Un hombre que se encontraba preso en la Agrupación Especializada fue trasladado el último martes a la Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Rehabilitación Social (Cereso) por supuestamente delatar un presunto plan de fuga de integrantes del clan Rotela.
Se trata de Ignacio Ramón Rodas Galeano, presunto integrante del grupo delictivo Primer Comando Capital (PCC), que ya está en el sur del país y cuya ida se había realizado como medida preventiva. El interno ya habría colaborado con autoridades sobre otro plan de fuga en el 2022. Esto habría generado que su familia sufra represalias.
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El hombre cumple una condena por homicidio y el traslado se habría hecho ante amenazas contra su integridad. Igualmente, la Policía Nacional cuenta con otros pedidos de traslado de internos que se encuentran recluidos en la Agrupación Especializada, ya que este sitio no tendría la infraestructura para funcionar como una cárcel.
“Estaba recluido en la Agrupación Especializada junto a otras personas. El comandante de la Policía pidió sacar a las personas de ahí porque no es un centro de reclusión. Se dio la directiva para asegurar la integridad física de esta persona”, expresó el ministro de Justicia, Daniel Benítez, en contacto con 1000 AM.
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Condenan a 40 años de cárcel a sicarios que asesinaron a hija de exgobernador de Amambay
Un Tribunal de Sentencia condenó a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, totalizando así 40 años de pena privativa de libertad, a Julio César Centurión Cantaluppi y Diego Alexi Vázquez Martínez, por el cuádruple homicidio ocurrido en octubre de 2021 en Pedro Juan Caballero, donde también fue asesinada Haylee Acevedo, hija del exgobernador de Amambay, Ronald Acevedo.
Asimismo, fue sentenciado a 23 años de cárcel más 6 de medidas de seguridad, sumando un total de 29 años, Derlis Javier López Arce. Los dos primeros fueron encontrados culpables de ejecutar, junto con Edson Vargas (actualmente prófugo), el ataque en el que murieron Haylee Acevedo, su pareja -el presunto narcotraficante Osmar Vicente Álvarez, alias “Bebeto”- y las estudiantes de Medicina Rhannye Jamilly Borges de Oliveira y Kaline Reinoso de Oliveira.
El terrible suceso se registró el 9 de octubre de 2021 y, según el fallo de primera instancia, estuvo relacionado con una disputa de territorio para el tráfico de drogas entre el grupo de Marcio Ariel Sánchez, alias “Aguacate” y “Bebeto”. El colegiado encontró culpables a los procesados por homicidio doloso, asociación criminal, detentación ilegal de armas y lesión grave, esta última respecto a tres víctimas colaterales.
Durante el ataque se realizaron más de 100 disparos con armas largas que también alcanzaron a Bruno Elías Pereira Sánchez, Iris Esiely Molinari Villasboa y a la brasileña Rhafaelli Alves do Nascimento, quienes resultaron heridos.
Los jueces de sentencia Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuck tuvieron en cuenta imágenes de circuito cerrado y declaraciones de agentes policiales. Las grabaciones muestran a las víctimas dentro del vehículo en el momento en que fueron atacadas. El Tribunal concluyó que los condenados formaban parte de la estructura criminal de “Aguacate”, cuyo objetivo incluía la ejecución de personas por encargo (sicariato).
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La hija de Bill Gates queda bajo fuego por un supuesto fraude que podría terminar en prisión
La hija de uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo quedó en el centro de un escándalo que amenaza con convertirse en un serio problema judicial, informó este jueves la agencia RT. Phoebe Gates, hija de Bill Gates, enfrenta cuestionamientos por el funcionamiento de Phia, la startup de compras digitales que cofundó y que habría utilizado mecanismos para atribuirse ventas que, según las acusaciones, no había generado.
El caso cobró una nueva dimensión después de que una investigación de Bloomberg señalara que Gates y su socia, Sophia Kianni, aparentemente conocían desde hacía varios meses determinadas funciones del software que permitían colocar automáticamente cookies de seguimiento y reclamar comisiones por operaciones realizadas en internet.
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Phia funciona como un asistente digital de compras y dispone de una extensión para navegadores que ayuda a los usuarios a encontrar descuentos y cupones. Su modelo de negocios contempla recibir una comisión cuando una compra es atribuida a la plataforma. El problema surge cuando esa atribución se produce aunque Phia no haya generado realmente la venta.
La práctica cuestionada es conocida como “cookie stuffing”, una técnica mediante la cual se introducen cookies de afiliación en el navegador para hacer aparecer a una determinada plataforma como responsable de una compra. De esta manera, puede terminar cobrando una comisión correspondiente a una venta que en realidad fue impulsada por otro canal.
“El problema”
Lo que inicialmente fue presentado por la empresa como un problema detectado recientemente tomó otro cariz con las nuevas revelaciones. De acuerdo con los reportes citados, comunicaciones internas y elementos del código de Phia indicarían que determinadas funciones destinadas a colocar automáticamente esas cookies estaban en discusión desde diciembre de 2025.
El escándalo también golpeó las cifras del negocio. Tras desactivar las funciones cuestionadas en julio, los ingresos diarios promedio de Phia habrían caído desde aproximadamente USD 80.000 hasta un rango de entre USD 10.000 y USD 28.000, aunque la compañía sostiene que la caída también obedeció a la suspensión de otras herramientas de monetización y cuestiona parte de las conclusiones sobre el impacto del mecanismo.
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La dimensión legal es la que ahora genera mayor preocupación. El abogado Ariel Givner advirtió que una conducta de este tipo puede ser considerada en Estados Unidos como fraude electrónico federal, delito cuya legislación contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de posibles multas y restituciones.
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Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.
Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.
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Caen dos presuntos proveedores del clan Rotela e incautan 3 kilos de cocaína
Dos jóvenes que estarían vinculados con el clan Rotela fueron detenidos por agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en zona de Campo Grande, Luque, cuando transportaban tres paquetes con más de 3 kilos de cocaína.
Los aprehendidos fueron identificados como Adán Erico Caballero Cubilla (18) y Jesús Daniel Amarilla Vergara (19), el primero con antecedentes por robo. Los mismos son sindicados como parte de la red dedicada al abastecimiento y distribución de drogas entre los distritos de Luque y Limpio.
El procedimiento se llevó a cabo cuando se desplazaban como pasajeros en un vehículo de plataforma, cuya conductora no tendría vinculación con el hecho, debido a que desconocía lo que transportaban los jóvenes y solo había tomado el pedido hecho a través de la plataforma.
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De acuerdo con el reporte de la Secretaría Nacional Antidrogas, los paquetes incautados equivalen a más de 6.000 dosis de cocaína que iban a ingresar al circuito del microtráfico para la comercialización.
“Las investigaciones indican que los aprehendidos integrarían una célula dedicada al abastecimiento de cocaína para fortalecer las operaciones del microtráfico en la zona”, informó la institución en redes sociales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Sumar
Estas acciones se dan en el marco del plan Sumar, donde la Senad lleva adelante varios operativos en diversos puntos del país para desbaratar redes dedicadas al microtráfico, que destruyen comunidades y atrapa a jóvenes en el consumo de drogas.
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