La Policía Nacional y la Fiscalía buscan a una joven de 21 años que se encuentra desaparecida desde el 31 de enero pasado, según informe de la Comisaría 3ª del barrio Obrero de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.
La mujer responde al nombre de Fátima Noelia Ramírez Colmán, paraguaya, soltera, de 21 años, de cutis blanco, cabello largo de color negro, características brindadas por el fiscal Osvaldo Zaracho, quien tomó intervención en el caso y ordenó la búsqueda y localización de la citada.
La denuncia fue realizada por la madre Irma Colmán de Ramírez, quien expresó que la joven vivía con su novio identificado como Jorge Portillo Cardozo, en el barrio Obrero. Fue vista por última vez cuando iba a una peluquería ubicada sobre la calle 1° de Mayo de dicha ciudad.
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Igualmente, ayer se presentó en sede policial un hombre llamado Miguel Ángel Brítez, quien hizo entrega de un teléfono celular perteneciente a la desaparecida. Manifestó que el 31 de enero, a las 19:30, había recogido a Fátima Noelia de la peluquería en cuestión y se dirigieron a un casino.
Según manifestó, fueron hasta la casa del hombre en Presidente Franco, donde cenaron e ingirieron bebidas alcohólicas. Luego, supuestamente, la joven salió en un vehículo al servicio de la plataforma de transporte para buscar más bebidas, dejando su celular cargado en su vivienda; luego, ya no regresó, por lo que sus familiares piden información sobre su paradero.
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Madre e hijo murieron antes del incendio, revela autopsia
La autopsia practicada a la mujer y su hijo de 12 años, hallados muertos el domingo tras un incendio en la vivienda en la que residían en la colonia Tupa Rendá del distrito de Abaí, departamento de Caazapá, confirmaron que ya habían fallecido antes del siniestro. El fuego habría sido originado presuntamente por la expareja de la víctima, Ángel Roberto Lugo Sánchez (32).
Así lo informó el titular de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir. El profesional mencionó que los cuerpos se encontraban calcinados.
Explicó que la autopsia descubrió que la mujer falleció debido a un “degüello homicida efectuado con un cuchillo liso” que afectó ambos paquetes vásculonerviosos, en tanto que, la muerte del niño se produjo como “consecuencia de un estrangulamiento producido con un cable eléctrico”.
En cuanto al último, el médico forense señaló que una vez muerto, y debido al fuego, la parte plástica que envuelve el cable se derritió, quedando expuesto solo el material metálico que se encuentra en el interior del componente eléctrico.
El principal detenido fue imputado por la fiscal Lisa Baeza por feminicidio y homicidio doloso debido a su presunta implicancia en el fallecimiento de su expareja, Vilma Rosana Cabello (38) y del hijo de esta, Leandro Alves Martínez.
La agente fiscal pidió la prisión preventiva del imputado, ya que los resultados de la autopsia fortalecen la “hipótesis de que el imputado ocasionó el siniestro para eliminar las evidencias que pudieran existir luego de que perpetró el feminicidio de su expareja de 38 años y el homicidio del niño de 12 años”, indica la publicación de la Fiscalía
El juez Carlos Flores admitió la imputación e hizo lugar al pedido realizado por el Ministerio Público.
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Fiscalía acusó y pidió juicio oral para presunto líder de invasión a Agroganadera Pindó
El Ministerio Público formuló acusación contra Jorge Mercado Méndez y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, en el marco de la investigación por la ocupación ilegal de los inmuebles pertenecientes a Agroganadera Pindó S.A., ubicados en el departamento de Canindeyú. La acusación fue presentada por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray.
La acusación relata que Jorge Mercado Méndez fue individualizado durante la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, por la presunta comisión, en carácter de autor, de los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal, en relación con el arma de fuego incautada durante su detención.
Uno de los aspectos centrales de la acusación es que la intervención atribuida a Jorge Mercado Méndez no se limita a su presencia dentro del inmueble ocupado. Los informes policiales incorporados a la investigación lo individualizan como uno de los dirigentes de la organización instalada en el lugar y le atribuyen funciones de dirección y liderazgo dentro del asentamiento Joaju – Primero de Marzo.
La investigación describe la existencia de una estructura organizada dentro de los asentamientos, con dirigentes identificados, grupos de vigilancia, sistemas de comunicación y mecanismos de control de los accesos. El relevamiento policial remitido al Ministerio Público el 29 de septiembre de 2025 registró aproximadamente 450 viviendas dentro de los asentamientos y documentó la existencia de mecanismos organizados de vigilancia y control territorial.
Los antecedentes de la causa se remontan a las denuncias formuladas por Agroganadera Pindó S.A. a raíz de la ocupación ilegal de sus propiedades. Luego de los procedimientos de expulsión realizados en 2013, se produjo el reingreso de ocupantes y la posterior consolidación de asentamientos permanentes dentro de las fincas.
Del mismo modo, Méndez ya había sido imputado en el año 2021 y posteriormente declarado rebelde, disponiéndose su captura. Finalmente, el 11 de febrero de 2026, fue detenido por personal de Inteligencia de la Policía Nacional en el distrito de Laurel, departamento de Canindeyú. Durante ese procedimiento se incautó una pistola marca Canik, calibre 9 x 19 mm, con cargador y dieciséis cartuchos, evidencia posteriormente sometida a estudios técnicos de Criminalística.
Querella adhesiva
Paralelamente al requerimiento conclusivo del Ministerio Público, Agroganadera Pindó S.A., en su condición de víctima, presentó formalmente su acusación a través de su querella adhesiva, adhiriéndose a la pretensión de llevar a Jorge Mercado Méndez ante un Tribunal de Sentencia.
La acusación de la víctima sostiene que los elementos reunidos durante la investigación permiten someter a debate oral la participación atribuida al acusado en la ocupación organizada de los inmuebles, su presunto rol dirigencial dentro de la estructura asentada en el lugar y el hecho relacionado con el arma de fuego incautada. La empresa continuará ejerciendo sus derechos como víctima dentro del marco de la Constitución y las leyes de la República, confiando en que las instituciones competentes permitan el esclarecimiento integral de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan.
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Investigan falsificación de medicamento para adelgazar tras hallar laboratorio clandestino en CDE
Este miércoles, se realizó un allanamiento en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, donde encontraron un presunto laboratorio clandestino en el que falsificaban Trizepatida, medicamento usado para adelgazar. Se logró incautar cerca de 300 cajas del producto, ampollas y otros medicamentos.
Según el reporte policial, el procedimiento se realizó cerca de las 5:30 de hoy, en el barrio Boquerón II de Ciudad del Este, donde encontraron lo que sería un laboratorio clandestino. En el sitio fueron detenidos dos ciudadanos brasileños y se decomisaron 248 cajas de medicamentos, además de otras evidencias.
El fiscal Osvaldo Zaracho, de la Unidad Especializada n.º 3 en persecución de hechos contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando, abrió una investigación por presunta violación de derechos de marcas, luego de que se encontró un supuesto laboratorio clandestino de producción de Tirzepatida.
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Las autoridades paraguayas recibieron una denuncia del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional de sus pares de Brasil en el que reportaba sobre la presencia en el inmueble de dos ciudadanos brasileños con órdenes de captura vigentes en el vecino país.
“Fueron detenidos Roberto Carlos Pereira de Carvalho y Jefferson Oliveira Dos Santos, ambos son requeridos por supuestos hechos de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero, falsificación de medicamentos y porte ilegal de arma de fuego”, expresó el fiscal.
Durante el allanamiento fueron incautados 248 cajas de Tirzepatida presumiblemente falsificadas, una gran cantidad de ampollas del mismo producto y productos farmacéuticos, cuya autorización, procedencia, composición y autenticidad deberán determinarse mediante las pericias correspondientes.
Así también, incautaron varios vehículos: una camioneta BMW, un automóvil Subaru, un Ford Mustang y una motocicleta Honda Scooter. Además, de ocho teléfonos celulares, dinero en dólares, una computadora portátil, una tablet, documentos varios, dos cajas de seguridad y un DVR del sistema de circuito cerrado.
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Investigan presunto robo y venta ilegal de medicamentos del IPS en albergues
La Fiscalía y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) iniciaron con la investigación de lo que sería el presunto robo y luego venta ilegal de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los albergues de la previsional. Esto, a raíz de las denuncias recibidas por algunos pacientes, que derivó en la intervención de los sitios en cuestión.
Según el reporte de la fiscal Hermenegilda Cubilla, se realizó el allanamiento de dos albergues de IPS, donde se incautaron de varias cajas llenas de medicamentos que serían ofrecidos a la venta y que son entregados de forma gratuita en la previsional, Ministerio de Salud y el Hospital de Clínicas.
El primer sitio intervenido fue el albergue 1 de UTI, donde familiares encontraron más de 20 cajas de medicamentos. En el lugar fue detenida una mujer identificada como Dolores Angélica Burgos de García, de 42 años, quien se hace decir cuidadora y que indicó que todos los fármacos fueron donados. En su poder se hallaron dinero, y en un dormitorio encontraron más cajas de medicamentos.
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“En el albergue de UTI 2 encontramos más medicamentos, de ahí se extrajeron dos cajas, pero familiares no permitieron que se pudieran sacar más cajas que tenían las inscripciones del Ministerio de Salud, IPS y Hospital de Clínicas. Había algunos productos vencidos y otros de administración controlada, todos almacenados sin refrigeración” dijo la fiscal en contacto con la 730 AM.
Afirmó que hasta ahora, solo se tiene a una persona detenida, pero que esperan que caigan más dentro del esquema. Agregó que el hecho punible es de comercialización no autorizada de medicamentos y los involucrados se exponen a una expectativa de pena de hasta tres años o multa.
El gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, refirió que existe complicidad desde adentro. En este caso, indicó que colaboraron para que estos caigan, por lo que instó a los pacientes a denunciar este tipo de casos. “No es una generación espontánea, hay cómplices desde adentro, lastimosamente son compañeros nuestros y tomaron la decisión equivocada”, puntualizó.
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