La Policía Nacional y la Fiscalía buscan a una joven de 21 años que se encuentra desaparecida desde el 31 de enero pasado, según informe de la Comisaría 3ª del barrio Obrero de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.
La mujer responde al nombre de Fátima Noelia Ramírez Colmán, paraguaya, soltera, de 21 años, de cutis blanco, cabello largo de color negro, características brindadas por el fiscal Osvaldo Zaracho, quien tomó intervención en el caso y ordenó la búsqueda y localización de la citada.
La denuncia fue realizada por la madre Irma Colmán de Ramírez, quien expresó que la joven vivía con su novio identificado como Jorge Portillo Cardozo, en el barrio Obrero. Fue vista por última vez cuando iba a una peluquería ubicada sobre la calle 1° de Mayo de dicha ciudad.
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Igualmente, ayer se presentó en sede policial un hombre llamado Miguel Ángel Brítez, quien hizo entrega de un teléfono celular perteneciente a la desaparecida. Manifestó que el 31 de enero, a las 19:30, había recogido a Fátima Noelia de la peluquería en cuestión y se dirigieron a un casino.
Según manifestó, fueron hasta la casa del hombre en Presidente Franco, donde cenaron e ingirieron bebidas alcohólicas. Luego, supuestamente, la joven salió en un vehículo al servicio de la plataforma de transporte para buscar más bebidas, dejando su celular cargado en su vivienda; luego, ya no regresó, por lo que sus familiares piden información sobre su paradero.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.
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Sistema 911 registra 80 % de llamadas de no emergencia
Este sábado, la Policía Nacional informó que el Sistema 911 recibió más de 4.800 llamadas en la jornada anterior y que el 80 % fue de no emergencia, retrasando la ayuda a las personas que realmente necesitan. Un total de 2.933 personas llamaron, pero no contestaron a las operadoras.
Según el reporte de la institución, el sistema policial recibió ayer viernes un total de 4.856 llamadas, aunque de este número 3.829 fueron de no emergencias. Situación que retrasa la asistencia a las personas que necesitan como los casos de violencias familiar.
El desglose de llamadas muestra que 2.933 contactos fueron de personas que ingresan al sistema de emergencia y no contestan; de este número, 2.055 llaman y cortan de inmediato; 481 contactan, pero seguidamente quedan en silencio y 397 ingresan al sistema involuntariamente.
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En tanto que 221 personas llamaron para pedir información, 205 fueron ciudadanos en aparente estado de inestabilidad metal, 205 llamadas equivocadas, 181 contactos fueron de niños jugando, 42 juzgamiento inadecuado, 32 operativas, 5 mensajerías, insultos fueron 4 llamadas y uno fue por dispositivo automático.
El informe también señala que 1.021 contactos fueron por personas que realmente requirieron asistencia: 152 por violencia familiar, 147 por polución sonora, 126 perturbación a la paz pública, 91 accidentes de tránsitos, 75 fueron pedidos de auxilio y 437 por otros códigos.
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Gobierno activa la Operación Responsum con 4.500 efectivos contra el crimen organizado
Autoridades de organismos de seguridad del Estado presentaron la “Operación Responsum”, con acciones estratégicas y coordinadas que estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, para fortalecer la prevención, la inteligencia, investigación y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.
Dicho operativo fue presentado durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro del Interior, Enrique Riera, junto a su par de Defensa Nacional, Oscar González; además de viceministros y autoridades militares y policiales.
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El ministro Riera señaló que este plan es una respuesta concreta del Estado al crimen organizado, con la capacidad y potencia de un Estado organizado, poniendo todo el poder y fuerza, tal como instruyó el presidente Santiago Peña.
Mencionó que las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, integran fuerzas combinadas a lo largo y ancho del país, con fuerzas de élite y poder de fuego suficiente, para responder a los desafíos que hoy vivimos. Estiman la participación de unos 4.500 efectivos.
Trabajo conjunto
Por su parte, el ministro de Defensa Nacional Oscar González, explicó que la presencia de las autoridades de las instituciones a cargo es para demostrar el trabajo conjunto de policías y militares en bien de la seguridad de la ciudadanía, respetando la doctrina de empleo, la naturaleza de las Fuerzas Armadas de la Nación y la misión constitucional de la Policía Nacional.
Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para enfrentar al crimen organizado, que dispone de armamentos de guerra, un entrenamiento seudo militar y el afán de ponerse por encima de la facultad soberana del Estado paraguayo.
Puntualizó que en estos casos, las Fuerzas Armadas van a trabajar conjunta, coordinada, y respetuosamente con la Policía Nacional, teniendo como objetivo la seguridad de la ciudadanía, que merece vivir en paz y tranquilidad, para que pueda garantizar su bienestar y progreso.
La “Operación Responsum” contempla la reorganización de las capacidades tácticas y de inteligencia, con despliegue focalizado en zonas estratégicas, para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.
Indicó que es una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, proteger a la población y preservar el orden público mediante una actuación articulada y sostenida. Asimismo, es para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.
Como parte de esta política de fortalecimiento institucional, la Policía Nacional avanza también en la creación de las Agrupaciones de Acciones Tácticas Departamentales, una nueva estructura especializada destinada a brindar apoyo táctico en todo el territorio nacional y consolidar una respuesta más rápida, coordinada y eficiente en favor de la seguridad de la ciudadanía.
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