La fiscal Irma Llano señaló este miércoles que el “hombre de las mil voces” es una persona muy inteligente, tiene conocimiento en informática y cuenta con la capacidad de imitar la voz de una mujer fácilmente para estafar a las personas desde la cárcel. El sujeto será convocado a una declaración indagatoria.
“Estamos hablando de una persona que tiene conocimiento de informática, tiene la habilidad de poder asumir diferentes personalidades, va cambiando de voz. Su trabajo es ver cómo estafar a la gente desde la cárcel”, manifestó la fiscal en comunicación con la radio 1080 AM.
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Sostuvo que el martes ella recibió 23 denuncias por estafa y todas las víctimas son clientes de un banco de plaza e instó a las personas a no proporcionar las claves de acceso o transacciones. Instó también a la gente a no creer en las promociones ofrecidas, donde generalmente se piden datos confidenciales.
Llano indicó que “el hombre de las mil voces” forma parte de un esquema dedicado a realizar millonarias estafas desde las cárceles del país. El detenido fue identificado como Charles Arthur David Martínez Camera y está recluido en la cárcel de Encarnación.
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“Esto nos lleva a una situación, tenemos funcionarios corruptos porque no puede ser que desde la cárcel puedan seguir estafando. También tenemos una sociedad corrupta porque alguien de afuera retira el dinero. Es una persona que hace años se dedica al rubro de hacer estafas desde la cárcel”, agregó.
La fiscal indicó que Charles estaría vinculado a multimillonarias estafas y que solamente a una persona le habría vaciado unos G. 1.000 millones de su cuenta bancaria. El modus operandi del sujeto era a través de llamadas telefónicas desde su lugar de reclusión.
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Instan a denunciar casos de estafas por aplicaciones
Tras el aumento de denuncias de estafas debido a la vulneración de teléfonos celulares, la Policía Nacional activó un operativo de investigación y se logró dar con parte de un grupo delictivo que se encontraba detrás de muchos de estos casos.
En conversación con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, explicó que durante el operativo realizado por esta división se logró detener a dos personas que eran trabajadores de una telefonía, una de estas era encargada del bloqueo y habilitación de líneas, mientras que la otra se encargaba de la promoción y ventas, aprovechando así su acceso privilegiado a las informaciones.
“Esta investigación e intervención se dio gracias a varias denuncias, inclusive públicas que se realizaron. Si bien nosotros estábamos recibiendo algunos datos de la trazabilidad de dónde enviaban el dinero, no teníamos esa información principal de cómo lo hacían, entonces fue muy oportuna la denuncia de la compañía telefónica y se debe destacar esa acción porque no muchas empresas denuncian a sus propios empleados”, remarcó el comisario Alarcón.
DENUNCIAR A TIEMPO
Por otro lado, el jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional remarcó que es clave que las personas entiendan que ahora no solo se habla de la seguridad física, sino también de la seguridad digital, dándole cada vez más valor a los datos que proveemos o los que contamos en las diferentes aplicaciones que utilizamos todos los días.
“Lo más importante es la denuncia oportuna tanto en los casos de extorsión, amenaza o el vaciamiento de tu cuenta bancaria, lo fundamental es que nosotros podamos denunciar porque toda la actividad que se da en esta red de internet es trazable, ya que si bien los delincuentes muchas veces buscan ocultar esos datos a través de diferentes técnicas, siempre es trazable, pero es importante tener la denuncia lo antes posible”, subrayó el comisario.
En la misma tesitura recordó a la ciudadanía que mientras que la Policía no cuente con una denuncia formal no pueden iniciar ningún tipo de procedimiento investigativo ni penal a pesar de que tengan conocimientos de los casos a través de redes sociales como se dieron en algunos casos, ya que debido a que se trata de datos personales debe estar avalado el procedimiento por la víctima.
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Instan a la ciudadanía a denunciar casos de estafas a través de aplicaciones
Tras el aumento de denuncias de estafas debido a la vulneración de teléfonos celulares, la Policía Nacional activó un operativo de investigación y se logró dar con parte de un grupo delictivo que se encontraba detrás de muchos de estos casos.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional explicó que durante el operativo realizado por esta división se logró detener a dos personas que eran trabajadores de una telefonía, una de estas era encargada del bloqueo y habilitación de líneas, mientras que la otra se encargaba de la promoción y ventas, aprovechando así su acceso privilegiado a las informaciones.
“Esta investigación e intervención se dio gracias a varias denuncias, inclusive públicas que se realizaron. Si bien nosotros estábamos recibiendo algunos datos de la trazabilidad de donde enviaban el dinero no teníamos esa información principal de cómo lo hacían, entonces fue muy oportuna la denuncia de la compañía telefónica y se debe destacar esa acción porque no muchas empresas denuncian a sus propios empleados”, remarcó el comisario Alarcón.
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Denunciar a tiempo
Por otro lado, el jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional remarcó que es clave que las personas entiendan que ahora no solo se habla de la seguridad física sino también de la seguridad digital, dándole cada vez más valor a los datos que proveemos o los que contamos en las diferentes aplicaciones que utilizamos todos los días.
“Lo más importante es la denuncia oportuna tanto en los casos de extorsión, amenaza o el vaciamiento de tu cuenta bancaria, lo fundamental es que nosotros podamos denunciar porque toda la actividad que se da en esta red de internet es trazable, ya que si bien los delincuentes muchas veces buscan ocultar esos datos a través de diferentes técnicas siempre es trazable, pero es importante tener la denuncia lo antes posible”, subrayó el comisario.
En la misma tesitura recordó a la ciudadanía que mientras que la Policía no cuente con una denuncia formal no pueden iniciar ningún tipo de procedimiento investigativo ni penal a pesar de que tengan conocimientos de los casos a través de redes sociales como se dieron en algunos casos, ya que debido a que se trata de datos personales debe estar avalado el procedimiento por la víctima.
La cárcel es una universidad
En cuanto a las diferentes maneras de vulnerar los datos que se ven actualmente, Alarcón remarcó que antes se daban más denuncias manifestando que se enviaban correos para acceder a links o se hacían pasar por operadoras o entidades bancarias para acceder a datos sensibles, ahora la manera que más se utiliza es accediendo a través de las aplicaciones a las informaciones sensibles como correos o claves.
Comentó además que en mucho de los esquemas de trabajos delictivos se dieron cuenta que existen criminales que activan desde al menos tres penitenciarias del país, pero que a su vez cuentan con apoyo externo ya sea de funcionarios de telefonías como de familiares a la hora de distribuir o efectivizar el dinero que roban de las cuentas.
“Nosotros tenemos un problema y es que se ha creado una universidad de este tipo de hechos punibles en las penitenciarias, son gente que maneja toda esta modalidad y nos damos cuenta de que es porque tienen información privilegiada de los clientes a través de los propios funcionarios de las telefonías inclusive”, finalizó.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
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El Sistema 911 recibió 1.300 llamadas de no emergencia
Durante la jornada del sábado la Policía Nacional recibió más de 1.300 llamadas de no emergencia, que ingresaron mediante el Sistema 911. El mayor número fue de personas que llaman y no contestan, le sigue el de aquellas que aparentemente presentaban problemas mentales y niños jugando.
Según el reporte dado desde la institución, recibieron un total de 1.722 llamadas al sistema, pero de este número 1.297 fueron de no emergencias, 999 fueron de personas que llaman y no contestan; 97 fueron de personas con inestabilidad mental.
En tanto que, 67 personas llamaron para pedir algún tipo de información y como siempre no pudieron faltar las llamadas de niños jugando, con un total de 55. Así también, hubo 40 llamadas operativas y 35 fueron de gente que contactaron, pero por equivocación. Dos de las llamadas fueron obscenas y cuatro de mensajería.
Ese mismo día, dieron a conocer que recibieron un total de 425 llamadas de emergencias reales, siendo el mayor número de denuncias por polución sonora, llegando a 174 contactos, todos los casos fueron intervenidos por agentes de la Policía ese mismo día.
La lista de llamadas de emergencias reales sigue con 112 contactos por violencia intrafamiliar; 96 llamadas por perturbación a la paz pública. Así también, 24 llamadas para denunciar casos de robos y 19 por accidentes de tránsitos registrados en la fecha.
De acuerdo a la Ley n.º 4739, en su artículo 13, estipula: “Queda prohibido el uso del Sistema 911 para llamadas con fines distintos a aquellos establecidos entre sus funciones y de situaciones de falsas emergencias que obliguen a incurrir en gastos innecesarios al Sistema y a las instituciones que lo integran”.
El director del Sistema practicará las denuncias penales y las actuaciones administrativas correspondientes cuando se incurriere en una violación a la prohibición establecida en este artículo. El que solicite los servicios del Sistema 911, actuando con falsedad o denunciando hechos inexistentes, tendrá una pena privativa de libertad de hasta 5 (cinco) años o multa.