La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el caso de una menor de 13 años herida con una bala perdida, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. La niña fue sometida a una cirugía craneal en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).
El jefe de Investigaciones de Amambay, Jorge Vidallet, explicó que el hecho se registró a las 1:00 aproximadamente del domingo y la Policía Nacional recién tomó conocimiento en horas de la noche. La menor fue auxiliada en el IPS de Pedro Juan Caballero y luego trasladada al Hospital Central.
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“Según el primer reporte que tenemos, aparentemente fue víctima de una bala perdida que impactó en la parte del cráneo de la nena. Nosotros nos enteramos anoche recién y aparentemente, según la versión de los padres, este hecho se registró a la 1:00 del domingo”, dijo el comisario este lunes en comunicación con la radio 780 AM.
Mencionó que no recibieron el reporte del IPS de Pedro Juan Caballero, donde la menor fue llevada primeramente y como su cuadro empezó a empeorar a causa de la bala perdida, fue trasladada al Hospital Central del IPS, en Asunción. Mediante una tomografía se comprobó que el proyectil quedó en el cráneo de la menor.
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“Nosotros no tuvimos siquiera reporte acá en el IPS por la sencilla razón de que ella llegó en estado grave, supuestamente estaba jugando y en un momento dado se cayó e impactó el objeto contra su cabeza. Como la niña no presentaba ninguna mejoría y empezaba a convulsionar, fue derivada hasta el IPS de Asunción”, agregó Vidallet.
Hasta el momento no hay mayores datos sobre lo ocurrido, pero aparentemente la menor recibió el proyectil en la cabeza tras una balacera en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Los próximos días son cruciales para la menor, a fin de determinar su evolución tras la cirugía a la que fue sometida en el IPS Central.
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Gobernanza corporativa en la previsional
- Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
El Instituto de Previsión Social (IPS) sigue afrontando una complicada situación, derivada de debilidades estructurales que ya datan de varios años atrás.
Si bien es cierto se han venido “heredando” administraciones financieras desprolijas, es necesario “dar vuelta la hoja” y abocarse de lleno a una reingeniería global que permitan encaminar su gestión económica-financiera-patrimonial por un sendero mucho mejor, viable y transparente, acorde a lo que la Administración de Empresas moderna exige de nuestras instituciones.
No es fácil derribar esquemas de trabajos desprolijos sin un norte definido, pero no cabe otra alternativa más que trabajar profesionalmente y con pragmatismo, diferenciando muy bien lo urgente de lo importante.
El Consejo de Administración, como máxima autoridad institucional, tiene la potestad que le otorga su carta orgánica de actuar en forma proactiva y sin vueltas ante situaciones anómalas que ameriten realizar los cambios necesarios, pues no resulta razonable mantener dentro de su estructura organizacional a capital humano que no muestre el profesionalismo, capacidad y visión de futuro.
Uno de los aspectos que amerit la atención y preocupación de sus directivos se refiere a la superpoblación de funcionarios, que erogan mes a mes millonarios montos en sueldos y otros beneficios, imponiéndose la racionalización de recursos que debe abarcar a todo el espectro de la estructura organizacional de la entidad.
La última promulgación de reformas dentro de su carta orgánica le ha permitido a la entidad un mayor margen de maniobrabilidad para diversificar su “abanico” de oferta de productos y servicios, perentorio y muy necesario.
Deben llevar adelante una reingeniería que les permita mantener niveles de liquidez estables para hacer frente en tiempo y forma a los gastos operativos e inversiones de capital, orientados a satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, principalmente en lo que atañe a la cobertura de salud, constituida en una de sus principales áreas críticas de riesgos a la fecha.
Enfocarse a arbitrar todos los medios y recursos disponibles para ir “saliendo” de la cantidad de inmuebles improductivos, con cuyo producido podrán realizar nuevas inversiones que les vayan generando ingresos pasivos adicionales que los precisan para fortalecer a su flujo de fondos.
Técnica y profesionalmente sería bueno que al frente del IPS esté un economista o un administrador, dado que el mayor porcentaje de sus problemas giran en torno a lo económico-financiero-patrimonial y logístico.
Dentro del área de salud deben seguir contando con un profesional médico con experiencia y trayectoria comprobada, calificado para poder gerenciar, planificar, coordinar y controlar la buena marcha del manejo sanitario a nivel país.
Debemos profesionalizar de una vez por todas a nuestra administración pública si pretendemos salir adelante, pues de lo contrario seguiremos eternamente rezagados.
La atención de la cobertura de salud de todos sus hospitales deberá seguir estando a cargo de profesionales médicos calificados, pues forma parte de la división del trabajo y de la consecución de resultados en función al know how y expertise de cada uno, con lo cual trabajando en equipo las chances de lograr mejores resultados se acrecentarían.
Su objetivo primario deberá concentrarse en darle la mayor solidez, confiabilidad y seriedad al manejo de los recursos financieros, que les reditúen buenos rendimientos orientados al fortalecimiento de los fondos de jubilación y salud, generando un flujo de fondos capaz de hacer frente en tiempo y forma a las necesidades operativas y no operativas que se van presentando.
Siguen buscando alternativas de solución en varios frentes, lo cual es bueno. pero lo objetable es que hasta ahora no hayan podido encontrar una solución tangible y sostenible en el tiempo, estructurando fuentes de repago a su endeudamiento con las industrias farmacéuticas, proveedores de medicamentos e insumos, constituidas en un eje estratégico primario para que el IPS pueda seguir funcionando y dando respuestas integrales a sus asegurados las que hasta hoy día siguen ausentes lamentablemente.
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Diputados pide informes a Salud e IPS sobre cumplimiento de Ley de Diabetes
La Cámara de Diputados aprobó sobre tablas, en su última sesión ordinaria, el proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo -Ministerio de Salud Pública.
El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Godoy y busca conocer el grado de cumplimiento de la Ley Nº 5372/2014, “De Prevención y Atención Integral a la Diabetes”.
Se refiere específicamente a la obligación de Salud Pública de garantizar el acceso al tratamiento, los medicamentos y los insumos necesarios para las personas con diabetes.
Entre los puntos consultados, el legislador solicita datos del presupuesto total asignado al Programa Nacional de Diabetes, discriminado por año y objeto de gasto (2024, 2025 y 2026), así como el monto efectivamente ejecutado en cada ejercicio fiscal y su respectivo porcentaje de ejecución.
Luego proveer además el detalle de las licitaciones públicas nacionales, contrataciones directas, convenios marco y demás procedimientos utilizados para la compra de medicamentos e insumos, junto con los mecanismos empleados para determinar las cantidades a adquirir.
Informar si durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026 hubo medicamentos o insumos adjudicados que no fueron entregados dentro del plazo contractual.
Así también se desea conocer los motivos por los cuales la Tirzepatida y la Semaglutida no forman parte actualmente de las tecnologías cubiertas por el Programa Nacional de Diabetes.
Pacientes con diabetes en el IPS
Por otro lado, se aprobó el “proyecto de resolución que pide informes al Instituto de Previsión Social (IPS)”.
El documento, también presentado por el mismo legislador colorado, solicita conocer la cantidad de asegurados diagnosticados con diabetes registrados en el seguro social y la cantidad de ellos que actualmente reciben tratamiento.
Se pide información sobre el presupuesto destinado al programa y los procedimientos de contratación realizados para la adquisición de medicamentos e insumos.
Asimismo se precisa conocer el stock actual de medicamentos e insumos para diabetes en depósitos y farmacias del IPS, con especial mención de aquellos agotados o con stock crítico.
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IPS aumenta su disponibilidad financiera tras modificar fideicomiso con Atlas
El Instituto de Previsión Social (IPS) informó a través de un comunicado que logró modificar las condiciones del fideicomiso que mantiene con Banco Atlas y redujo de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto que puede permanecer en la cuenta fiduciaria. Según la Previsional, esto permitirá disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para atender las necesidades del Fondo de Enfermedad y Maternidad.
El comunicado se divulgó a través de sus redes sociales en el que explican que esta tercera adenda al contrato de fideicomiso con el Banco Atlas representa un logro y avance importante para el IPS en términos financieros y de liquidez, al permitir una gestión más eficiente de los recursos disponibles para responder a las necesidades de sus asegurados.
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Recuerda que el fideicomiso fue constituido como un mecanismo de financiamiento de largo plazo para obras de infraestructura del Fondo de Enfermedad y Maternidad. A través de esta estructura se realizaron emisiones de títulos que permitieron obtener los recursos necesarios para financiar dichas inversiones. Como fuente de repago de los títulos emitidos, se estableció un mecanismo sustentado en las recaudaciones del propio Fondo de Enfermedad y Maternidad.
“Luego de casi nueve años desde la primera emisión, las obligaciones asumidas fueron cumplidas oportunamente y una parte importante de la deuda ya fue pagada. Esta evolución favorable permitió al IPS revisar las condiciones establecidas originalmente y plantear una adecuación que responda mejor a las necesidades actuales del Fondo de Enfermedad y Maternidad”, menciona parte del comunicado.
Agrega que como parte del funcionamiento del fideicomiso, las recaudaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad son transferidas a una cuenta administrada por Banco Atlas. De esos recursos se reserva lo necesario para cumplir con los pagos de capital e intereses de los títulos y el remanente vuelve al IPS. Hasta ahora, el contrato permitía mantener en esa cuenta hasta G. 160.000 millones.
“Como resultado de la revisión de estas condiciones y de las gestiones realizadas con Banco Atlas, la Tercera Adenda reduce de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto máximo que puede permanecer temporalmente en la cuenta fiduciaria. Este cambio no modifica las obligaciones financieras asumidas por el IPS ni el mecanismo previsto para garantizar el pago de capital e intereses, que continúan plenamente vigentes”, precisa.
Menciona que, esta modificación permitirá que el IPS pueda disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para el Fondo de Enfermedad y Maternidad. “Esto significa mayor liquidez y más recursos disponibles para atender las necesidades del Fondo, mejorar la planificación financiera y fortalecer la capacidad del Instituto para responder oportunamente a las demandas de sus asegurados”, resalta la previsional.
Revisión responsable del contrato
Remarca que esta tercera adenda es el resultado de una revisión responsable de las condiciones financieras del fideicomiso y de las gestiones impulsadas por la actual Administración para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.
“Contar con una mayor disponibilidad financiera fortalece la capacidad del IPS para sostener los servicios y prestaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad y responder a las necesidades de sus asegurados, sin dejar de cumplir los compromisos financieros asumidos”, menciona el documento.
Finalmente señalan que con esta modificación, el IPS mantiene la seguridad de la operación financiera y, al mismo tiempo, obtiene una mayor capacidad para utilizar sus recursos en beneficio de quienes sostienen y utilizan el sistema.
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Universidad paraguaya habría sido usada como fachada para estadía de miembros de PCC
La universidad del candidato a diputado federal, Aparecido Carlos Bernardo, investigado por supuestos vínculos con el Primer Comando Capital (PCC), habría sido usada como fachada por los miembros de este grupo criminal para disimular su estadía en la frontera y de esa manera realizar sus operaciones.
La universidad paraguaya, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero (capital del departamento de Amambay), seguiría perteneciendo al político brasileño.
Aparecido se hizo conocido después de que el 23 de marzo de 2021 fueran capturados 14 integrantes del PCC, quienes se encontraban en una “asamblea” en Pedro Juan. Dentro de ellos, Weslley Neres dos Santos, alias “Bebeção”, líder regional del grupo criminal en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil, usaba en esa época un carnet que lo identificaba supuestamente como estudiante de Medicina de la universidad privada perteneciente al menos en esa época a Aparecido Carlos Bernardo.
La Policía Federal (PF) y el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) de Brasil habían ejecutado de manera conjunta un operativo en una estancia ubicada en Porto Murtinho, Mato Grosso, donde se encontró varios armamentos y un grupo de trabajadores sin ningún tipo de registro laboral, entre ellos paraguayos.
La propiedad pertenece al candidato a diputado Federal, conocido como Carlos da UCP, quien es investigado por supuestos vínculos con el Primer Comando da Capital (PCC).
En la propiedad del candidato brasileño por el Partido Unión (ultraderecha), la Policía Federal encontró 14 armas de grueso calibre, y rescató a 23 trabajadores en situación análoga de esclavitud.
En una entrevista con el medio G1 admitió que las armas le pertenecían y que los trabajadores por elección propia no contaban con la cartera de trabajo (una exigencia en Brasil para los trabajadores).
De acuerdo con el informe periodístico de G1 (Brasil), el candidato a diputado Federal, arrienda en Paraguay uno de los establecimientos que era de Jarvis Chimenes Pavão, extraditado de Paraguay al Brasil en diciembre del 2017. Chimenes Pavão recibió una pena de 8 años por lavado de dinero, asociación criminal y violación de la ley de armas en el 2014, luego fue extraditado para cumplir una pena dictada en Brasil.
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