Un hombre con frondosos antecedentes fue detenido en el patio de una vivienda, en el barrio Ñu Guazú de la ciudad de Luque, por parte de personal policial que fue alertado por pobladores ayer miércoles, en horas de la tarde. Era buscado por homicidio, robo agravado y tentativa de homicidio en diversos lugares.
Los vecinos denunciaron que un desconocido se encontraba en el patio de una casa, por lo que llegaron policías de la Comisaría 3ra que se encontraban de patrulla preventiva en la zona. Entonces los agentes rodearon la propiedad hasta acorralar el lugar en caso de intento de escape.
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Finalmente el hombre fue aprehendido con un cuchillo y un serrucho en mano, luego se verificó su prontuario y se descubrió que contaba con órdenes de captura por lo que se procedió a su inmediata detención. Se trata de Édgar Francisco Medina Amarilla, de 32 años.
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Los propietarios de la vivienda no se encontraban en su interior, por lo que se decidió ingresar para poder detener al desconocido que resultó ser un hombre con frondosos antecedentes. Además se presume que habría concretado robos domiciliarios en otros sitios de la zona y quedó a disposición de la Fiscalía.
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Diputado descarta persecución contra Yd: “El único interés es aclarar el derrumbe del edificio”
El diputado Sebastián Remesowski se pronunció con respecto a las afirmaciones del intendente de Encarnación, Luis Yd, quien alega que existe una persecución política en su contra. El legislador fue contundente y enfatizó que el único interés que existe es que se aclaren los hechos relacionados al derrumbe del edificio que ocasionó el fallecimiento de una adolescente y su abuela. El hecho se había registrado en la noche del 2 de abril pasado en la ciudad de Encarnación.
“No veo que no haya otro intento de la Junta que no sea intentar expedirse y de igual manera, todos los actores políticos que tiene el departamento y que se ven afectados por la preocupación que genera una construcción que fue aprobada sin los criterios técnicos correspondientes, por eso ocurrió eso, pero de ninguna manera se puede decir que esto tiene un tinte político. Creo que es totalmente desordenada esa propuesta y hay una falta coraje para afrontar su rol”, expuso.
En contacto con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Remesowski indicó que sería una persecución si la Junta Municipal le diera la espalda, o si el gobierno central no le transfiriera los recursos que le corresponden para las inversiones, sin embargo, estos hechos no están sucediendo y lo que se hace es exigir esclarecimiento ante un hecho que tuvo un desenlace fatal.
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“Creo que la victimización y mediatización es para esquivar responsabilidades”, aseveró y a esto añadió, “ya abre un paraguas por si los informes que puedan salir del Ministerio Público, no le sean favorables entonces por eso quiere decir que es una persecución, ‘los que no están conmigo me persiguen’ y no importa si se derrumba un edificio y se muere una familia”, cuestionó.
El diputado manifestó que está en contra de que la muerte de estas dos personas sea utilizado políticamente, no obstante, manifestó que no se puede desconocer que existe una responsabilidad de parte de la municipalidad, institución que debía fiscalizar el edificio que colapsó.
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Plantean gratuidad en la expedición de antecedentes policiales y judiciales
El senador colorado Derlis Osorio presentó la propuesta que establece la gratuidad de la expedición del certificado de antecedentes policial y judicial. Actualmente, tienen un costo de G. 24.500 y G. 39.236, respectivamente.
“El presente proyecto tiene como objetivo ayudar a un gran segmento de la población que actualmente se encuentra desocupada y que se encuentra en búsqueda de trabajo. Encontrándose como condición para la postulación a cualquier vacancia de un empleo formal, acompañar a su curriculum vitae los certificados de antecedentes policial y judicial", refiere el documento.
El proyecto detalla que la expedición de ambos documentos termina transformándose en una “carga monetaria no menor”, para dicho segmento poblacional a raíz de su condición de desocupación.
“En la actualidad la expedición de los certificados de antecedentes policial y judicial se realiza de manera totalmente informatizada, pudiendo inclusive ser realizado de manera virtual, con lo cual se busca facilitar dicho trámite al ciudadano, pero manteniendo la pesada carga de los costos, lo cual hace en algunos casos de dificil acceso para aquellas personas que se encuentran en delicada situación económica y deben priorizar otros gastos prioritarios para su día a día como ser alimentación, traslado y comunicación“, indica.
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La propuesta tuvo entrada oficial el pasado 23 de abril y deberá ser girada a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Desarrollo Social para sus dictámenes y posterior tratamiento en el pleno.
“No resulta justo que el Estado a través del cobro de tasas a la población desocupada financie el funcionamiento y la expedición de certificados que contienen información contenida en bases de datos obrantes en instituciones públicas, sobre datos personales de las mismas personas solicitantes, más aun encontrándose estas en situación de vulnerabilidad económica”, puntualiza.
Agrega que: “Se convierte este tramite en un gran obstáculo o trampa para la obtención de un puesto de trabajo digno, es momento de comenzar a repensar el Estado y la forma en que este se relaciona con sus mandantes, la ciudadanía".
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Funcionarios y jubilados de IPS amplían denuncia contra autoridades de Fipsa
En la mañana de este viernes, un grupo de 40 personas, entre funcionarios y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) amplió la denuncia en contra de los representantes de la Asociación de Funcionarios y Asociados del ente previsional (Fipsa).
Los representantes de esta asociación están acusados de haber estafado supuestamente bajo un esquema de duplicación de deuda y descuento compulsivo de salarios, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal a fin de que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados.
La denuncia es sumamente grave, teniendo en cuenta que las víctimas del esquema de estafa son trabajadores y jubilados que ya han abonado la totalidad de sus deudas con la asociación, inclusive las deudas duplicadas, y aun así tienen que seguir soportando procesos judiciales con embargos de salario que le impiden cobrar la totalidad de sus salarios. Igualmente, le imposibilitan el acceso al sistema financiero para nuevos préstamos por encontrarse con demandas activas.
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Semanas atrás, cuatro personas habían presentado una denuncia contra Fipsa, por la evasión de los aportes a la seguridad social, lo que compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados habían pedido a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez.
El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.
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Denuncian a policía por violencia intrafamiliar
Una mujer, identificada como Jackelim Martínez, denunció que fue víctima de violencia intrafamiliar y teme ser agredida nuevamente por su expareja, un oficial de Policía que ya está recluido en la Agrupación Especializada. “Yo tengo temor de que él vuelva a agredirnos de vuelta porque es una persona muy agresiva. Una persona que constantemente nos agredía a mí y a mi hijo”, señaló.
La denunciante afirmó que su hijo quedó traumado tras haber presenciado las escenas de violencia intrafamiliar y que incluso se encuentra viviendo con la abuela.
“El mismo (niño) cuenta cómo le empieza a agredir José, mi ex pareja. El es personal policial que estaba en la Agrupación Especializada, salió comisionado en la Agrupación de Seguridad y está a cargo de la Comandancia”, relató a la 1080 AM.
Dijo que el hombre hace siete meses está preso en la Agrupación Especializada, tras una serie de denuncias formuladas en su contra.
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Según la denunciante, existiría una maniobra desde el Ministerio Público para liberar al policía. “Ahora le está queriendo sacar otra vez el fiscal y yo le había dicho si espera que yo sea víctima de feminicidio para que puedan actuar y para que se pueda hacer justicia. Yo puedo hablar ahora y no quiero ser parte del feminicidio. El me había dicho que le va a matar a su hijo, me va a matar a mí y que se va a suicidar porque ya no tiene nada que perder”, subrayó.
La preocupación de la joven madre es que suexpareja recupere su libertad y que aproveche esa situación para agredirla e inclusive atentar contra su vida. “En un audio le dijo a su mamá que va a pagar nomás a la jueza y que al fiscal ya le pagó y que va a volver a pagar, porque la justicia quiere plata nomás. Entonces, si no tenés plata te morís. Esa es nuestra justicia”, lamentó.
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