Un hombre que se encontraba preso en la Agrupación Especializada fue trasladado el último martes a la Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Rehabilitación Social (Cereso) por supuestamente delatar un presunto plan de fuga de integrantes del clan Rotela.
Se trata de Ignacio Ramón Rodas Galeano, presunto integrante del grupo delictivo Primer Comando Capital (PCC), que ya está en el sur del país y cuya ida se había realizado como medida preventiva. El interno ya habría colaborado con autoridades sobre otro plan de fuga en el 2022. Esto habría generado que su familia sufra represalias.
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El hombre cumple una condena por homicidio y el traslado se habría hecho ante amenazas contra su integridad. Igualmente, la Policía Nacional cuenta con otros pedidos de traslado de internos que se encuentran recluidos en la Agrupación Especializada, ya que este sitio no tendría la infraestructura para funcionar como una cárcel.
“Estaba recluido en la Agrupación Especializada junto a otras personas. El comandante de la Policía pidió sacar a las personas de ahí porque no es un centro de reclusión. Se dio la directiva para asegurar la integridad física de esta persona”, expresó el ministro de Justicia, Daniel Benítez, en contacto con 1000 AM.
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Venezuela: cientos de presos toman una cárcel para denunciar “torturas”
Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.
Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.
Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.
Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.
En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.
Fuente: AFP.
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Cárcel de Minga Guazú: integrantes del PCC intentaron atentar contra “Tío Rico”
El Ministerio de Justicia informó este jueves que un grupo de hombres intentó atentar contra Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” en la penitenciaría de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.
Se presume que estas personas formarían parte del Primer Comando Capital (PCC) y tuvieron colaboración de agentes penitenciarios.
Según Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, un grupo integrado por siete internos, que fueron identificados y formarían parte del PCC, llegaron hasta la celda Tío Rico. En ese momento, el recluso no se encontraba en el sitio porque estaba en una audiencia telemática.
“El 11 de mayo se detectaron movimientos por parte de un grupo de PPL, lo cual nos generó alerta. En ese momento, no se puso en riesgo la vida del interno que era el objetivo, pero se hicieron sumarios disciplinarios, traslados y otros trabajos”, expresó Maciel, en entrevista con “Tarde de Perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.
Refirió que se trató de algún intento de vulnerar su integridad física de alias Tío Rico y que actualmente se están investigando el caso.
“Toda la información recolectada ya fue comunicada al Tribunal de Sentencia, estuvieron vinculadas unas siete personas que asumimos, querían atentar contra la vida de Insfrán, es lo que podemos inferir”, señaló.
Agregó que también se tendrían información de que habrían participado en el hecho tres funcionarios penitenciarios. “Estos que se encargaban de vigilar el sector donde está la celda de Insfrán. Estos ya fueron apartados de su cargo”, puntualizó.
Miguel Insfrán está siendo investigado por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Su estructura fue desmantelada en el operativo A Ultranza PY, considerado el mayor procedimiento contra el narcotráfico. Se lo sindica como uno de los socios del uruguayo Sebastián Marset.
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Condenan a 27 años de cárcel a un hombre por abusar de su hijastra
Un tribunal de sentencia condenó a 27 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. La víctima fue su hijastra, quien sufrió los abusos desde los cuatro años de edad en Asunción. El agente fiscal, Marcial Machado, representó al Ministerio Público y arrimó todos los elementos probatorios para lograr la sentencia condenatoria.
El colegiado, presidido por la magistrada Rossana Maldonado, argumentó que durante el desarrollo del juicio oral y público se produjeron pruebas testimoniales, documentales y periciales. Estas demostraron con total certeza la participación del acusado en la comisión del hecho punible. En consecuencia, los jueces decidieron aplicar la pena de 27 años de prisión.
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Asimismo, los magistrados mencionaron que la Fiscalía logró acreditar que el acusado abusó de su hijastra de manera sistemática y continua desde que ella tenía cuatro años, incluyendo el coito en todas sus modalidades. Dichos hechos tuvieron lugar en el interior de la vivienda donde residía la víctima con su madre, el agresor y sus hermanos menores de edad.
En sus alegatos finales, el fiscal interviniente sostuvo que los abusos también ocurrieron posteriormente en otros lugares fuera del domicilio, específicamente en moteles mencionados por la víctima, entre los años 2013 y 2017.Ahora, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial. En caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde confirmar la sentencia.
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Trasladan a Ciudad del Este a presuntos sicarios del clan de “Macho”
Dos hombres identificados como Javier Martínez Ferreira y Guido Martínez Ferreira fueron trasladados a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Los sujetos están sindicados como presuntos sicarios al servicio de la organización criminal liderada por el prófugo Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
Antes de su traslado, los hermanos Martínez Ferreira permanecían recluidos en la Comisaría 1.ª de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú. El traslado al centro penitenciario de Alto Paraná se ejecutó mediante el cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una investigación abierta en su contra por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso.
En el mismo procedimiento de traslado, los agentes custodiaron la remisión de Ismael Emilio Gauto Barrios, de 35 años. Este tercer recluso enfrenta un proceso judicial independiente en el cual se lo investiga por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.
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La movilización de los internos requirió un estricto despliegue de las fuerzas de seguridad pública. El operativo civil y penitenciario contó con el apoyo directo de personal de la Dirección de Prevención y Seguridad, junto con fuerzas tácticas de élite pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO).
Con respecto a la estructura criminal afectada, la captura del líder Felipe Acosta sigue figurando como una tarea pendiente para la Policía Nacional. No obstante, fuentes oficiales aseguran que los constantes operativos desplegados en las zonas de influencia de Canindeyú han logrado reducir la capacidad de acción de dicha banda.
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