sueños interrumpidos “y nos preguntamos, ¿hasta cuándo?“.

Daisy Paola falleció trágicamente luego de recibir dos disparos de arma de fuego en la cabeza, en un hecho ocurrido en la noche del jueves, cuyo autor sería su expareja Aldo Alexis Duarte (26)

La autopsia realizada al cuerpo de la víctima de feminicidio en Lambaré, confirmó que la joven recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza, uno de los cuales le provocó lesiones mortales en el tallo encefálico.

La víctima contaba con una orden de restricción y denuncias previas por amenazas contra su expareja, quien es buscado por las autoridades.

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Vecinos de los barrios Lérida y Reducto de San Lorenzo se manifestaron este miércoles de mañana exigiendo la reubicación del campamento de una empresa adjudicada con la ampliación de la Ruta D027, que une las ciudades de San Lorenzo, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

Lugareños piden que se reubique el campamento debido a las complicaciones que afectan a los vecinos. Son aproximadamente 200 personas afectadas en su salud por la contaminación y en su tranquilidad por el ruido generado por la circulación constante de vehículos pesados.

“Desde comienzos de año se instaló esta empresa del Consorcio Victoria que fue adjudicada para la obra. Primero fue con la prefabricación de tubos para desagüe que necesita mucha maquinaria. Entonces, hay muchos camiones pesados, cisternas que entran y salen”, explicó Catalina Insfrán en diálogo con el programa Dos en la ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

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Añadió que a mediados de año instalaron su planta asfáltica. “Eso fue lo peor por la emisión de gases tóxicos, hollín, polvo que es imposible convivir en nuestra propia casa”, lamentó.

En julio, la planta asfáltica comenzó a operar sin permiso de la Municipalidad, por lo que la comuna les impidió realizar sus actividades momentáneamente. Pero los afectados solicitan que sea reubicada en un lugar aislado.

“Pedimos al gobierno central, a través del MOPC, que reubique en un lugar descampado. Esta planta estaba en medio de un vecindario”, manifestó la vecina.

Las actividades están pausadas parcialmente. Pero, la gente no se va a quedar contenta si no se reubica porque puede estar dentro de los barrios muy poblados, aclaró la vocera.

“No vamos a cansarnos, vamos a seguir con la lucha”, advirtió Insfrán.

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Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña. En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP. “Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta. El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual. Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30 % de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos. Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil. Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses. Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad. “Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

Fuente: AFP.